UNÁMonos  …

Publicado el 23 de abril de 2013

Edgar Corzo Sosa
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@ecorzos
edgar.corzos@hotmail.com

Al día de hoy, martes 23 de abril de 2013, siguen tomadas las instalaciones de la Rectoría de la UNAM por un grupo de personas “sin rostro”. Su actitud vandálica y sin sentido está lacerando, minuto a minuto, la libertad de todos los universitarios, de toda la sociedad.

Hay que dejar claro que los actos de violencia realizados son rechazados por la sociedad. Ninguna disconformidad, por más urgente que sea, puede tener como punto de partida la violencia y mucho menos la comisión de delitos. La manera de manifestar sus ideas los ha desacreditado por completo. A nadie se le puede permitir que destruya sin respeto alguno y después pretenda sentarse a negociar.

Invito a los “sin rostro” a que imaginen la siguiente situación. Un grupo de jóvenes de su colonia, a quienes han recibido en varias ocasiones en su casa e incluso han invitado a comer, llegaron pateando y rompiendo los cristales de su morada y después, como si nada hubiera pasado, quieren sentarse tranquilos a comer y a dialogar con ustedes con la intención de que el último acto vandálico que aquéllos cometieron, en que lesionaron a dos hermanos que habitan en la casa, no repercuta en su contra. Si los “sin rostro” logran imaginar esto, entonces sentirán lo que estamos viviendo los universitarios y la sociedad en general: incomprensión, indignación, injusticia y desprestigio institucional.

¿Y qué hacer? Ni duda cabe que mientras no se entreguen las instalaciones no hay motivo para entablar diálogo alguno. Por ello, respaldamos la determinación del Rector en el sentido de no entablar ningún tipo de comunicación mientras no entreguen las instalaciones; determinación que han hecho suya los universitarios y la sociedad. El mensaje es claro: nunca la violencia puede ser moneda de cambio.

Debe quedar claro que entablar una comunicación no significa “negociar”, ya que no puede ser materia de negociación las expulsiones de que fueron objeto algunos de los “encapuchados”, sobre todo después de haberse seguido un procedimiento contradictorio en el que participaron por haber cometido otros actos vandálicos, lo que pone en evidencia que son reincidentes y eso agrava todavía más su actuar. La aplicación de la ley o de la Constitución no se negocia, no en un Estado de Derecho.

No hay que olvidar, sin embargo, que los “sin rostro” ya dañaron la propiedad universitaria y que se están apropiando indebidamente de una propiedad que no es suya sino de la sociedad en general e inclusive es patrimonio cultural de la humanidad. Por tanto, al estar cometiendo delitos federales las autoridades universitarias hicieron bien en presentar las denuncias correspondientes. No hay ningún argumento alguno que justifique su actuar. Ni la intervención de instancias financieras internacionales, ni la supuesta privatización de la Universidad ni la invocación a una autonomía universitaria malentendida. Sólo son pretextos que lo único que evidencian es lo arbitrario de su actuar.

La Torre de Rectoría no puede estar ni un minuto más como rehén de unos delincuentes que lo único que quieren es que se les exculpe de todas sus fechorías. El tiempo prácticamente se ha agotado. Si en breve lapso continúa la sinrazón de los “sin rostro” no queda otro remedio que recuperar las instalaciones utilizando la fuerza pública. Ésta no es una solución deseada pero si necesaria. La fuerza pública es una medida extrema válida porque está reconocida por el derecho. Las autoridades universitarias han agotado todos los medios que están a su alcance, por lo que ahora corresponde intervenir a la Procuraduría General de la República recurriendo a la fuerza pública.

Es muy importante que llegados al uso de la fuerza pública las acciones a realizar se enmarquen escrupulosamente en la ley, y es de vital importancia que se respeten los derechos humanos, por tal razón resulta necesario convocar a los órganos que tienen por tarea la defensa de los derechos humanos para que estén presentes. Así no habrá excesos y en caso de darse se contará con los elementos probatorios necesarios para proceder contra quien haya hecho mal uso de la fuerza.

Entregadas las instalaciones, si los “sin rostro” están en desacuerdo por la expulsión de algunos de sus compañeros del CCH o la de ellos mismos, entonces podrán acudir a las vías previstas para manifestar su contradicción, pero vías que deben ser pacíficas y conforme a lo establecido en las leyes.

En la medida que el actuar de los “encapuchados” se apegue a lo que la sociedad y las leyes exigen, en esa medida puede lograrse un entendimiento universitario que mantenga la vida universitaria en armonía.  Los “sin rostro” no tienen mucho margen de acción. El oxígeno se les está acabando y mientras tanto vale la pena reiterar: UNÁMonos todavía más los universitarios y la sociedad para no dejar ni un resquicio a la sin razón de unos cuantos.

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