Margaret POPKIN *
En diciembre de 2002, la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés) tuvo el honor de convocar, conjuntamente con el Programa de Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cuatro seminarios sobre "Acceso a la Información Judicial: Una Perspectiva Comparada".
La DPLF es una ONG con sede en Washington, D.C., formada por personas de las Américas que han protagonizado la lucha por la justicia en sus distintos países, entre ellas el doctor Jorge Carpizo, ilustre miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La Fundación se creó para promover la reforma y modernización de los sistemas de administración de justicia y la plena incorporación de las protecciones de los instrumentos regionales de derechos humanos en estos sistemas. La DPLF tuvo la oportunidad de realizar un estudio comparativo sobre la independencia judicial en América Latina** la que nos subrayó la importancia de la transparencia en muchos aspectos del sistema judicial: administrativos, presupuestos, licitaciones, contrataciones; en la selección, evaluación y disciplina; además de las sentencias. También nos dimos cuenta a través de este estudio de iniciativas importantes para para aumentar la transparencia tanto por parte de algunos poderes judiciales como por parte de la sociedad civil.
En México, encontramos un interés en estos temas reforzado en los últimos tiempos por otra vía: las nuevas leyes de acceso a la información pública, las cuales incluyen al Poder Judicial en su ámbito. Con base en todo esto, y en estrecha colaboración con nuestros colegas en México, decidimos organizar esta serie de seminarios en México, para presentar algunas perspectivas de personas que han trabajado desde este ámbito en otros países y así tratar de promover la discusión sobre medidas para asegurar la transparencia judicial y proteger el derecho a la intimidad, lo que se podría hacer en México, y lo que implicaría en la práctica. Estos Seminarios se realizaron con el generoso apoyo del Open Society Institute.
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa auspiciaron el primer seminario en Culiacán, Sinaloa, el 2 de diciembre de 2002. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Michoacán organizaron el segundo seminario, el 3 de diciembre en Morelia, Michoacán. El Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas auspició el tercer seminario el 4 de diciembre en la ciudad de Zacatecas; y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México auspició el cuarto seminario los días 5 y 6 de diciembre en el Distrito Federal.
En cada seminario participaron cinco expertos internacionales de Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, todos con mucha experiencia en la temática desde distintas perspectivas en sus propios países. Además participaron en los respectivos seminarios, o con palabras introductorias o con ponencias sobre la temática, los magistrados presidentes de los cuatro tribunales estatales y, también, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el seminario del Distrito Federal. En Sinaloa, el director jurídico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa presentó una ponencia. En el seminario del Distrito Federal, también participaron dos peruanos de organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan sobre el tema de la transparencia y acceso a la información judicial.
En nuestro trabajo, hemos encontrado que oportunidades para el intercambio regional son fundamentales en procesos de reforma, ya que los sistemas de justicia en América Latina son de origen y desarrollo similar, con sus diferencias, y que se han intentado distintas reformas en distintos países. Por lo tanto, ya existe una experiencia muy rica en la región que no es suficientemente conocida. Aprovechamos esta experiencia para conocer los avances, problemas, peligros, propuestas de solución, y desafíos que enfrentan el acceso a la información judicial en distintos países de la región. Un tema importante fue el rol de la tecnología, como instrumento fundamental para el acceso a la información pero algo que implica nuevos riesgos que hay que tomar en cuenta. Varias de las ponencias enfocaron la necesidad de encontrar un equilibrio entre el acceso a la información pública y la protección de información privada, entre la transparencia y posibles protecciones contra usos inapropiados o discriminatorios de la información.
El doctor Román Solís Zelaya, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, hicieron presentaciones destacando los avances impresionantes en acceso a la información judicial en sus respectivos países. En ambos países existen sistemas para procesar la información judicial y hacerla accesible para el público. En Costa Rica, el público tiene acceso electrónico a todas las sentencias judiciales. Para facilitar el acceso a la información disponible en forma electrónica, el Poder Judicial tiene computadoras disponibles al público. El programa pionero de transparencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica hace accesible información sobre el presupuesto y los gastos del Poder Judicial, licitaciones y compras directas, las actas de reuniones de la Corte Plena y el Consejo Superior de la Judicatura.
