¿Machismo disfrazado en BCS?*

Publicado el 26 de enero de 2014

Leticia Bonifaz Alfonzo
Profesora-investigadora del CIDE
leticia.bonifaz@cide.edu

Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, empresario y agricultor oriundo de Jalisco, gobernó el municipio de Comondú en Baja California Sur por parte del PRD y se convirtió en adherente del PAN para competir por la gubernatura de ese Estado. Triunfó en  las elecciones en el 2011, y en días pasados llamó  la atención por el veto a las reformas en materia de feminicidio que aprobó en noviembre pasado, por unanimidad, el Congreso local. Las razones por las que formuló observaciones no se han dado a conocer hasta ahora. El Estado se mantenía rezagado en este tema y finalmente mostraba avances tres años después de que se iniciara en todo el país un proceso de redefinición de los tipos penales. Como se sabe, el inefable y doloroso caso de las muertas de Juárez generó todo un movimiento social que encontró traducción jurídica a partir de trabajo político y sensibilización de grupos de mujeres en cada una de las entidades federativas. Esto, aunado a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2009, por el caso conocido como “campo algodonero”, pidió al Estado mexicano realizar diversas acciones orientadas a combatir la violencia  por razones de género tanto en el Estado de Chihuahua como  a nivel federal.

Los Estados y la Federación comenzaron a expedir leyes para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a  realizar los ajustes correspondientes en los Códigos Penales. En todos los casos hubo resistencia mayor o menor de personas que no comparten la idea del trato diferenciado a las mujeres para darles en consecuencia mayor protección. Desde el  lenguaje usado, se expresa en contra  el argumento letrista de que si homicidio es privar de la vida a otro, en ese otro está comprendida la mujer. Pero Ciudad Juárez nos mostró que lo que teníamos  enfrente  no eran simples homicidios, sino casos de mujeres a las que privan de la vida por el hecho de ser mujeres, sin importar el nombre, la edad, la condición social o las creencias. Lo determinante es el género. Los focos rojos se encendieron en otras zonas del país. El  tipo penal autónomo que se incluyó en las diversas legislaciones refleja lo que se mantiene constante en esos hechos violentos: la existencia de: signos de violencia sexual de cualquier tipo; lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida; datos de amenazas, acoso, violencia o lesiones, o que el cuerpo de la víctima es expuesto depositado o arrojado en un lugar público, entre otros.

Estos elementos estaban previstos en la iniciativa de 2013 de la fracción parlamentaria del PRI, que tomó como antecedente la de 2011 de la fracción parlamentaria del PRD. Se proponía, entre otros, la adición de un artículo que contiene el tipo denominado “homicidio agravado por feminicidio” Están documentadas reuniones del gobernador a mediados del año pasado con los distintos actores, habiendo manifestado que aun cuando en el Estado no existen casos alarmantes de feminicidios se trabajaba en los tres poderes de la mano con la sociedad de manera preventiva para que los índices no se incrementaran. Sin embargo, para sorpresa de los propios legisladores, el gobernador regresó el texto, en vez de proceder a su promulgación. ¿Qué pasó? ¿Tendrá el gobernador sólidos argumentos jurídicos para el veto? ¿O está anteponiendo ideologías y posturas personales en torno al fenómeno? ¿Aflora un machismo disfrazado?

No sólo la sociedad sudcaliforniana, sino todas las mujeres y hombres de México preocupados por este lacerante tema quedamos a la espera de una explicación puntual y convincente. Habrá que ver también la reacción del Congreso, ya que si este no acepta las observaciones, el dictamen regresará al Ejecutivo sin posibilidad de un nuevo veto.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización de la autora, publicado en El Universal, el 25 de enero de 2014

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