La igualdad (posible) ante la ley*

Publicado el 13 de enero de 2014

Miguel Carbonell
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@miguelcarbonell
www.miguelcarbonell.com

La imputación de la Infanta Cristina de Borbón, hija del Rey de España, supone un nuevo frente abierto para la ya de por sí abrumada Monarquía española, pero representa a la vez una victoria del Estado de derecho, en la medida en que un juez pudo sentar en el banquillo de los acusados a una persona que pertenece a un estamento social que hasta hace poco se consideraba intocable.

Desde luego, a la Infanta le asiste la presunción de inocencia y lo que hizo el juez de la causa fue señalarla como “probable” responsable de haber cometido un delito de lavado de dinero y otro de naturaleza fiscal. Eso no la hace culpable, sino que simplemente indica que tendrá que declarar y que será sometida a un juicio, en el que tendrá plenamente reconocido su derecho a defenderse. Puede incluso promover un recurso contra el auto del juez José Castro que eventualmente podría evitarle incluso el tener que declarar, pero de momento se trata del primer miembro de la Casa Real que ha sido imputado penalmente en la historia democrática de España.

Uno no puede dejar de imaginar qué hubiera pasado en un caso semejante, si se hubiera producido en América Latina. ¿Se imaginan a un Ministerio Público consignando penalmente al hijo de cualquier Presidente mientras está en el ejercicio del cargo?

Lo más parecido que hemos visto en México fue el proceso penal que tuvo que enfrentar Raúl Salinas de Gortari, pero incluso ese caso pareció más una venganza política que una estricta aplicación de la ley (de hecho, los jueces terminaron absolviendo a Raúl Salinas de varios de los delitos por los que se le había acusado).

¿Porqué en México tenemos –en los hechos- una “casta” de intocables, al menos desde el punto de vista penal?

La lección que envía el procesamiento de la Infanta Cristina es que, si queremos que la ley se aplique a todos por igual –incluso en un sistema monárquico en el que ciertos privilegios se “heredan” por vía dinástica-, debemos garantizar que los órganos encargados de hacer las investigaciones y acusar formalmente a una persona deben ser independientes y autónomos respecto al poder político.

Ningún subordinado jerárquico del Presidente de la República o del gobernador de alguna entidad federativa cometería la tontería de acusar penalmente al hijo o hija de su jefe. Antes de que lo hiciera o al minuto siguiente ya estaría de patitas en la calle.

La falta de autonomía del Ministerio Público es un elemento que garantiza la impunidad para familiares y amigos de políticos, así como para los miembros más importantes del partido en el poder. El control de la acción penal por parte de los políticos es una especie de “cinturón de seguridad” para ellos y sus personas cercanas, que los convierte en sujetos no imputables penalmente. La historia reciente del país lo confirma con abundancia de ejemplos.

Ya que eso es precisamente lo que ha sucedido durante muchos años en México, varios constitucionalistas de gran prestigio, como Héctor Fix Zamudio, han advertido sobre la necesidad de dotar de autonomía al Ministerio Público y asegurar para sus integrantes una especie de servicio civil de carrera (una “carrera ministerial” parecida a la carrera judicial que protege el trabajo de los jueces y los hace autónomos –al menos de manera formal- frente a los poderes políticos).

En México ha habido varios intentos y propuestas para lograr dicha autonomía, pero ninguno de ellos ha prosperado. Hasta el día de hoy, todavía el titular de la PGR es nombrado por el Presidente de la República y debe contar con la aprobación del Senado; el Presidente lo puede remover libremente, lo que en los hechos significa que es su empleado. En la práctica el Senado no ha ejercido nunca su poder de veto y por eso han llegado a la PGR sujetos verdaderamente impresentables, alguno de los cuales incluso contaba con serias denuncias por violaciones derechos humanos.

Nuestro sistema penal, si quiere contar con un mínimo de credibilidad y si le importa preservar la igualdad ante la ley de todas las personas, debe asegurar condiciones institucionales de autonomía para quienes investigan los delitos y separar esa función del ámbito político y de los partidos. Eso lo que han hecho muchos países y es precisamente eso lo que permite que incluso personas de una de las Monarquías más reconocidas tengan que enfrentar a la ley y responder ante los tribunales. De eso trata el Estado de derecho, ni más ni menos.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en www.adnpolitico.com, el 8 de enero de 2014

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