Llueve sobre mojado: la influenza en medio de un panorama de obesidad en el Sistema Nacional de Salud en México

Publicado el 12 de febrero de 2014

Pedro Alejandro Villarreal Lizárraga
Doctorando del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
pedroav84@gmail.com

El brote de influenza acontecido en la temporada de invierno 2013-2014 en México, que ha llamado la atención de varios medios de comunicación, es un recordatorio de la manera en que la falta de condiciones institucionales y mecanismos jurídicos capaces de hacerle frente a este fenómeno, así como una coyuntura poblacional adversa, tienen un impacto negativo directo en la Salud de la población. Sin duda, vale la pena tener presente el contexto tanto nacional como internacional sobre este tema, a fin de estar conscientes de qué es lo que se puede hacer con las herramientas disponibles.

En este sentido, la cepa del virus que ocasionó este repunte de casos en la temporada de invierno 2013-2014, la variante A(H1N1), es la misma que ocasionó la pandemia de 2009, designada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en su momento generó una declaración de la presencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional. Ahora bien, toda vez que el virus de influenza que circula en México durante el inicio de 2014 corresponde a un subtipo que ya circulaba entre la población, no se cumple uno de los requisitos para que en esta ocasión se activen de nueva cuenta los mecanismos internacionales de respuesta ante las pandemias: que se trate de un subtipo nuevo. No hay ningún indicio en el sentido de que la OMS podría emitir la misma declaratoria durante esta temporada.

Por otro lado, permanece el recuerdo de lo ocurrido en 2009, cuando se consideró que hubo una reacción desmedida por parte de la OMS y distintas autoridades sanitarias nacionales, que derivó en la difusión del pánico y en la compra masiva de medicamentos que a la postre no fueron utilizados en su totalidad. Por eso, se afirma que después de que terminó la contingencia se experimentó una 'fatiga post-pandémica', consistente en que múltiples personas e instituciones lo consideraron un problema de proporciones exageradas. Según esta postura, había que 'seguir adelante' hacia otro tipo de cuestiones.

Lo cierto es que la cepa del virus de la influenza A(H1N1) que se propagó durante buena parte de 2009 y 2010 llegó para quedarse, pues de acuerdo con ciertos análisis epidemiológicos, tal subtipo se combinó con el que ya circulaba anualmente, el A(H3N2), para conformar lo que se conoce como 'influenza estacional', es decir, la que circula año con año y tiene repuntes durante la temporada de invierno.

Por si lo anterior fuera poco, la presente coyuntura de la salud pública en México agrava todavía más la situación, puesto que la propagación del virus se aúna al diverso problema crónico que representa la mayor carga actualmente para el sector salud: las enfermedades no contagiosas que, por un lado, son la principal causa de fallecimientos en el país y, por el otro, son también la mayor causa de complicaciones por influenza que derivan en fatalidades, en virtud de las que se denominan 'condiciones de morbilidad', que son las que aumentan el riesgo que tienen las personas de contraer una enfermedad. No hay que olvidar que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México se disputa el primer lugar con los Estados Unidos de América como el país con mayor obesidad en el mundo, situación que trae consigo múltiples consecuencias adversas para los mecanismos de defensa de los habitantes y se erige en una pesada carga para el Sistema Nacional de Salud, que a la postre se volverá (o quizá ya lo es) insostenible. Al ser México el país con tan desafortunado posicionamiento estadístico, no es atrevido afirmar que, en proporción, tenemos ya el potencial de contar con una 'población de riesgo' de las más grandes en el orbe, pues la obesidad predispone a quien la padece frente a todo tipo de enfermedades, incluida la influenza.

La carga combinada que representan las enfermedades contagiosas y las no contagiosas acarrea también otras complicaciones: los problemas derivados de los brotes severos de influenza requieren de mecanismos jurídicos nacionales e internacionales de distinta naturaleza a los que se diseñan para hacerle frente a la epidemia de obesidad. Mientras que aquél problema se confronta, por lo general, con medidas administrativas inmediatas, extraordinarias y con carácter temporal o pasajero -como lo fueron los Decretos publicados el 25 de abril de 2009 y el 24 de septiembre de 2010 que determinaron, respectivamente, el inicio y el fin formales de la contingencia, así como la emisión de circulares que indican los distintos modos de actuar tanto a las instituciones públicas como al sector privado, y la puesta en marcha de instrumentos tanto nacionales como internacionales de alerta y respuesta ante una emergencia de carácter epidemiológico-, los índices de obesidad, por su parte, plantean la necesidad de llevar a cabo reformas de diversa naturaleza y adoptar políticas administrativas con una visión hacia la posteridad -tales como reconfigurar patrones alimenticios, educar a las personas en cuanto a su consumo nutricional y estilos de vida, monitorear con regularidad los avances logrados en cada individuo, objetivos que sólo pueden alcanzarse en el largo plazo- y, por ende, se precisa que hacen falta medidas y esquemas jurídicos que no están sujetos a una temporalidad determinada y van más allá de la compra de insumos farmacéuticos o la disponibilidad de instalaciones hospitalarias y personal médico para atender a la población, lo cual ya de por sí es gravoso.

Por supuesto, no es viable adoptar el criterio consistente en esperar hasta que se resuelva el problema de largo plazo -que, se reitera, consiste en la alta presencia de enfermedades no contagiosas como diabetes o padecimientos cardiovasculares- para poder diseñar soluciones efectivas a los brotes de influenza. Las reacciones más prontas del sector público consisten, como se ha observado, en la distribución de medicamentos de combate al virus o sus síntomas, así como de intervenciones 'no farmacológicas' que se consideran útiles para la reducción de la incidencia de la influenza. Las autoridades han emitido declaraciones en el sentido de que no se vislumbra la necesidad de establecer una alerta, al no cumplirse los requisitos para ello, por lo que hay un respiro, por el momento, para el Sistema Nacional de Salud.

Ante este escenario repleto de factores adversos, los actuales brotes de influenza generan la sensación de que a la salud pública en México le llueve sobre mojado, dado el panorama de que la infraestructura pública ya se encuentra saturada y los recursos son harto limitados, por lo que este reciente evento epidemiológico pone otra vez al descubierto la situación que prevalece debido a la presencia combinada de problemas de corto y largo plazo, como los dos que se mencionaron. No cabe duda de que se trata de un reto multidimensional que necesita ser atendido con premura, pues la carga aumenta con el transcurso del tiempo y la población más vulnerable y expuesta, como siempre, es la que menos recursos posee y, por ende, la que tiene menores posibilidades de acceso a los servicios de salud de los distintos niveles, por lo que será de nueva cuenta este numeroso grupo de la sociedad el primero en sufrir las consecuencias de la falta de acción efectiva. Ojalá se alcance pronto una armonía, aunque sea mínima, en las medidas de corto y largo plazo, pues de ello depende que exista un verdadero respeto al derecho a la salud consagrado en el artículo 4o, párrafo cuarto de nuestra Constitución, y no de algo menos.

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