La impotencia del poder*

Publicado el 11 de junio de 2014

Diego Valadés
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@dvalades
valades@unam.mx

La sociedad se siente indefensa ante la violencia. Diferentes administraciones han enfrentado el desafío sin encontrar las claves para su solución. La magnitud del problema ha aumentado y al sufrimiento de las personas y a la afectación de la economía se suma ahora un fenómeno que puede erosionar los fundamentos del Estado.

La formación de las denominadas autodefensas, que una parte de la población apoya, que otros rechazan y que el Estado acepta en silencio, denota el extremo al que se está llegando. Hay quienes hablan de una autorización tácita para que alguien haga el trabajo sucio sin comprometer a las fuerzas del Estado en actos violatorios de los derechos humanos. Al margen de eso, los “vengadores” tolerados, como los que retrata Akira Kurosawa en su magistral Siete samuráis y que J. M. Koetzee identifica como parte de una teoría del Estado arcaico, son una negación del Estado constitucional.

En los lustros que llevamos de delincuencia exacerbada, el Estado ha ensayado remedios penales y policiales. Los hechos demuestran que es un enfoque equivocado. No se ha reconocido que son necesarias reformas sociales y democráticas que inspiren confianza a la sociedad, que frenen la corrupción y que hagan más responsable y eficaz la acción del Estado. El resultado es que la inseguridad ha aumentado, y al delito organizado para el tráfico de drogas y a las células gansteriles dedicadas a extorsionar a productores y comerciantes, se adicionan ahora grupos armados que dicen actuar ante la ausencia de las autoridades.

Sorprende que al cabo de tantos años de combatir la violencia sin éxito, el Estado todavía no emprenda el estudio científico de sus causas y de sus expresiones. Tenemos expertos en cuestiones de seguridad y hay instituciones que investigan la incidencia delictiva, pero la violencia tiene una enorme complejidad cuyo conocimiento obliga a utilizar herramientas de muchos otros campos del saber: antropología, comunicación, criminología, economía, derecho, pedagogía, política, psicología,  psiquiatría, sociología, urbanismo.

En Estados Unidos y en Europa hay numerosos centros académicos dedicados a examinar ese fenómeno en sus diversas variantes y con todas sus implicaciones. En México necesitamos llevar a cabo un esfuerzo análogo, porque uno de los peores padecimientos de la sociedad todavía no es objeto de investigación científica por parte del Estado.

Al analizar la violencia desde una perspectiva amplia se vería que el componente democrático es muy relevante. El estudio sistemático de ese flagelo permitiría ver hasta qué punto lo que se encuentra en riesgo ya no es sólo la tranquilidad de los gobernados sino el destino mismo del Estado. El viejo problema del narcotráfico está desembocando en una crisis creciente que amenaza la legitimidad democrática de las instituciones.

Desde una perspectiva institucional la autocomposición de conflictos y la autodefensa de intereses corresponden a manifestaciones primitivas de la organización social. Cuando un Estado consolidado permite el retroceso hacia estilos rudimentarios de comportamiento, comienza un proceso de decadencia que debe ser detenido a tiempo. La generalización de conductas antijurídicas afecta a la sociedad, y en su nueva dimensión daña asimismo al Estado.

Hay argumentos que explican la existencia de las autodefensas. Son comprensibles en función de las circunstancias, pero el asunto de fondo es que también son un síntoma de que el Estado mexicano del siglo XXI comienza a parecerse al del siglo XIX, cuando la multiplicación de bandas armadas fue una de las causas de la dictadura.

El Estado no puede permanecer expectante ante su propia dilución. Todo Leviatán reacciona en algún momento y debemos estar conscientes de que su respuesta espontánea suele ser autoritaria. Por eso es necesario adelantarnos, construyendo una democracia radical que ofrezca soluciones para los dos problemas mayores del país: inequidad e inseguridad. Será un error dejar que todo siga su curso, porque la exigencia de resultados policiales puede ser un pretexto para el autoritarismo.

La demagogia apela a las emociones y se agota en el corto plazo. Todas las expresiones de demagogia, las concernidas con la seguridad incluidas, pasan por encima de las libertades y de la racionalidad constitucional.

La violencia se desliza hacia un estilo de vida que el poder contempla con impotencia. No puede haber una contradicción más peligrosa para un Estado constitucional.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Reforma, el 21 de enero de 2014

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