Reforma electoral duradera*

Publicado el 17 de junio de 2013

César Astudillo
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@AstudilloCesar
cesar@unam.mx

Ninguna democracia puede presumir haber realizado una reforma electoral definitiva. Menos una como la mexicana que ha hecho transitar su sistema político por el sendero de la reforma electoral. Imposible pensar entonces en una reforma definitiva, pero imprescindible sostener las bondades de una reforma duradera.

Un cambio, para ser duradero, debe tener la capacidad de ensamblar las exigencias de una reforma electoral integral con las necesidades de una reforma política de gran calado, porque sólo mediante una adecuada articulación entre ambas podrán sentarse las bases de una gobernabilidad democrática proclive a convertir la pluralidad política en gobiernos legítimos, y a inyectar eficacia a la toma de decisiones, la confección de políticas públicas y la concreción de una agenda legislativa.

Por ende, más que una lista de ajustes menores debemos pensar seriamente en la necesidad de una cuarta generación de reformas político-electorales dirigidas al sostenimiento de un entramado institucional de largo aliento que escape de las coyunturas y vicisitudes de las últimas elecciones y de las visiones cortoplacistas, y ponga en el centro del debate modificaciones que pasan inicialmente por lo electoral, pero que enseñan la totalidad de sus implicaciones cuando generan sus efectos prácticos sobre la dinámica gubernamental. Ni qué decir tiene que la segunda vuelta para la elección presidencial, la reelección legislativa y de alcaldes, la calificación de la elección presidencial, la fecha de investidura presidencial, entre otras, se adscriben a esta tipología de reformas en favor de la gobernabilidad.  

En esta lógica, más que proponer la reducción del financiamiento público, debemos reflexionar sobre la vigencia del modelo de financiamiento para advertir si es todavía justificado un arreglo basado en la preponderancia de los recursos públicos, o si es momento de dejar que quienes financien en mayor medida las elecciones sean los militantes y simpatizantes. Más que ajustar el modelo de fiscalización es necesario repensar si estamos satisfechos con un esquema de revisión posterior, o si debemos transitar hacia un sistema de contabilidad simultánea de los partidos que permita dar seguimiento en tiempo real a sus activos, pasivos, gastos y deudas.

Más que flexibilizar el manejo de los spots electorales, realicemos un diagnóstico certero sobre el modelo de comunicación político-electoral para advertir el comportamiento de los principales sujetos implicados, la pertinencia del spot para auspiciar una comunicación fluida entre actores políticos y ciudadanos, la forma de generar debates más amplios y de mejor calidad, y los correctivos para eliminar las derivaciones negativas del modelo, principalmente las que provienen de un mercado negro de la comunicación que persiste en la emisión de mensajes electorales camuflados de cobertura noticiosa.

Más que auspiciar la cerrazón y la opacidad de los partidos políticos, deberíamos reflexionar si en los últimos 35 años hemos sido capaces de construir un sistema de partidos competitivo y vigoroso, o si, por el contrario, su consolidación, apertura, transparencia y compromiso democrático requiere relanzarse inexorablemente a partir de una renovada Ley de partidos.

Más que considerar a los ciudadanos actores secundarios del escenario público,  necesitamos repensar cuál es el papel que éstos deben jugar en el proceso de toma de decisiones colectivas, cuál es el margen de acción de sus derechos políticos ahora que podrán postularse como candidatos independientes, y en qué medida esa renovada presencia pública puede ayudar a vivificar y oxigenar las paredes de nuestro edificio democrático.

Finalmente, más que pensar en extinguir a las autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales y persecutoras del delito de los estados, debemos advertir cuáles son las fortalezas y debilidades de un modelo electoral cuya descentralización y características actuales datan de 1946 y 1996 respectivamente, y cuáles las adecuaciones urgentes para asegurar su independencia respecto a los ejecutivos estatales, para garantizar el profesionalismo de sus actuaciones y para incrementar el nivel de responsabilidades ante conductas permisivas o deshonestas.

La reforma no será duradera mientras no completemos los pendientes de las reformas de 2007 y 2012, que tienen en suspenso la ley del derecho de réplica, la ley de propaganda gubernamental, la de participación ciudadana y la reforma conducente de las candidaturas independientes.

La labor es ardua, pero si no actuamos con presteza, decisión y altura de miras caeremos en una reforma de mínimos que, por su propia naturaleza será meramente coyuntural, y que postergará de nuevo una reforma auténticamente duradera en beneficio de la salud de nuestro sistema democrático.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en  El Universal, el 16 de junio de 2013

Enlaces de Referencia

  • Por el momento, no existen enlaces de referencia