Políticos enfermos*

Publicado el 15 de marzo de 2013

César Astudillo
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
cesar@unam.mx

El reciente deceso del presidente de Venezuela, antes incluso de que pudiera jurar el cargo por tercera vez consecutiva, y la abrupta separación del cargo del gobernador del Estado de Michoacán, ponen delante de nosotros, de la manera más cruda posible, un problema al que no es ajena ninguna persona, pero cuyo tratamiento alcanza una notable distinción dependiendo de si nos encontramos ante ciudadanos comunes o personas públicas que ostentan cargos de representación política.

El derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales brindan a los ciudadanos la seguridad de que la información concerniente a su estado de salud pertenece a la órbita de los privado y que, en consecuencia, tendrá un tratamiento confidencial que únicamente
podrá ser revocado, y volverse público, si existe consentimiento expreso de su titular. La fuerza de dichas prerrogativas impide a cualquier instancia pública e, incluso privada -como los hospitales particulares, por ejemplo- divulgar cualquier referencia vinculada con la salud de las personas, lo cual nos otorga la posibilidad de tener el control sobre la divulgación o confidencialidad de nuestro estado físico y psíquico.

La exposición pública de los políticos profesionales conduce a que frente a ellos los derechos enunciados se relativicen y tengan un grado de protección menor respecto a los ciudadanos comunes. Ello permite que la información sobre sus condiciones de salud pueda ser conocida y sometida al escrutinio público para que los ciudadanos puedan calificar de antemano las aptitudes y capacidades físicas y psíquicas de quienes pretenden gobernarles. Si esto es así de forma general, es necesario subrayar que el ámbito temporal en el que estos derechos gozan de la menor protección es en el de las campañas electorales, sencillamente porque representa el espacio de mayor ensanchamiento de la libertad de expresión y del derecho a la información para propiciar la socialización de la mayor cantidad de información y hacer que los electores exterioricen su sufragio de manera consciente y plenamente informada.

No existe, no obstante, norma alguna que obligue a los candidatos a demostrar su estado de salud previo a los comicios o a publicitarlos una vez en el gobierno. En consecuencia, hacerlos del conocimiento público representa un acto de honestidad personal y responsabilidad pública de los políticos frente a sus electores.

Cuando no se tiene el valor de asumir una conducta a la que obliga el principio de transparencia de la actividad pública, no puede sino afirmarse que el político acomete al engaño de la ciudadanía, buscando ocultar su opacidad y falta de responsabilidad mediante la reserva de la información, el secreto de estado o en última instancia la mentira.

Me pregunto si los venezolanos hubieran renovado su voto por Hugo Chávez de saber previamente su verdadero estado de salud; si la exposición de su estado físico y emocional habría sido un elemento determinante para modificar el resultado electoral, o si la certeza de la gravedad del cáncer que padeció los habrías conducido a una decisión diferente.

Soy un convencido de que los ciudadanos tienen derecho a conocer cualquier dato que pueda condicionar la capacidad de gobernar de una persona. Pero me persuade igualmente el hecho de que su condición de personas públicas no elimina por completo el goce de sus derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.

La dificultad de establecer una regulación jurídica sobre el particular conduce a apelar a la madurez y responsabilidad pública de los políticos y los medios de comunicación para lograr salidas de equilibrio que permitan acceder a información sensible cuando el interés público lo demande, pero que mantengan dosis aceptables de privacidad en su favor para darles la consideración de personas, antes que de políticos.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en  El Universal, el 8 de marzo de 2013

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