Justicia y vida cotidiana1

Publicado el 31 de julio de 2015

José A. Caballero
Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
jose.caballero@cide.edu

Rodrigo Meneses
Director de la División de Estudios Jurídicos y profesor-investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
rodrigo.meneses@cide.edu

¿Por qué nos duele más un penalti mal marcado en el Mundial que un funcionario público que alardea que “robó poquito”, un individuo que se pasa un alto, un jefe que acosa a sus empleadas o un comerciante que engaña a sus clientes? Tal vez es porque la Selección Nacional nos brinda más satisfacciones (o expectativas de satisfacción) que el Estado con todas sus reglas. ¿De plano?

Esta mañana subí al microbús. Noté que la unidad arrancó mientras subía la persona que iba detrás de mí. El movimiento que se generó con la puesta en marcha provocó que los pasajeros nos golpeáramos a causa de la sacudida. La señora que iba atrás de mi hizo maravillas para no caer a la calle. Durante el trayecto de 25 minutos hasta la estación del metro, el chofer acumuló infracciones. Paradas a media calle, alta velocidad, cruce de semáforos en rojo, puertas de acceso y descenso con la unidad en movimiento. En fin, prácticas que hasta el más despistado de los habitantes de la ciudad ha notado. En el trayecto pasamos frente a varios agentes de tránsito y al menos una patrulla. Ningún agente pareció notar irregularidad alguna. Dentro de la unidad, cualquier queja es resuelta por el chofer inmediatamente con un recordatorio sobre la posibilidad de bajar de la unidad en ese momento y con la correspondiente frenada. El silencio del pasajero quejoso se corona con un triunfal arrancón del chofer. En la parte trasera del microbús el letrero que indica un número telefónico para presentar quejas acumula polvo.

El anterior relato no es más que un pequeño ejercicio literario al estilo Ibargüengoitia. Pero precisamente haciendo uso de esa sutil ironía con la que se expresaba Ibargüengoitia podemos tratar de trazar la forma en la que la vida cotidiana se encuentra estrechamente relacionada con nuestras aspiraciones sobre lo que es y lo que debe ser. Efectivamente, detrás de nuestras cavilaciones cotidianas siempre podemos encontrar reflexiones encaminadas a orientar la manera en la que debería ser una experiencia que nos acaba de ocurrir. ¿Y cuáles son los criterios orientadores de estas reflexiones? Sin ir muy a fondo, podemos establecer que existen ciertos denominadores comunes entres nosotros en tanto miembros de una comunidad, que nos permiten relacionar nuestras subjetividades. Con ello podemos apreciar diversos fenómenos y tender a calificarlos en forma semejante. De esta manera, la justicia, desde el punto de vista cotidiano, no es más que una conjunto común de expectativas sobre lo que debe ser en el día a día de nuestras relaciones.

El artículo 17 de la Constitución establece con la solemnidad del caso que nadie puede hacerse justicia por propia mano. A cambio, nos ofrece la existencia de tribunales que estarán dispuestos para resolver todas nuestras disputas. Aquí está precisamente el corazón de la aspiración de la justicia cotidiana. Desde luego que la misma no se satisface exclusivamente en tribunales. El enunciado constitucional pretende cumplir su promesa de justicia mediante la acción del Estado en su conjunto.

En consecuencia, corresponde al Estado la responsabilidad de hacer efectivas esa serie de expectativas sociales que se generan con motivo de las interacciones cotidianas. ¿Pero qué pasa cuando el Estado no las cumple? Ciertamente ningún sistema está diseñado para generar “justicia” en todos los casos. Semejante planteamiento está fuera su alcance. Sin embargo, dentro del continuo justicia/injusticia el Estado cumple mejor su función cuando su acción tiende a generar más justicia que injusticia.

En los meses pasados hemos obtenido una serie de testimonios sobre la forma en la que las personas identifican injusticias que ocurren en su entorno cotidiano.2 El presente ensayo trata de generar algunas gruesas conclusiones sobre los significados de estos testimonios a la luz de la promesa constitucional de justicia. Como podrá verse, los testimonios dicen mucho de nuestras aspiraciones colectivas de justicia. Pero también dicen mucho sobre la forma en la que dichas aspiraciones no son satisfechas. El problema no está en encontrar los consensos sino en definir las razones por las que en muchos casos se imponen criterios que se alejan del consenso.

Más caro el caldo que las albóndigas. Los tribunales y la justicia cotidiana.

En ocasiones el contacto con las instituciones genera diálogos inacabados y decepciones.

“En 2014 sufrí un despido sin justificación en una de las dependencias de gobierno del Estado de Chiapas. No recibí liquidación ni indemnización. Al acudir a la junta de conciliación, los mismos jueces me aconsejaron que no llevara adelante mi proceso, porque solo perdería tiempo y dinero.”

