Aceptar la derrota*

Publicado el 8 de enero de 2015

John Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@JohnMAckerman
ackerman@unam.mx
www.johnackerman.blogspot.com

Uno de los problemas más importantes que detienen el avance de la patria es que el régimen corrupto no sabe reconocer su derrota. Cada día más personas se dan cuenta de que han sido traicionadas por los poderosos y se arman de valor para intervenir directamente a favor de la paz, la vida y la justicia. Pero en lugar de levantar la cabeza y mirar a la musa de la historia en los ojos, los políticos se hunden en sus mentiras y lanzan desesperadas patadas de ahogado. Evidencian una cultura política autoritaria y atrasada que tendrá que ser superada por medio de una decidida acción ciudadana.

La ceguera actual del régimen tiene muchas similitudes con la de 1988. En aquel año el pueblo acudió en masa a las urnas para demostrar su repudio a un sistema político que había empobrecido a la población con sus políticas neoliberales y enriquecido a los políticos corruptos durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). La gota que entonces derramó el vaso fue la criminal inacción del gobierno en respuesta al terremoto de 1985 que causó enormes destrozos y miles de muertos en la ciudad de México. Frente a la irresponsabilidad de las autoridades, los ciudadanos tuvieron que organizarse de manera autónoma para buscar y salvar a sus familiares de entre los escombros.

Tres años después, la sociedad evidenciaría gran madurez al dar la espalda al viejo PRI y apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero el régimen se negó a aceptar su derrota e impuso por la fuerza a Carlos Salinas por medio de un descarado fraude electoral en 1988.

En ese entonces, el actual procurador cansado, Jesús Murillo Karam, fungió como representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral. Ayer como hoy, su cinismo no tuvo límites. De acuerdo con el relato de la periodista Martha Anaya, la noche de la elección Murillo se hizo el ofendido: “No voy a permitir epítetos al partido mayoritario… o que se ponga en duda la legalidad del proceso. Ni a usted ni a nadie le voy a permitir…” En respuesta, relata Anaya, sus contrapartes lo miraron con ironía, en sus rostros se reflejaba una sola petición: los datos, a lo cual Murillo contestaría no tenemos por qué mostrarlos.

El funcionario hoy actúa de la misma manera frente a las demandas de transparencia y justicia para los estudiantes de Ayotzinapa. Se hace el ofendido y exige evidencias a la sociedad, cuando ya es claro para todos que su versión sobre los acontecimientos del 26 de septiembre constituye un descarado fraude. No solamente la UNAM, sino ahora también la directora de la Asociación de Cremación de América del Norte, Barbara Kemmis, ha señalado a Fox News que es virtualmente imposible haber destruido los cuerpos de los estudiantes de la manera en que El Pato, El Jona y El Chereje reportaron, aparentemente bajo tortura, que lo habían hecho.

La complicidad de las autoridades federales también ha quedado plenamente acreditada. La Policía Federal (PF) no ha refutado ninguno de los descubrimientos de los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher. El titular de la corporación, Enrique Galindo, solamente ha respondido con incoherencias: Con los informes que tengo, generados por la propia PF, conociendo el estado de fuerza destacamentado en Iguala esa noche del 26 de septiembre, diría que la PF no participa, al menos no tenemos una evidencia clara de participación activa en los hechos concretos de esa noche, declaró a Televisa. Nos encontramos en medio de un encubrimiento similar al fraude electoral de 1988 y a la masacre de Tlatlaya.

Recordemos que Murillo también estuvo a cargo de la defensa jurídica de Peña Nieto frente a las acusaciones de lavado de dinero y rebase de topes de campaña con tarjetas de Monex y Soriana durante las elecciones de 2012. El actual procurador también presidió la mesa directiva de la Cámara de Diputados el 1º de diciembre de 2012, cuando Juan Francisco Kuykendall fue brutalmente abatido por policías federales durante la toma de posesión de Peña Nieto. La intención del PRI de nombrar a Murillo fiscal general de la República hasta 2023 es una abierta burla a la sociedad mexicana.

Mientras el resto del mundo deja atrás la guerra fría, hecho simbolizado por la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en México el guion del poder sigue siendo el mismo que en 1988, un año antes de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, el pueblo mexicano sí se ha transformado. Ya pocas personas creen en las instituciones realmente existentes. De acuerdo con los recientes sondeos de opinión de Reforma y GEA-ISA, solamente 9 por ciento de la población confía en las televisoras, 10 por ciento en los policías y 12 por ciento en las instituciones electorales. El Ejército y los partidos políticos también han sufrido importantes mermas en su confiabilidad.

Estos números constituyen una gran noticia para la democracia mexicana. Ya no es tan fácil engañar a la población con falsos legalismos como lo fue en 1988. Las históricas acciones ciudadanas frente a las bases militares de Ayutla e Iguala, las valientes protestas de los víctimas de fraude en la Condusef, la instalación de municipios autónomos en Guerrero, y el retorno de las autodefensas en Michoacán, todos indican que el poder popular avanza con firmeza. Paso a paso se va llenando con dignidad ciudadana el enorme vacío de poder generado por un régimen con gran capacidad para matar a estudiantes y regalar casas, pero que no sabe reconocer su derrota histórica a manos de un pueblo cada vez más consciente y participativo.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en La Jornada, el 22 de diciembre de 2014

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