La doctora Arbeláez explicó que el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia ha hecho una gran labor para asegurar la transparencia del Poder Judicial. Incluso las evaluaciones judiciales realizadas por el Consejo Superior son accesibles al público, según las reglas sobre acceso público a documentos oficiales. La Ley General de Archivos de 2000 dispone "que las autoridades responsables de los archivos públicos y privados tienen la obligación de garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar, así como la honra y el buen nombre de las personas". Costa Rica y Colombia son dos de los países de la región que más han hecho para asegurar el acceso público a la información judicial. Ambas ponencias proporcionaron ejemplos de una amplia gama de áreas en las cuales un Poder Judicial puede establecer prácticas transparentes y esfuerzos innovadores para proporcionar acceso electrónico.
El doctor Miguel González Pino, de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile, habló de la necesidad de una política de comunicaciones. Explicó que la Corte Suprema de Justicia de Chile tomó la iniciativa de establecer una Dirección de Comunicaciones para, entre otras cosas, "relacionar al Poder Judicial con los medios de comunicación, facilitando el acceso de los periodistas a las fuentes judiciales, entregando informaciones de interés y creando vínculos con los medios de comunicación". Su trabajo incluye labores de acercamiento a los medios. El doctor González Pino destacó, "que la sola puesta en marcha de la Dirección de Comunicaciones y la difusión entre los magistrados de sus objetivos ha incentivado la implementación por parte de éstos de acciones de comunicación... que antes no se realizaban por temor a ser reprendidos por los superiores, en atención a la política de cierre hacia la comunidad que existía al interior del poder judicial". Enfatizó que, por lo menos en el caso chileno, el acceso a la información del Poder Judicial no requiere una ley aunque la legislación puede ayudar mucho; sin embargo, subrayó que la voluntad es fundamental.
El doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, profesor de derecho de la Universidad Católica de Córdoba, y ex juez Federal en la Ciudad de Córdoba, habló de avances, retrocesos y complejidades en el tema del acceso a la información judicial en Argentina. Explicó que, a pesar de una ley que hace públicas las declaraciones juradas de bienes de los jueces, la Corte Suprema de Justicia se opone a hacerlas públicas y estableció una serie de trabas para el acceso a la información. En 2002, dos organizaciones de la sociedad civil en Argentina presentaron un amparo contra lo resuelto por la Corte. Según el doctor Rodríguez Villafañe, "Ahora no solo se desea que se hagan conocer los fallos de la justicia, sino también observar que los jueces sean probos, indepen-dientes e imparciales, además, controlar si los magistrados y funcionarios judiciales respetan el debido proceso en las causas a su cargo, si ayudan a consolidar la seguridad jurídica, entre otros tantos perfiles fundamentales para la sociedad y su futuro".
El doctor Carlos Gregorio, del Instituto de Investigación para la Justicia de Buenos Aires, explicó que la difusión de sentencias en internet es una garantía del principio de igualdad ante la ley. Contó su experiencia en crear una base de datos de decisiones judiciales sobre daños y perjuicios. Antes existían decisiones judiciales dispares e impredecibles que dificultaron acuerdos negociados. El establecimiento de la base de datos llevó a la auto-regulación con decisiones judiciales más cuidadosas, ya que los jueces empezaron a tomar en cuenta que se les publicarán en internet, y favorece acuerdos extrajudiciales. El doctor Gregorio recalcó la importancia de hacer públicas las sentencias. Notó que deben ser sentencias completas y no limitarse necesariamente a las sentencias firmes. Hizo énfasis en el tema de la finalidad de la difusión de información y el peligro que la publicidad indiscriminada de la información judicial puede producir resultados inesperados: por ejemplo, discriminación, información sobre víctimas menores, de delitos sexuales, o bases de datos de los burós de crédito que utilizan los datos para discriminación laboral.
En el seminario en el Distrito Federal, el doctor David Lovatón, del Instituto de Defensa Legal de Perú, describió la falta de transparencia en el proceso de ratificaciones de jueces y magistrados por parte del Consejo de la Magistratura. Cabe destacar que, con el establecimiento de Consejos de la Magistratura y Consejos de la Judicatura, hay que asegurar la transparencia de sus actuaciones en procesos de selección, evaluación, ratificación y/o disciplina.
El licenciado Humberto Villasana Falcón, director jurídico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, expuso sobre los aspectos de la nueva ley estatal de acceso a la información pertinentes para el Poder Judicial. Explicó que para los efectos de aplicación de la Ley "el Poder Judicial es considerado como una entidad pública y sujeto obligado por la misma, por lo cual resulta indispensable la estructuración de trabajos tendientes a solventar la información mínima de oficio estipulada por la Ley, así como la estructuración de los mecanismos adecuados para recibir y resolver solicitudes particulares de información que se realicen por las personas". Subrayó que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es "algo totalmente novedoso para la sociedad sinaloense". También resaltó el desafío del cambio al señalar que el Poder Judicial tradicionalmente es uno de los poderes estatales que presentan mayores dificultades para compartir la información.
