¿JUSTICIA?

Publicado el 27 de enero de 2014

Argenis Alejandro de León Alarcón
Estudiante del “Programa de Educación Superior en Centros de Readaptación Social” (PESCER) de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
argenispescer@gmail.com

De justicia hablan los reyes y los presidentes inseguros que necesitan
legitimarse ante la plebe.

Oscar de la Borbolla

Por no contar con ideales propios, y por sentirse más como simple administradores, que ser verdaderos líderes, los gobernantes mexicanos, quienes llegan al poder por cuotas partidistas e intereses particulares, han caído en una crisis de descrédito social, pues únicamente se han encargado de cargar a los ciudadanos con responsabilidades que son de ellos nada más; y es obvio que han abandonado el bien común, marginando los intereses sociales, pero elevando las sanciones penales, utilizando al Poder Judicial para recluir a los ciudadanos que elevan la voz y reclaman. En la Ciudad de México, somos muchos los presuntos culpables.

A raíz de los fraudes electorales, la ambición de políticos por el poder cambian de partido político que les ofrezca “el hueso” y la falta de ideales propios, los gobernantes y sus funcionarios públicos demuestran una gran incapacidad por cumplir con el fin principal del Estado, como lo dijo Juan Jacobo Rousseau en “El Contrato”: velar por el bien común.

El gobernante llega al poder para cumplir con sus compromisos, pero no con la ciudadanía, no con la mayoría social, sino con quienes aportaron dinero para comprar voluntades, para acarrear gente y para comprar sus votos.

Parece que en algún momento se hablaba de partidos de derecha y de izquierda, debatían los candidatos de izquierda y de derecha para exponer sus ideales; hoy día tenemos otros partidos políticos e ideales de centro-izquierda y centro-derecha, como si se estuviera hablando de derecho que se dirige a la izquierda, o viceversa, de izquierda a derecha, Lo que sí es un hecho es que los intereses de los representantes populares ya no son los de la sociedad, porque tienen que recuperar las cuotas con las que llegaron al poder, sin importar que para ello tengan que sacrificar el cien común, pues los intereses de los dueños de esos dineros son muy altos que se tienen que pagar con el erario público.

Así tenemos un margen muy reducido de acción de nuestros representantes para cumplirle a su sociedad a la que sacrifica, restándole los recursos para garantizarle los Derechos Humanos mínimos como a la salud, vivienda, trabajo, educación y alimentación, atentando contra las propias Garantías Individuales a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la justicia.

En esta tesitura, tenemos una injusticia social, y el pueblo se organiza y se manifiesta, exige sus derechos, sus garantías, haciendo uso de lo preceptuado en el Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No todos tenemos las mismas oportunidades, es desigualdad; hay desempleo y problemas en la familia ante la falta de oportunidades para los hijos; los jóvenes aprenden a robar y atentan contra la misma sociedad a la que pertenecen, a esta sociedad, la cual no ha sabido defender los derechos y las garantías que nos dio la gente que sacrificó hasta la propia vida.

Surge el descontento social, surgen diferentes organizaciones sociales que cada una por separado pelea por sus propios propósitos, con sus razones e ideales. Llega un momento en el que las organizaciones se identifican y se unen para pelear juntas. El gobierno al estar rebasado, elabora discursos como el de “Estado de Derecho”, y el derecho de tránsito, el derecho de los que trabaja y llegan tarde, defiende el derecho de vivir en paz, y ¿por qué no? el derecho de exigir sus derechos sin afectar otros derechos.

Los discursos ya no convencen, intentan dividir a la sociedad ya confrontarla entre sí. Para esto, el gobierno tiene el control del cuarto “Poder” (los medios de comunicación), repitiendo incansablemente, las mentiras las hace verdades: “tenemos derecho de ir a trabajar y que no nos encontremos con manifestaciones de vándalo, anarquistas, pseudo profesores y personas que no tienen más que hacer, pero que ocasionan que nos retrasemos y que nos corran de nuestros trabajos.” Tal vez lo consigue, el gobierno divide y confronta a la sociedad, la filtra y la provoca, la sociedad defiende; pero atenta contra el Estado de Derecho.

En este contexto ya no se diferencian gobiernos de izquierda o de derecha, todos deben y están obligados a mantener el Estado de Derecho. Bajo este argumento, se elevan las penas, se tipifican nuevos delitos, se criminalizan las manifestaciones, como si no tuviera el pueblo “… en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” Así el gobierno cumple con su deber y el pueblo no, por lo tanto hay que reprimirlo.

Funcionarios y servidores públicos deficientes para cumplir con el fin del Estado que debe estar basado en la buena fe; no obstante, eficientes para atender las peticiones de sus superiores, aunque vayan contra los derechos humanos y sus garantías individuales, pues órdenes son órdenes: “Te revelas … a la cárcel.”

Ante tal situación hay que contener a la sociedad, hay que construir más reclusorios donde se pueda tener o retener, hay que aprehender a los grupos y remitirlos a las cárceles, al fin y al cabo ahí son más productivos porque tienen que pagar lista, cambios de estancia, candados (apertura de puerta), les podemos vender las constancias que necesitan de cursos para obtener beneficio, tienen que pagar las llamadas telefónicas que encuentran concesionadas (pero que el dueño de TELMEX imparte un curso de calores “ASUME”); de igual forma las familias también pagarán por casi todo cuando vayan a visitar al que está preso. Una “caja chica” que el gobierno tiene a través del sistema penitenciario, dinero que seguramente necesita para las siguientes campañas electorales; no importa que los internos de quejen o lo hagan público, no pasa nada, al fin y al cabo ya todos lo saben, es un secreto a voces.

Para mantener este régimen de gobiernos corruptos y de instituciones corruptas, que garantizan todo lo contrario de lo que la Constitución Política establece, es menester que los jueces condenen con el simple dicho o imputación de quien denuncia, aunque a quien denuncia se le obligue a denunciar.

Se reforma el artículo 1º de la Constitución Política, y se elabora una nueva Ley de Amparo, se establece un “control de convencionalidad” para que todas las autoridades y jueces investiguen y castiguen las violaciones a los derechos humanos, sin embargo, los jueces olvidan que son seres humanos, y se posicionan en una especie de dioses, por esto, “todos somos sospechosos y presuntos culpables”.

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