La izquierda en el debate parlamentario de las leyes secundarias de la Reforma Energética

Publicado el 16 de junio de 2014

Alfonso Guillén Vicente
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur
aguillenvic@gmail.com

Tuve la oportunidad de presenciar en el Canal del Congreso, el pasado jueves 12 de junio, el posicionamiento de algunas y algunos senadores perredistas en la reunión de las Comisiones Unidas que analizaban la iniciativa de la Ley de Hidrocarburos, antes de que el coordinador de esa bancada anunciara su retiro de la discusión.

Quiero pensar que el acuerdo de las fuerzas de izquierda en el Senado fue ir por el Todo o Nada, vale decir, el rechazo frontal y total a las Iniciativas de reforma y a los acuerdos del PRI y Acción Nacional, en espera de que la mayoría de los ciudadanos los apoye en una Consulta Popular sobre el tema.

Si esto es así, es perfectamente comprensible que las y los senadores de izquierda se hayan enfocado a cuestionar el método de discusión de las leyes secundarias o, peor aún, a echar mano de un discurso parlamentario del calibre del recordatorio que el representante del Pacto Federal por Tabasco, el perredista, le hizo al colega que en ese momento fungía como presidente en funciones de las Comisiones Unidas: que su nombre quedará inscrito por mucho tiempo en el llamado Muro de la Ignominia.

En otro orden de ideas, también quiero subrayar que, cuando el senador perredista que funge como Secretario de la Comisión de Energía subió a tribuna ese día para exponer el caso de los graves problemas de salud pública que ha provocado el método de “fracking” para la extracción de gas en el estado norteamericano de Texas1, uno esperaría que la izquierda parlamentaria acabaría por formular una propuesta inteligente en materia ambiental, para limitar en determinadas áreas del territorio nacional la implantación de este método extractivo, que consiste en inyectar grandes cantidades de agua, mezclada con sustancias químicas y otros componentes, en el subsuelo para fracturar las rocas que contienen hidrocarburos en estado gaseoso; de tal manera que se prohibiera el fracking en zonas vecinas a centros urbanos y en zonas rurales en explotación.

Sin embargo, el senador en cuestión pasó de largo a exponer otro problema de la Iniciativa de la Ley de Hidrocarburos.

Otro asunto que me llamó la atención en la discusión de la iniciativa de la Ley de Hidrocarburos fue la participación de una senadora perredista de lista nacional, que ocupa un alto cargo en la dirección del partido del sol azteca y que representa a una de las corrientes más importantes de esa organización.  El tema que ocupó su intervención fue el Acuerdo o Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos entre México y Estados Unidos de América, signado en Los Cabos en febrero de 2012 y aprobado por las cámaras senatoriales de ambos países en fechas posteriores. Su crítica fue demoledora y total al descalificar tal instrumento del derecho internacional, y únicamente se refirió, de manera tangencial, a que la iniciativa de la Ley de Hidrocarburos menciona que PEMEX participaría hasta con un 20 por ciento en los proyectos de exploración y explotación en Aguas Profundas.

Comprendo que al calor del debate, y estando las posiciones tan polarizadas, se simplifique el análisis, en aras también de que la discusión se transmitía por el Canal del Congreso. Sin embargo, el tema no es menor y de hecho es una de las motivaciones principales de la reforma energética del sexenio peñanietista.

En el ensayo de José María Valenzuela Robles Linares titulado: “Yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Entre el hecho jurídico y el diplomático”, publicado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, y disponible en el sitio: biblio.jurídicas.unam.mx, es posible, desde el derecho internacional del mar, entender la complejidad del asunto, simplemente partiendo de dos hechos incontrovertibles:

  1. “Los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos son depósitos cuya posición y naturaleza geológica hace posible que estén divididos por una frontera y, por lo tanto, se encuentran bajo dos o más jurisdicciones”

  2. “Los recursos petroleros bajo la jurisdicción mexicana en el Golfo de México se encuentran extendidos a lo largo de las fronteras del mar patrimonial, de la Zona Económica Exclusiva con Estados Unidos y con Cuba, así como de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas”.

Si se dejan de lado estas realidades, y se omite  el hecho de que para arribar al Acuerdo sobre Yacimientos Transfronterizos de 2012 hubo que desplegar una intensa actividad diplomática y jurídica para, primero, llegar a un Tratado sobre Límites Marítimos con Estados Unidos de América en 1978; y luego pasar por una compleja negociación en el Tratado sobre Delimitación de la Plataforma Continental en el 2000, queda en duda si es razonable y conveniente subir a la tribuna de la Cámara Alta.

Si la representación del PRD en el Senado postula que es de izquierda,  ¿por qué no plantear una propuesta nacionalista y eficaz para hacer efectivos los derechos de los mexicanos sobre una buena porción de los 17,190 kilómetros cuadrados que comprende el denominado polígono occidental del Golfo de México?  Porque, como bien señala Valenzuela Robles Linares, sobre esa zona “existían reclamaciones superpuestas –es decir, que ambos Estados podían reivindicar su jurisdicción sobre el polígono en su totalidad-“.

En una cierta lógica del debate parlamentario desde la izquierda se hubiera podido escuchar, y defender, la idea de aumentar progresivamente el porcentaje de participación de PEMEX en los proyectos de Aguas Profundas que señala la iniciativa de la Ley de Hidrocarburos; a efecto de que la paraestatal esté en condiciones, en un futuro de mediano a largo plazo, de encabezar labores de exploración y explotación en los llamados polígonos occidental y oriental del Golfo de México. El primero, en frontera con los estadounidenses; el segundo, donde se comparten límites con Cuba y los Estados Unidos de América.

NOTAS:
1. “Golpe judicial al fracking”, diario El País, 1º de mayo de 2014,  sección Sociedad.

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