La relación entre tribunales y ciudadanos no se construye a partir de un trato entre iguales. Las reclamaciones de los ciudadanos deben reunir los estándares de viabilidad que establecen los tribunales. Bajo esa óptica, la injusticia vivida por el ciudadano es vista en forma muy distinta por el Tribunal. En el proceso judicial el sentido común deja de tener sentido. Esto no es una perversidad sino la consecuencia necesaria de la tecnificación del mecanismo resolutor de disputas. Detrás del escrutinio judicial la injusticia será redefinida y se establecerán sus alcances. Aquí es donde típicamente las visiones se separan. Mientras que para el ciudadano la injusticia que ha sufrido merece una reparación, para el Tribunal la injusticia en cuestión es menor y no amerita el inicio de un proceso. Regrese usted cuando tenga algo verdaderamente importante que reclamar.

Pero incluso cuando se logran salvar los obstáculos para acceder a la justicia, el proceso jurisdiccional muestra sus limitaciones.

“…La presidenta de la Junta Federal 19 de Conciliación y Arbitraje, Nuevo León, ha hecho notar su desprecio rotundo hacia los abogados del Estado que litigan en su Junta, así como de su malestar por servir con profesionalismo en su área, a decir, si el litigante presenta una promoción la Junta acuerda lo que para ella es brevísimo tiempo: un mes, sino que Dios bendiga al profesional. Como estos ejemplos hay muchos…”

El paso por la justicia toma tiempo y el resultado es incierto. En el primer caso, la construcción de los tiempos de la justicia es el resultado de la suma de la indolencia con la existencia de formalidades añejas. En el día a día de la justicia, los asuntos no son más que papel. Lejos están las personas que los protagonizan. La monotonía del trabajo judicial devora sistemáticamente cualquier señal de la vida exterior. La consecuencia necesaria es una justicia alienada cuyos mensajes no son siempre comprensibles en el exterior.

“Ni los veo ni los oigo”, dijo el Estado…

La razón de ser del Estado constitucional contemporáneo es asegurar que las personas gocen de sus derechos de la manera más amplia posible. En esta lógica, el Estado ‘vive’ para sus ciudadanos. Ello implica que la lógica de sus servicios responda a las necesidades de las personas.

“Al acudir al Registro de lo Familiar en la ciudad de Tlaola, Puebla , para pedir una copia de mi Acta de Nacimiento, se nos informo que el libro del año 1987 junto con algunos otros, fue quemado en una manifestación que se dio en el lugar citado, por lo cual me vi en la necesidad trasladarme en varias ocasiones a la capital de Puebla, con la finalidad de que se reconociera legalmente mi existencia, y así poder llevar a cabo un registro extemporáneo. Este hecho hizo que mis tramites de titulación tardaran mas del tiempo previsto.”

El acto más elemental de la existencia de un Estado se presenta con el registro de un nacimiento. El acta de nacimiento constituye el punto de partida de un proceso en donde el nuevo ciudadano deberá de disfrutar de múltiples derechos adicionales. La sorpresa se presenta cuando la obtención del acta de nacimiento se presenta como un obstáculo y no como un derecho. Bajo la mentalidad del operador del Estado, la expedición de actas debe cumplir con estándares de certeza y precisión. La integración de semejante servicio requiere de coordinación y flujo de información. En consecuencia, si estos datos no existen, el servicio simplemente no puede prestarse. No se le está negando su derecho a un acta de nacimiento, simplemente no estamos en condiciones de prestarle dicho servicio. Disculpe usted.

Pero esta relación no se limita a un ámbito concreto de interacción entre los gobernados y el Estado. De hecho, pareciera que son diversos y constantes los espacios en que la ciudadanía se siente ignorada, anulada o simplemente inexistente.

“Son tantas injusticias por las que pasa la gente ordinaria. Bien, empezare con el INFONAVIT. Tramité un crédito para una casa con mi crédito de trabajadora, califique y en el 2010 me entregan la casa. Según la ubicación ere excelente, de vanguardia, era la nueva Tijuana con sus fabricas, sus comercios etc. Pero fueron puras mentiras hay un total abandono de las autoridades. Por eso nunca habite dicha casa y la regrese. Además de tanta injusticia que a diario se vive lo que me molesta es que ya entregue los papeles a un despacho jurídico asignado por el INFONAVIT y me van a seguir descontando mas de un año 1200 pesos al mes, si ya entregue la casa el despacho me dice que es el INFONAVIT el que actua de esta manera y no ellos. Que pasa con esto, por que joder más al que tiene menos. ¿Por qué? ¿por qué? Gracias y si pueden hacer algo mas de mil gracias.”

