La carta magna vista desde el programa educativo de Ciencias Políticas y
Administración Pública. Una experiencia de aprendizaje en la UABCS

Publicado el 23 de octubre de 2015

Alfonso Guillén Vicente*
Profesor-investigador en el Departamento Académico de Ciencias Políticas
y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
aguillenvic@gmail.com

En el último lustro la docencia en las universidades públicas mexicanas se ha visto necesariamente impactada por los acontecimientos que ha vivido el país en materia de violencia e inseguridad.

A los profesores universitarios nos han llegado oleadas de los modelos educativos basados en competencias, pero también, y quizás con mayor fuerza, las marejadas de aquellas vivencias cotidianas que han trastocado nuestras vidas y las de los jóvenes universitarios que llegan a las aulas buscando explicaciones y contando amargas experiencias.

Y ante la pregunta del qué hacer desde el ámbito docente surge la necesidad de buscar esos valores y conductas que puedan llevar al país a espacios de mejor convivencia y, en ciertas regiones, a la propia sobrevivencia, a la adopción de la cultura de la legalidad.

De pocos años a la fecha, el quehacer en el aula se ha presentado, para muchos de los académicos de educación superior, no sólo como la principal ocasión, sino que la única, para proponer a nuestros alumnos una referencia que nos guíe en el actuar presente y futuro.

La asignatura de Sistema Político Mexicano I se imparte en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el tercer semestre, después de la correspondiente a Derecho Constitucional. Desde que modificamos su Carta Descriptiva en el semestre 2011-II, el abordaje de esta materia a partir del análisis de la Constitución general de la República ha tenido varias ventajas formativas y didácticas en la formación de los politólogos y administradores públicos.

Entre las primeras destaca, desde luego, el necesario conocimiento que el futuro funcionario público tiene que poseer acerca de los valores, alcances y limitaciones que las reformas constitucionales de última generación le imponen al quehacer gubernamental.

En primer lugar queremos resaltar las experiencias de aprendizaje que los estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UABCS desarrollaron en el segundo semestre de 2011 con el estudio del artículo 1o. constitucional y las serias consecuencias que tendrá en su futuro desempeño profesional la obligación de respetar los derechos humanos, consagrados también en los tratados internacionales suscritos por México, por parte de todo tipo de autoridades, no sólo las jurisdiccionales.

La revisión de los antecedentes de la reforma constitucional en la materia, con el caso de Rosendo Radilla Pacheco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos ha proporcionado la oportunidad de abordar las condiciones políticas y sociales que privaron en México en la década de los setenta del siglo pasado, y a partir de ahí apoyados en las experiencias de vida de los estudiantes universitarios del siglo XXI, reflexionar sobre la virtud de ajustar el quehacer público al respeto de la dignidad de la persona humana.

No ha sido menor la experiencia de aprendizaje de los futuros administradores públicos cuando aprecian los costos de no ajustar su desempeño profesional a los estándares internacionales de promoción del principio pro-persona, a partir de los asuntos relevantes que la Suprema Corte de la Nación ha abordado en la materia.

Un segundo tema importante que hemos abordado en los cursos de Sistema Político Mexicano I en la universidad sudcaliforniana es el análisis de los derechos consagrados en el artículo 4o. constitucional, a partir de las posibles respuestas articuladas desde la administración pública federal, estatal y municipal. Alimentación, salud, medio ambiente, agua, vivienda, niñez, cultura y deporte son temas que siempre traen consigo políticas públicas que el futuro funcionario público revalora si las mira en una perspectiva protectora de los derechos humanos.

En la búsqueda de aquellos conocimientos y experiencias que puedan ser más útiles para los estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur nos hemos preocupado por abordar aquellas garantías constitucionales que puedan ser de su mayor interés. La desaparición de poderes, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad han sido analizadas en el texto constitucional y en la experiencia histórica de México.

En cuanto a la facultad exclusiva del Senado de la República, expresada en la fracción V del 76 constitucional, se contrastaron los casos acontecidos en los sexenios alemanista y salinista con las experiencias recientes en Michoacán y Guerrero, a efecto de darle al alumnado elementos para calibrar su viabilidad y pertinencia.

En semestres recientes y en el caso de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 105 de la carta magna, nos hemos desplazado del texto constitucional a las recientes tesis sustentadas por la Corte Suprema. Esto último ha permitido evaluar a los alumnos a partir de casos relevantes, conforme avanza la actividad jurisdiccional frente a temas de actualidad que se vuelven familiares para los educandos gracias a los medios de comunicación.

En el semestre escolar 2015-II examinamos en el aula las controversias constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal en contra de diversas entidades federativas con motivo de la reforma educativa y, en particular, por invadir la esfera competencial de la Federación en materia del servicio profesional docente. En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, se privilegió en el salón de clases el análisis de los recientes asuntos en materia electoral que ha resuelto el Tribunal Constitucional de nuestro país, como fue el caso de la sesión del Pleno del 5 de octubre de 2015, donde los ministros analizaron el caso de la legislación de Oaxaca, con las Acciones 53/2015 y acumuladas, promovidas por el partido local Unidad Popular, los partidos políticos nacionales MORENA y Acción Nacional, así como diputados de la LXII legislatura de ese estado.

A partir de estos casos relevantes, alumnas y alumnos universitarios de Baja California Sur han tenido el suficiente interés y el sustrato mínimo de información para entender las características relevantes de estos mecanismos de control constitucional.

NOTAS:
*Agradezco a la maestra Tania Ramírez (UNAM), profesora visitante de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa de la UABCS, sus valiosas reflexiones sobre la actividad en el aula, elemento central del aprendizaje y espacio ideal para educar en la cultura de la legalidad.



Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV.

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