Libertad y consumo de drogas

Publicado el 13 de marzo de 2014

Eduardo López Betancourt
Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la UNAM e Investigador del SNI
elb@unam.mx

Se discute en el Distrito Federal la aprobación de una nueva regulación en materia de marihuana, que si bien no modificaría la prohibición general que pesa sobre la sustancia porque los legisladores locales no tienen facultades para ello, permitiría crear en la ciudad de México un marco de liberalidad para los consumidores, con el fin de distanciarlos del peligroso submundo del narcomenudeo.

En los debates a favor y en contra de estas propuestas, compiten en el fondo dos visiones de Estado: quienes solicitan un Estado paternalista, porque temen que la población –jóvenes, sobre todo–, en cuanto puedan acceder a la droga, se harán adictos. Por otro lado, quienes piden un Estado liberal, porque reconocen el derecho del ciudadano a decidir si consume o no la sustancia.

El derecho moral que pueden tener los individuos a consumir drogas, nace de la defensa de su libre albedrío para decidir al respecto: si comulgan con una sobriedad moral, o si optan por una vida más relajada; y el derecho no debiera intervenir en esa decisión de orden privado. Como acertadamente opinara el clásico penalista Carrara, las funciones de un legislador que no degenere en tiránico, no deben confundirse con las de un moralista; tal legislador debe poder decir a los súbditos: “Sed viciosos si os place; tanto peor para vosotros; yo no tengo derecho a infligiros penas por ello”.

Desde la posición que he asumido en mis trabajos sobre el tema, el principio rector, considero, es el libre albedrío. El derecho moral que tiene cada persona de decidir sobre el consumo de alucinógenos. Los Estados democráticos contemporáneos permiten jurídicamente el consumo. Así es en el caso de México, donde está autorizado el uso, y se ha despenalizado la posesión de lo que se llama “dosis de consumo personal e inmediato”. Sin embargo, aunque se permite el consumo, se prohíbe la producción (siembra o elaboración industrial) y también la comercialización. De este modo, se está ante una discordancia jurídica, pues la venia para el uso de las drogas, que debiera regir como principio superior, es obstaculizada por las normas que penalizan la producción y comercialización. No hay coincidencia, y esa divergencia jurídica, tiene su correlativo en la vida social, donde multitud de individuos oponen su libre decisión de consumir drogas al marco prohibitivo del Estado, generando ese mercado underground que es explotado por los traficantes.

Más allá de las consideraciones sobre la moralidad que incumbe a las drogas, la cuestión es que efectivamente, su consumo puede devenir en un daño a la salud del consumidor. Siendo así, ¿está legitimado el Estado para intervenir al respecto, imponiendo a los ciudadanos una prohibición respecto a un hábito que se restringe a su estricta esfera privada? Es decir, ¿puede el Estado, en nombre de proteger la salud de sus súbditos, restringir el derecho que tienen a disponer de su cuerpo, así sea causándose un daño a sí mismos?

La potencialidad de inflingir un daño a la salud, no es una característica exclusiva de las drogas ilícitas. Las drogas legales como el alcohol y el tabaco, pueden resultar igualmente dañinas para el organismo, sin que por ello carguen el estigma de ‘malignidad’ que acompaña a las drogas psicoactivas, ni estén prohibidas.

No existe una sola respuesta a las interrogantes. Determinar si el Estado está legitimado o no para intervenir en el ámbito privado del individuo, restringiendo su derecho a consumir drogas –aún cuando con ello pueda autoinflingirse un daño–, depende en buena medida del modelo político-jurídico que sustente el orden estatal. La mayor parte de las sociedades totalitarias han condenado el consumo de drogas, bajo la base de que ningún individuo tiene derecho a destruir su propio cuerpo con venenos, porque tiene la obligación de mantenerse sano en beneficio de la comunidad. En contraparte, en sociedades individualistas de corte liberal, se sostiene el derecho de la persona a utilizar libremente su cuerpo.

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