¿Cómo mejorar la abogacía?1

Publicado el 31 de julio de 2015

Miguel Carbonell
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
carbonel@unam.mx
www.miguelcarbonell.com
@miguelcarbonell

Uno de los temas esenciales para tener un país más justo tiene que ver con el mejoramiento de quienes son actores fundamentales en la aplicación de la justicia: los abogados.

Hay en México casi 300 mil estudiantes de derecho, distribuidos en poco menos de 2 mil instituciones públicas y privadas que ofrecen estudios de licenciatura y posgrado para quienes desean formarse en los conocimientos jurídicos.

Se calcula que más de medio millón de egresados de la carrera de derecho ejercen actualmente la profesión en nuestro país, es decir, tenemos a un abogado por cada 220 personas que viven en el territorio nacional aproximadamente.

En los resultados que el Director General del CIDE le presentó ayer al Presidente de la República, para construir una mejor “justicia cotidiana”, se apunta con claridad el problema del desempeño no óptimo de muchos abogados y se propone como solución el avanzar hacia un esquema de colegiación profesional obligatoria. Se trata de una propuesta que no solamente es importante, sino que es urgente atender. La iniciativa correspondiente está ya en el Senado, esperando que la Comisión de Justicia se digne a atenderla un día de estos, cuando a los legisladores les quede algo de energía para voltear a ver los problemas reales del país.

Desde muchas instituciones públicas hemos compartido en los años recientes la preocupación que ahora recoge el CIDE en su informe y pensamos que hay que modificar los requisitos para ejercer la profesión de abogado, a fin de poder contar con un servicio de asesoría y patrocinio jurídico mucho más eficiente que el que tenemos actualmente.

Pero de nada servirá avanzar hacia la colegiación obligatoria (o hacia un esquema de certificación periódica de conocimientos, que también es urgente implementar), sino mejoramos la educación de los estudiantes de derecho.

Aprobar la colegiación obligatoria sin enfocarnos en el mejoramiento de las escuelas y facultades de derecho tendrá como resultado dejar fuera a quienes no demuestren tener conocimientos suficientes o quienes hayan incurrido en violaciones a la ética profesional. Sería un gran avance para el país y para elevar la dignidad de la profesión jurídica. Pero necesitamos trabajar paralelamente con nuestros hoy estudiantes, mañana futuros abogados. Es ahí donde podemos sembrar la semilla del éxito de muchas de las reformas estructurales que se han aprobado en los años recientes.

Si no tenemos buenos abogados, difícilmente podrán asentarse y hacerse realidad reformas como la energética, la financiera, la del procedimiento penal, la de los juicios orales, la (todavía pendiente) de la justicia laboral, etcétera.

En las escuelas y facultades de derecho se están formando hoy en día quienes mañana serán jueces, magistrados y Ministros de la Suprema Corte, quienes fungirán como Ministerios Públicos, Policías investigadores, defensores públicos o privados, notarios, legisladores o directores de empresas públicas. Podemos asegurarnos de que estén certificados y debidamente colegiados. Apoyo sin fisuras esa idea. Pero necesitamos que esa obligación genere a su vez un cambio en el modelo de la enseñanza del derecho.

No se trata de una idea fácil de poner en práctica, pero si queremos un México más justo y si estamos dispuestos a hacer de la justicia una experiencia cotidiana para millones de mexicanos, necesitamos empezar a trabajar ahí: en las aulas universitarias donde se están formando quienes habrán de velar por el Estado de derecho y por la aplicación de las leyes.

NOTAS:
1. Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Universal, el 28 de abril de 2015.



Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV

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