El magistrado Felipe Borrego, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, también recalcó la importancia de la transparencia judicial y la voluntad del Poder Judicial para cambiar:
Cuando los medios de comunicación y consecuentemente la sociedad nos conozca, creceremos en lo sustantivo, pero además, si abrimos nuestra información nos volvemos transparentes y la sociedad será nuestra real contraloría, que en todo régimen democrático debe ser normal. No tengamos miedo al cambio, en el Poder Judicial queremos avanzar, y queremos ser transparentes porque nada ocultamos y por estar convencidos de que la sociedad debe conocer nuestra actividad.
La ministra de la Suprema Corte de la Nación, Olga Sánchez Cordero, presentó información sobre los importantes avances del Poder Judicial de la Federación en materia de acceso a la información judicial. Citó algunos de los acordados de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia los cuales enfocaron la cultura jurídica judicial, la difusión de las resoluciones judiciales, el acceso a la información pública y los medios de comunicación. Las acciones acordadas en la Cumbre incluyeron establecer una política de comunicaciones y potenciar el derecho a la información, dentro del marco del derecho vigente en cada país. Enfatizó la obligación de las instituciones del Estado de "transparentar su actuación, de actuar de cara a la sociedad a la que se deben, de proporcionar la información que a los ciudadanos.... les sea útil". Recalcó que la información genera confianza, elemento esencial para la aceptación de los cambios institucionales.
Como explicó el doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el derecho a la información es fundamento de toda democracia. Sin embargo, señaló que, aun en Estados Unidos, el derecho a acceso a la información judicial no es absoluto. Si bien hay una presunción a favor del acceso, existen varias excepciones, para proteger, entre otros, a menores, víctimas de delitos sexuales, información privada, informantes y la seguridad nacional. Para algunos procedimientos la inaccesibilidad puede ser absoluta y, en otros casos, la restricción es relativa y depende de la existencia de un interés público superior (compelling interest). En Estados Unidos según la tradición del common law, el tribunal tiene que decidir si existe algún interés superior y, si lo encuentra, buscar los medios menos restrictivos al prohibir acceso a la información. El doctor González Alcántara enfatizó que en México no se cuenta con un sistema de reglas creadas por precedente judicial y existe la necesidad de "legislar con mucha cautela las excepciones al principio de apertura". Recalcó la importancia de la transparencia y de la armonización del interés público a la información con el interés privado a la intimidad.
La discusión de la nueva situación generada por el uso del internet y la coyuntura actual en Estados Unidos de América con la guerra contra el terrorismo, demuestra que el tema del acceso a la información judicial sigue evolucionando, aun en países con larga tradición del acceso a la información. El acceso a la información judicial por internet ha llevado a una reconsideración del tema en varios aspectos; por ejemplo, el peligro de publicitar por internet información privada que anteriormente había que buscar en persona en los tribunales. Además, en el momento actual, el gobierno de Estados Unidos busca reducir el acceso a la información sobre ciertos procesos de inmigración y penales para personas sospechosas de tener vínculos con el terrorismo. Ahora los tribunales federales de Estados Unidos han recibido demandas que les dan la tarea de revisar las nuevas reglas, leyes y políticas para evaluar si existe el balance adecuado entre al acceso a la información y la protección de la seguridad nacional.
En todos los seminarios, encontramos un interés notable en el tema, tanto por parte de los que están trabajando en la implementación de la nueva legislación de acceso a la información pública como por parte de miembros de los distintos poderes judiciales. Cabe destacar que la sociedad civil, incluyendo el mundo académico, las ONG y los periodistas, tiene un papel fundamental en la transparencia judicial. Esperamos que las ponencias y artículos incluidos en esta revista servirán como insumos y aportes a la discusión del tema importante y complicado del acceso a la información judicial.
* Directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Legal.
** El estudio comparativo fue parte de un estudio global realizado por USAID en conjunto con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y publicado en la guía Pautas para la promoción de la independencia y la imparcialidad judicial (visible en www.usaid.gov/democracy/); el estudio comparativo sobre América Latina, "Iniciativas para mejorar la independencia judicial en América Latina: una perspectiva comparativa", y los informes de los distintos países están disponibles en www.dplf.org.