El tribunal subordinado*

Publicado el 11 de octubre de 2011

John M. Ackerman, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

La anulación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las nuevas disposiciones en materia de transmisión de espots electorales deja al Instituto Federal Electoral (IFE) en estado de extrema vulnerabilidad ante los embates mediáticos presentes y futuros. En lugar de hacer frente común con el IFE para defender de manera conjunta la institucionalidad democrática, los magistrados han tomado el lado de los poderes fácticos. La verdadera perdedora, como siempre, es la ciudadanía.

La sentencia dictada por el TEPJF el pasado 14 de septiembre anula las reformas al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, aprobadas por el IFE el 27 de junio, que reducían los plazos para la transmisión de los espots de los partidos políticos de cinco a tres días. Estas reformas se hicieron con el fin de facilitar un debate público más dinámico y robusto entre los diversos partidos y candidatos durante las campañas electorales de 2012.

Las modificaciones se justifican plenamente por la necesidad de adecuar el reglamento a las exigencias de una campaña presidencial que presenta una coyuntura radicalmente diferente a la de una elección intermedia, como la de 2009, que únicamente renovó la Cámara de Diputados a escala federal. Los cambios también encuentran respaldo en el artículo sexto constitucional, que garantiza nuestro derecho de acceso a la información, así como en el artículo 41 de la Carta Magna, que señala que el IFE es la autoridad única para la administración de los tiempos del Estado en materia electoral.

Pero en lugar de privilegiar los derechos de los ciudadanos, los magistrados del TEPJF prefieren defender los privilegios de los potentados. Anulan las modificaciones del IFE porque supuestamente la autoridad no hizo las consultas necesarias a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ni ofreció suficientes argumentos técnicos para justificar la modificación de los plazos. Sin embargo, a la CIRT no le exigen ningún argumento técnico que demuestre la supuesta imposibilidad de cumplir con el nuevo procedimiento. Tampoco toman en cuenta que la cámara empresarial dejó pasar 11 meses de debate sobre la nueva reglamentación sin haber emitido opinión formal alguna.

En su sentencia, el TEPJF coloca absolutamente toda la carga de la prueba en manos del IFE e impone una serie de criterios tendenciosos que deberían regir la nueva consulta que tendrían que realizar los consejeros electorales. Por ejemplo, exige que el IFE base cualquier modificación, no en las necesidades futuras, sino en la experiencia pasada con la transmisión de los espots electorales. También mandata que la justificación sea estrictamente técnica y no dogmática. Es decir, se deben privilegiar los argumentos de las radiodifusoras y televisoras sobre la factibilidad de los plazos por encima de consideraciones más amplias sobre la calidad de la democracia o la vigencia de nuestras garantías ciudadanas.

La decisión del TEPJF favorece a los medios de comunicación porque privilegia el status quo y da mayor importancia a la opinión de los empresarios afectados que a las necesidades de la ciudadanía. Una autoridad electoral realmente comprometida con la democracia y los derechos ciudadanos procedería precisamente en sentido contrario. Partiría de una valoración de las condiciones especiales que se presentarán el año que entra durante la primera elección presidencial que se efectuará de acuerdo con las nuevas reglas de comunicación. También privilegiaría la opinión de los ciudadanos por encima de los intereses de las principales empresas oligopólicas de los medios electrónicos.

Pero quizás lo más grave es que, tanto en su sentencia como durante la sesión pública, los magistrados hacen eco de manera explícita del chantaje de la CIRT respecto del posible incumplimiento masivo de las pautas publicitarias y su amenaza explícita de poner en riesgo la validez de las elecciones presidenciales de 2012. La magistrada María del Carmen Alanís declaró que, de haber avalado el nuevo reglamento del IFE, incluso se podría llegar a una no deseable obstaculización de la oportuna difusión de mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. La sentencia habla de evitar medidas irracionales y el consecuente entorpecimiento u obstaculización de la oportuna y adecuada difusión de los promocionales. Con tal de no levantar la ira de los concesionarios de los medios electrónicos, los magistrados electorales prefieren darles un lugar de privilegio en la confección de las reglas del juego.

En lugar de responder al chantaje con una inquebrantable defensa de la legalidad y el Estado de derecho, los magistrados aceptan su papel de meros empleados de los poderes fácticos del país. Recordemos que en la misma sesión del pasado 14 de septiembre, el TEPJF también dio carpetazo a todas las irregularidades de la pasada elección para gobernador del estado de México. Con decisiones como éstas queda claro una vez más quién manda y quién obedece en materia electoral en el país.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en La Jornada, el 19 de septiembre de 2011

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