Los grupos en situación de vulnerabilidad: los indígenas

Publicado el 16 de junio de 2014

Jorge Alberto González Galván
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
jagg@unam.mx

Cuando los defensores de los derechos de los niños nos aclararon que los que viven en la calle no son el producto del cruce entre Reforma con Insurgentes, nos estaban diciendo que no son grupos vulnerables en sí, sino que están ahí en situación de vulnerabilidad porque sus derechos no han sido garantizados.  Lo mismo diría respecto a los indígenas de México: no son “grupos vulnerables” por su condición étnica en sí, sino que son grupos en situación de vulnerabilidad porque sus derechos no son plenamente respetados en sus comunidades ni fuera de ellas. Por ello propongo lo siguiente:

  1. Una Cédula de Identidad Indígena.

La expedición de una Cédula de Identidad Nacional o Ciudadana ya está aprobada para todos, no sólo para los indígenas. Se necesita que se impulse la expedición de la misma a efecto de garantizar nuestro derecho a la identidad desde nuestro nacimiento como mexicanos y como indígenas, en su caso. Con un registro nacional digitalizado con nuestros datos de identificación familiar y étnica infalsificables nos permitirá una aplicación sin regateos de los derechos indígenas: podrán acreditar en cualquier lugar del país y en el extranjero su origen étnico, sus niños podrán ser inscritos en las escuelas y se combatirá la prostitución infantil y la trata de personas.

  1. Una Remunicipalización Indígena.

La declaración de municipios indígenas en los Congresos locales es un mandato constitucional todavía incumplido. La remunicipalización permitirá garantizar los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas, como entidades de derecho público, con personalidad jurídica, como sujetos de derechos colectivos, actualizando éstos con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo segundo de la Constitución federal.

  1. Una Redistritación Electoral Indígena.

La participación política de los indígenas en los espacios de decisión legislativos es también una asignatura pendiente. Se necesita que en los Congresos, federal y locales, se nombren diputados y senadores indígenas electos por su propio derecho electoral, sin la intervención de los partidos políticos.

  1. Un Tribunal Especializado en Materia Indígena.

Cuando se habla de garantizar el derecho al acceso a la justicia de los indígenas se piensa en los tribunales ya establecidos. Sin embargo, los tribunales existentes están integrados con operadores judiciales que suelen no tener el conocimiento del Derecho Indígena ni de los idiomas indígenas. Por ello, es necesario que fuera de sus comunidades un indígena pueda ser atendido en espacios judiciales integrados con juzgadores que conozcan el sistema jurídico e idiomas de sus comunidades. Tal como ya existe en el estado de Quintana Roo, donde se creó la magistratura indígena en el Tribunal Superior de Justicia con un juez nombrado por las comunidades mayas, quien conoce el derecho maya y habla el idioma maya.

  1. Una Secretaría de Estado Indígena.

El reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades de interés público significa que el desarrollo de sus culturas debe ser garantizado con una institución que los apoye con programas estructurados a corto, mediano y largo plazo. Por ello, es necesario una política pública diseñada junto con los pueblos indígenas que fortalezca sus cosmovisiones y quehaceres educativos, religiosos, lingüísticos, a nivel federal con la creación de una Secretaría de Estado y su equivalente a nivel local.

  1. Un Sistema Nacional de Radio-Televisión Indígenas.

El derecho al acceso a los medios de comunicación masiva reconocido a los pueblos indígenas en la Constitución se debe entender no sólo a los existentes, sino a acceder a tener sus propios medios, de este modo se podrá difundir y defender sus propias culturas.

  1. Un Sistema Nacional de Becas Indígenas.

El dinero que se emplea en educación se dice, y se dice bien, no es un “gasto”, es una inversión. Por ello se necesita aplicar el mandato constitucional que establece que todos los estudiantes indígenas, desde preescolar hasta el doctorado, deben tener garantizados sus estudios con un apoyo económico suficiente.

  1. Un Presupuesto Indígena.

Es de sentido común admitir que los indígenas de México son los pobres entre los pobres, y que los recursos públicos, por ello, deben ser dignos para atender los rezagos estructurales de exclusión, explotación, discriminación, que padecen. Este mandato constitucional tampoco se ha cumplido todavía a cabalidad por los Congresos federal y locales.

Mientras estas propuestas, que en realidad son mandatos jurídicos incumplidos, no se realicen, los pueblos indígenas seguirán siendo vistos, y tratados, como “grupos vulnerables”.

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