En este caso no existe duda de la existencia de la vivienda. Sin embargo, la distancia entre el proyecto que en su momento fue aprobado y la realidad parece insalvable. Mientras que el proyecto probablemente figura en diversos informes burocráticos como un caso de éxito, en la realidad existen construcciones abandonadas y una comunidad que se resistió a nacer. Los gritos desesperados de los ciudadanos se ahogan en un mar de informes que sostienen que la realidad es otra. Aquí lo único claro es que su crédito no ha sido liquidado. Pague.

En otros casos, la lógica del funcionamiento del Estado exige dar muestras de eficacia. Esta pretendida eficacia termina por deglutir a las personas a las que aparentemente trata de servir.

“Mi medio de transporte es la motocicleta, comprendo la necesidad de hacer operativos y revisiones, eso no me lo molesta en lo absoluto pero, ya son varias ocasiones que los oficiales me detienen sólo para buscar alguna infracción y cumplir con su "Cuota Diaria", buscan en todo el reglamento cualquier mínima infracción para llevarte al corralón, incluso quieren poner multas que no corresponden. Ya son varias las ocasiones que llegó tarde al trabajo por dialogar o incluso discutir con oficiales haciendo valer mis derechos. Ya basta.”

A la par de reportes sobre la seguridad en el transporte y acciones para detener a conductores que violan los reglamentos de tránsito aparecen personas que son víctimas sistemáticas de prácticas irregulares y malos diseños de políticas públicas. La existencia de cuotas de desempeño y el otorgamiento de bonos por resultados a servidores públicos puede generar incentivos perversos. En su afán por mostrar resultados los operadores del Estado generan problemas inesperados. Lo siento mucho pero si no cumplo con mi cuota no recibo el bono de fin de mes.

El rebaño queda a cargo del lobo. Abusos de las autoridades.

Las ineficacias del Estado se hacen todavía más perniciosas cuando aparece la corrupción. En este escenario la señal hacia el exterior es que el ciudadano no debe esperar ayuda del Estado sino que también se debe cuidar del mismo.

“…Regresé a Tijuana hace dos años y puse una tienda de flores. Cada 2 años, las autoridades locales se inventan alguna "cuota" o "revisión" y exigen el pago correspondiente para que no nos clausuren. No solo nos extorsiona el narco o los criminales, sino el mismo estado…”

Es posible que este tipo de experiencias puedan resolverse con un marco regulatorio menos discrecional o con funcionarios mejor preparados y dispuestos para cumplir con sus funciones. Sin embargo, pareciera que las soluciones son más complejas, sobre todo si consideramos que se trata de prácticas añejas y practicadas en distintos niveles, en donde los mismos funcionarios deben ‘rendir cuentas’ a sus superiores.

“Al trabajar en una dependencia de gobierno me topé en dos ocasiones con la invitación (obligada) a participar en actividades proselitistas (invitar a ciudadanos a votar por algún candidato en específico, en diferentes cruceros de la ciudad) en mi horario libre. A sabiendas de que al negarme a participar mis superiores tomarían represalias, pese a no ser una actividad para la que fui contratada, tuve que hacerlo.”

Y aquí lo que observamos es momentos en donde los mismos funcionarios públicos ‘saben’ que las solicitudes de sus superiores no son legítimas ni legales, pero igual deben realizarlas ante la falta de un espacio institucional en que puedan ser denunciadas sin represalias. Ora sí que ni cómo ayudarle joven.

El más chimuelo masca rieles. Aquí gana el que encuentra alguna ventaja.

La justicia cotidiana se mide también en las interacciones entre los ciudadanos.

“Tengo un hijo que trabaja en la empresa muebles américa y la condición para trabajar fue que lo obligaron a firmar carta de renuncia en blanco, y la firma de una pagaré también en blanco, cuando sale de viaje de trabajo los alojan en casas de la empresa insalubres y los viáticos para los alimentos son muy limitados, la empresa se caracteriza por sancionar económicamente por todo a sus trabajadores. Cuando los hacen salir muy tarde del trabajo, la empresa no les paga taxi, los tienen sub-registrados con salarios bajos en el IMSS.”

Y se mide aquí porque se trata de espacios en donde el que tiene más poder suele encontrar algún resquicio institucional para sacar ventaja sin necesidad de violentar abierta y explícitamente el contenido de la norma. Y aquí el poder no depende necesariamente de la escala socioeconómica que se ocupe sino de qué tan capaz se es de encontrar acomodo en una mítica red de relaciones sociales [que algunos han llamado corporativismo] en donde la desigualdad se presenta como el común denominador.

“Que herramientas eficaces tenemos los ciudadanos contribuyentes , par ano sufrir las arbitrariedades de micorbuseros y taxistas que tienen secuestrada la ciudad sin que haya autoridad alguna que haga valer la ley. Hasta cuando la ley solo la tenemos que cumplir solo algunos.”

