Cosmopolitismo y aldeanismo*

Publicado el 9 de junio de 2014

Diego Valadés
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@dvalades
valades@unam.mx

El debate acerca de la reforma constitucional en materia de energéticos se está dando en un ambiente de tensión creciente. Era de esperar por tratarse de un tema sensible y porque la mala política consiguió algo inverosímil: quebrantar una industria petrolera a pesar de los altos precios del hidrocarburo.

La iniciativa presidencial indica que las reservas y la producción de Pemex han disminuido, mientras que las necesidades tecnológicas y financieras para la exploración y la explotación exceden las posibilidades de la empresa. Para revertir la merma de las reservas y de la producción y para atender las urgencias de capital y tecnología, se propone una reforma constitucional. El remedio no tiene relación con la enfermedad. La decadencia de Pemex se debe sobre todo a un largo ciclo de irresponsabilidad política y de corrupción administrativa y sindical, acerca de lo cual nada se plantea. La reforma debería resolver el viejo problema de la discrecionalidad gubernamental en lugar de  agravarlo.

Lo que hoy reconoce el gobierno es el resultado de problemas acumulados a lo largo de años. El Congreso no ejerció las modestas facultades de investigación que le confiere el artículo 93 constitucional; la corrupción se enseñoreó en la empresa; las exigencias de la opinión pública y del Congreso mismo para un manejo transparente, eficaz y honesto del petróleo, cayeron en el vacío; las reiteradas peticiones de recursos formuladas por los técnicos de Pemex recibieron respuestas negativas o insuficientes, y los ingresos del petróleo se tradujeron en dinero fácil para gastar, olvidando que sin inversión habría crisis. La crisis llegó y ahora el gobierno tiene que pagar los yerros de quienes lo precedieron.

Pemex es la primera empresa de su género que padece falta de recursos. No estaríamos como estamos si el Estado hubiera cumplido su obligación legal de invertir el 1% del PIB en investigación; si Pemex hubiera contado con recursos suficientes y oportunos para desarrollar tecnología para aguas profundas, como desde hace varios lustros hicieron otras empresas, y si se hubiera combatido la corrupción.

La reforma constitucional propuesta deja sin atender las causas del insólito fracaso de un monopolio de oro negro. De ser aprobada, la discrecionalidad subsistiría; todo el poder en materia de política energética corresponde al presidente y así continuaría; los legisladores seguirían sin facultades para intervenir en lo que se hiciera con los bienes de la nación que representan; el éxito de la hipotética reforma dependería del talante de los funcionarios y sus determinaciones serían, como siempre, inimpugnables. Aun aceptando que la actual administración actúa de buena fe, si la reforma prospera el país quedará en la incertidumbre porque quienes en el futuro quieran pervertirla y usarla para su beneficio tendrán todas las oportunidades para hacerlo.

Por la conducción de Pemex han pasado muchas personas honorables, pero es extraño que en tantas décadas sólo se haya procesado a uno que tal vez no lo fue. Del sindicato se difunden muchas informaciones adversas pero nadie se ha molestado en aclararlas; también en este caso sólo hubo un castigado. Los mexicanos tenemos muchas certezas acerca de los manejos turbios de nuestro patrimonio y ahora se nos pide que aceptemos cambiar el régimen del petróleo aunque se mantengan intactos los factores que condujeron al quebranto del modelo vigente.

El dilema no consiste en ser o no ser nacionalistas. El cosmopolitismo por sí mismo no ofrece ninguna garantía de que el petróleo sea mejor administrado en el futuro que en el pasado, por la simple razón de que sobre este tema no se ha formulado propuesta alguna. Lo que se plantea es que el gobierno tenga más facultades pero no más responsabilidades. No se han sugerido mecanismos de control por parte de nuestros representantes sobre la administración corporativa ni acerca de las nuevas atribuciones del gobierno; menos aún con relación a las poderosas y avezadas corporaciones que se disponen a enriquecerse con el petróleo mexicano; tampoco se prevén instrumentos para los que ciudadanos controlemos a quienes nos representan.

Como en los tiempos porfirianos, los proyectos de modernidad se agotan en la economía. Lo demás puede seguir igual y aun peor. El poder real será compartido por burócratas y plutócratas, y para distraernos seguiremos practicando una democracia sin consecuencias en la que a menudo elegimos sin saber a quién ni para qué.

El Estado ha dado sobradas pruebas de debilidad. Los instrumentos que utiliza han sido ineficaces incluso para poner en orden a un sindicato corrupto. ¿Será posible controlar a las implacables petroleras internacionales sin antes fortalecer el sistema institucional del país? Interesa la confianza de los extranjeros en la economía pero no la de los mexicanos en las instituciones. Es contradictorio postular el cosmopolitismo económico y preservar el aldeanismo político.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Reforma, el 15 de octubre de 2013

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