Policracia*

Publicado el 12 de junio de 2014

Diego Valadés
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@dvalades
valades@unam.mx

El Estado mexicano comienza a apartarse de las categorías convencionales de la organización y del ejercicio del poder. Cada Estado, como aparato de dominación, desarrolla sus características específicas según el contexto, porque mantiene una relación interactiva con el entorno económico, con el ambiente ideológico, con el medio cultural y con otros Estados. Pero con independencia de sus particularidades y de los enfoques doctrinarios que se adopten para definirlos, todos los Estados tienen en común centralizar el poder de coacción.

Es evidente que la coacción tiene variantes. Los Estados absolutistas y totalitarios, por ejemplo, pretendían sujetar la vida colectiva a la voluntad de los gobernantes; en cambio el Estado constitucional, que incluye entre sus principios la libertad de los gobernados y la responsabilidad de los gobernantes, muestra franjas de tolerancia que en casos críticos privilegian las libertades.

Hay ocasiones en las que imponer la ley en sus términos puede resultar más lesivo para la comunidad que actuar con indulgencia. En estos casos el problema consiste en evitar que los gobernantes resuelvan de manera discrecional. De ahí la importancia de que se sujeten a controles políticos que confirmen o corrijan sus decisiones.

La experiencia indica que siempre han existido fuerzas que eluden las reglas o que incluso las imponen. Se les ha llamado factores reales de poder y de varias formas más. Esto explica que el orden jurídico sea tan maleable, pues sus causas y sus efectos están sujetos a múltiples vicisitudes. Así ha ocurrido en todas partes y en todos los tiempos, sin que se perjudique al Estado cuando se observan ciertos límites.

El desafío para quienes ejercen el poder consiste en hacer operativas las decisiones del Estado en medio de la tensión entre lo que imponen las normas y lo que permiten las circunstancias. Mantener equilibrios razonables entre la norma y la normalidad es un imperativo de la política, pero conseguir ese objetivo no depende sólo de las destrezas personales; para alcanzarlo son cruciales los dispositivos institucionales. El espacio más dinámico para procesar semejantes equilibrios es el de una democracia, porque conjuga flexibilidad con responsabilidad.

Desde el siglo XVII se usó la voz poliarquía para denotar el gobierno de varios. Robert Dahl la adoptó para aludir a una relación simétrica en el ejercicio plural del gobierno. Pero debe distinguirse entre gobierno, como una función de dirección política y administrativa siempre regulada, y poder, como una posición de dominio que puede estar o no regulado.

El orden racional del gobierno se puede afectar por un proceso desestructurado en las manifestaciones de poder. Por lo mismo, al desempeño plural del gobierno se le puede identificar como poliarquía, como sostuvo Dahl, en tanto que a la acción dispersa del poder se le puede llamar policracia.

Para explicarnos la situación del Estado mexicano los esquemas establecidos parecen insuficientes. En la vida general del país sin duda prevalecen las áreas sometidas a su poder, pero hay aspectos en que las decisiones se han trasladado a la empresa y en algunos casos al clero. La influencia del capital se registra en todos los sistemas constitucionales, aunque la magnitud de la que se advierte en México excede los estándares de los grandes Estados. Los signos de nuestro Estado atípico no paran ahí pues los núcleos de poder parecen multiplicarse de una forma desarticulada. Unos cuantos ejemplos: fugitivos que circulan, en barrios provinciales, a bordo de ostentosos autos alemanes que llamarían la atención incluso en Berlín; organizaciones delincuenciales que pasan de la clandestinidad al mitin público; policías regulares en la capital de un estado que se protegen de los irregulares tras pilas de neumáticos; alcaldes destituidos y sustituidos por las armas. Además, la extorsión es un fenómeno en ascenso que tiende a convertirse en una carga paratributaria apoyada en la coerción directa.

La presencia de poderes no regulados que van desplazando al Estado en el ejercicio de las funciones, y con la aquiescencia del propio Estado, propicia la desintegración de la vida institucional. Hay indicios de que a la economía informal se va agregando la informalidad del poder.

La dispersión fáctica del poder sólo puede ser corregida con un giro radical hacia la democracia representativa para que la poliarquía nos rescate de la policracia. Pero hay un tic tac que no cesa.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Reforma, el 4 de marzo de 2014

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