Así, la ley se presenta como un referente de conducta que sólo debe ser obedecido y sancionado por algunos: ciudadanos comunes, trabajadores no sindicalizados, empresarios honestos. En fin, el granito en el arroz.

Entre abogados te veas. El difícil camino para acceder a la justicia.

Los ciudadanos requieren de “traductores” que les permitan comunicarse con las instancias de justicia. Aquí es donde la cuestión se torna francamente contraintuitiva. A mi me despidieron injustamente ¿por qué debo recurrir a un abogado para explicar al tribunal algo tan evidente?

“…Mi esposo es pescador y desapareció en la mar, siempre me he dedicado al cuidado de la casa y de los hijos, me dicen que no me pueden pagar el seguro ni la pensión, ni puedo disponer de lo bienes, que tienen que pasar varios años…”

“Mi abuelo falleció hace más de 10 años sin dejar testamento. La casa donde vivimos era de él. Mi mamá intentó en un principio regularizar la propiedad, pero un abogado le dijo que le cobraba 20-25% de la propiedad y desistió de hacerlo. Fue a la delegación política a pedir informes y el trámite también resultaba largo, complicado y costoso. Seguimos viviendo en la casa, que legítimamente sería de mi mamá, pero lo justo sería que también fuera legal.”

Y otra vez, la pregunta es por qué actos tan simples como comprobar la ausencia/existencia de una persona se ha convertido en una acción tan gravosa para los ciudadanos en México. Pareciera que cuando hablamos de relaciones entre gobernados y gobernantes nos referimos a un espacio marcado por la mutua desconfianza. Desconfianza en donde los abogados suelen participar.

Al final, siempre habrá conflictos y escenas de justicia por propia mano.

“Esto acaba de pasarme. Ando chido en la fiesta, afuera de La Bota, en la calle de San Jerónimo en el Centro, y al parecer un vecino o unos niños irresponsables acaban de arrojar una cubetada de agua fría desde el tercer piso. ¡no se vale! Uno anda recreándose y lo mojan por convivir. Ante eventos así, ¿uno a quién recurre?”

Desde luego que en una sociedad plural los conflictos van a existir. Las perspectivas de unos y otros van a diferir. Lo que para unos es la fiesta, para los otros es el tiempo de descanso. Ni hablar. Eso seguirá ocurriendo. También debemos admitir que no todos los conflictos deben llegar a la justicia o a un mecanismo formal de solución de conflictos. La justicia como un fenómeno ubicuo es deseable pero resulta un ideal imposible de alcanzar. La mayor parte de los conflictos deben resolverse por la intervención directa de las personas. La prudencia, la tolerancia o incluso el abuso seguirán siendo los mecanismos preferidos de resolución. No obstante, ello dista mucho de ser un consuelo para el Estado. El Estado es responsable de proporcionar un marco institucional capaz de resolver con eficiencia y eficacia los conflictos que lleguen hasta ahí. El acumulado de estas soluciones no sólo genera beneficios a las partes directamente involucradas en dichos conflictos sino que también proporciona señales positivas a la sociedad sobre la existencia de vías institucionales para resolver conflictos a través de la aplicación de la ley que funcionan. En muy pocas palabras, el mensaje es que la ley sí funciona y se aplica.

Los ejemplos que aquí se recogen muestran los problemas que se generan cuando el Estado no es capaz de garantizar la existencia de justicia en una sociedad. Los efectos inmediatos de frustración o impotencia de las personas se convierten paulatinamente en indolencia, rechazo de la ley y distanciamiento de las autoridades. El resultado global es el deterioro del proceso de institucionalización que el Estado pretende ofrecer. En este escenario el Estado se presenta ante los ciudadanos como una carga más que como una entidad encargada de generar beneficios. La ley aparece como un instrumento para la venganza, o para tomar alguna ventaja indebida más que una herramienta para generar seguridad.

El reto que tenemos frente a nosotros es claro en el área de justicia cotidiana. Se trata de la construcción de regularidades en la aplicación de la ley y en la resolución de conflictos. La sensación de que las reglas existen y se aplican tiene utilidad tanto inmediata como mediata. En el primer caso, generan previsibilidad y permite que las personas puedan prever las consecuencias de sus acciones. Pero desde el punto de vista mediato, también genera un efecto que no es menor: genera interés porque las normas se apliquen a todos por igual. Genera enojos y reclamos cuando las reglas no son aplicadas por igual incluso a terceros con los que no tenemos relación. Y al igual que el penalti que sí se marcó, produce comentarios generalizados sobre la injusticia que se cometió.

NOTAS:
1. Se reproduce con autorización de los autores, publicado como “(In)justicia cotidiana. II. Historias”, en Nexos, número 450, junio 2015.
2. Ver: http://www.justiciacotidiana.mx



Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV

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