Michoacán: crimen de Estado*

Publicado el 14 de mayo de 2013

Ernesto Villanueva
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@evillanuevamx
evillanueva99@yahoo.com
www.ernestovillanueva.blogspot.com

Hasta hace poco pensaba que el crimen organizado y el narcotráfico eran el principal problema de seguridad e ingobernabilidad en Michoacán. Hoy, tras reunirme con víctimas de desaparición forzada en Morelia y verificar los documentos de los que tengo copia, me queda la convicción de que existe crimen de Estado, por orden u omisión del gobernador interino Jesús Reyna, como también pasó con Leonel Godoy en otra modalidad, aunque en este caso sin visible relación con el crimen organizado. Me quedé sin palabras al ver niños huérfanos, viudas e hijas a quienes une un lazo común: el agravio del Estado contra su integridad personal y la de los suyos. ¿Qué decir cuando las fuerzas del orden a las que paga la sociedad para garantizar la seguridad son los autores de torturas, muertes, desapariciones, amenazas sin que pase nada? De la cúspide a la base, la comisión de delitos está viva. Revisemos sólo dos casos emblemáticos de lo señalado.

Primero. Laura Orozco Medina, ahora una joven abogada, habitante de Nuevo Zirosto, perteneciente al municipio de Uruapan, tenía hasta hace algunos años el sueño de ayudar a su padre en los negocios. Actualmente lo hace en circunstancias muy distintas. Al hablar con ella, me sorprenden su aplomo y su deseo de continuar una cruzada para pedir justicia porque las fuerzas del orden, incluidos militares, policías ministeriales y municipales, así como agentes del Ministerio Público, le quitaron de tajo todos sus sueños. El 20 de diciembre del 2007, un grupo de militares acompañados de policías ministeriales, sin orden de cateo ni de aprehensión, intentaron extorsionar a su padre. Al no ceder, le robaron la casa, le sustrajeron un auto y se llevaron a José Iván Orozco Medina –hermano de Laura–, a quien trasladaron al retén militar ubicado entre Peribán y Copetiro, le tomaron unas fotos y lo dejaron ir para regresar por él acusándolo de portación de armas exclusivas del Ejército y drogas.

Cinco años después, el licenciado Marcelino Ángel Ramírez, juez octavo de Distrito, otorgó a José Iván la libertad absolutoria, conforme al oficio 2604, expediente 32725/2007. Esto pone de manifiesto que le fueron “sembradas” las drogas y las armas, con lo que de entrada perdió cinco años de su vida. La insistencia en exigir justicia ante las autoridades competentes provocó la desaparición forzada del padre de Laura, Leonel Orozco Ortiz, así como de Leonel Orozco Medina y Moisés Orozco Medina, cuyo paradero aún se desconoce. La carta enviada al procurador del estado, Plácido Torres Medina, y las solicitudes de audiencia, jamás fueron respondidas. Hoy Laura, como abogada, ayuda a buscar a su padre y a sus hermanos. Para mayor desgracia, sus tierras, que habían permanecido en custodia de sus tíos, les fueron quitadas, aprovechando que en estas zonas no se acostumbra inscribir los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, de modo que la compraventa se hace a través de contratos privados, lo que genera que muchas propiedades estén en la incertidumbre jurídica.

La distinguida jurista Susana Thalía Pedroza de la Llave, entonces segunda visitadora de la CNDH, emitió la recomendación CNDH/2/2008/217/Q dirigida al gobernador Leonel Godoy. Jamás obtuvo respuesta, y tampoco ha dicho nada Jesús Reyna. A raíz de esa misma recomendación, la Sedena abrió la averiguación previa 21ZM/35/2008/ESP. ¿No son suficientes cinco años para que el procurador de Justicia Militar, general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, haya tenido avances y hechos públicos para demostrar que la justicia militar actúa?

Segundo. Diana Yalith de la Sierra García es otro ejemplo muy claro de cómo las fuerzas del orden del gobierno del estado de Michoacán constituyen, en su mayoría, parte del crimen organizado, que no está afuera, sino dentro, y cobrando en la nómina con el dinero de usted y el mío. El 25 de julio de 2012 David Silva García fue privado de su libertad, sin ninguna orden de aprehensión ni de presentación, por los tripulantes de las patrullas de la PGJE 608, 547, 310, 315 y 025 del Grupo de Operaciones Especiales. Hasta la fecha no se sabe de su paradero, y se trata de otro caso de desaparición forzada con la aparente aquiescencia del procurador Plácido Torres Pineda, quien se negó a recibir a Diana Yalith, acaso por formar parte de ese gran universo de personas anónimas que tienen derechos sólo de manera formal.

Por el contrario, la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública del estado se han convertido en origen de amenazas, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones forzadas de cientos de personas, según la lista separada de los “levantones” del crimen organizado externo (por llamarlo de alguna manera) preparada por el Cofaddem –una asociación de víctimas de desaparición forzada de Michoacán. Por eso Diana Yalith quedó sola a cargo de sus tres hijos pequeños sin el apoyo paterno.

Tercero. La invisibilidad de estas personas de a pie y el silencio de la sociedad por temor a represalias son caldo de cultivo de este infeliz fenómeno, que se reproduce erosionando la convivencia social. El arribo de Jesús Reyna como gobernador ha complicado las cosas, pues aumentan las zonas donde casi nadie está a salvo. Reyna fue subprocurador y procurador de justicia y conoce de primera mano estas fuentes de ingresos no auditables. Si lo anterior fuera poco, la PGJE y la SSP hacen campañas en torno a la existencia del “crimen organizado”, que pone “narcomantas”, como estrategia para provocar un clima de pánico social. No es posible saber cuáles son efectivamente de los cárteles y cuántas de la propia PGJE y de la SPP para generar cortinas de humo con el fin de obtener recursos adicionales de la Federación “para combatir el crimen”.

En efecto, se trata del programa Subsemun (Subsidio para la Seguridad en los Municipios), que se maneja en la más absoluta opacidad “por seguridad”. Con ello se hace posible la lógica del más increíble absurdo: por cada oveja cuya integridad es cuidada por los coyotes, más dinero reciben del Subsemun.

Este incentivo perverso debe desaparecer por el bien de todos.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Proceso, el 11 de mayo de 2013

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