Finalmente, no se pierda de vista que cada una de estas tres funciones requieren de una vocación y de una preparación singulares, que corresponden a personas con perfiles diferentes.
4. La sencillez y modernidad del proceso
El nuevo proceso será sencillo, comprensible y moderno.
Simplificar los trámites judiciales sin demérito de las garantías del contradictorio y suprimir las formas inútiles, deberá ser uno de los objetivos principales del Proyecto; aquellas deberán ceñirse al mínimo indispensable, como garantías técnicas de lealtad y de disciplina procesal.
5. La idea del proceso único
El Proyecto de Código Procesal Modelo, prohijará la idea de un proceso tipo, de carácter oral y por audiencias como más adelante se precisará, reduciendo los procesos especiales a los casos particulares en que la naturaleza del litigio lo exija.
Por cuanto a los procedimientos voluntarios y sucesorios, en los casos en que no exista controversia, como por su naturaleza no son propiamente jurisdiccionales, su conocimiento también podrá confiarse a los notarios públicos, a quienes como auxiliares de la administración de justicia, también podrá atribuírseles la práctica de otras diligencias.
6. La adaptabilidad del proceso a las exigencias de la causa
Sin dejar del lado el sistema de legalidad en la forma, el proyecto deberá de atemperar su excesiva rigidez adoptando, en vez de un procedimiento construido todo el de una pieza, un procedimiento compuesto de piezas desmontables y diversamente combinables entre sí.
De esta forma se podrá en cada caso, de acuerdo con la sensibilidad de las partes y la prudencia del juzgador, suprimir o agregar actos procesales, abreviando o modificando el proceso en consonancia con los fines sustanciales de la justicia.
7. La oralidad
Es evidente que si entre los principales defectos de todo proceso, se encuentra su excesiva lentitud, la falta de inmediación de los sujetos de la relación procesal, su desarrollo fragmentario y discontinuo, su entorpecimiento por un complicado sistema de impugnaciones e incidentes, y si entre los factores que más contribuyen a esta situación se halla el predominio de la forma escrita; la solución más adecuada consiste en implantar un proceso en el que domine la oralidad como técnica de sustanciación, y en el que rijan los consecuentes principios de la inmediación, la concentración de los actos procesales, la publicidad, la inapelabilidad de las resoluciones interlocutorias, la identidad física del juez, la libre valoración razonada de las pruebas y la dirección judicial del debate.
El proceso oral, también llamado concentrado o por audiencias, transformó el proceso común europeo; es también el tipo de proceso predominante en el sistema procesal angloamericano; en Latinoamérica se ha producido un amplio movimiento a su favor y de ahí que puede afirmarse que es una de las grandes tendencias evolutivas del proceso civil contemporáneo.
Ahora bien, si la parte esencial del proceso oral esta constituido por las audiencias, valdría, en breve ejercicio, determinar el número a celebrar en el proceso tipo que se propone:
- p align="justify">En la fase inicial, existiría una primera audiencia con funciones similares a la preliminar austriaca o al despacho saneador brasileño o al pre-trial norteamericano o a la summons for directions inglesa o a la de saneamiento dispuesta en algunos códigos de la República y del Distrito Federal, con el objeto de intentar la conciliación, examinar y resolver todas las excepciones y presupuestos procesales y fijar el objeto del proceso. Esta audiencia estaría a cargo del juez instructor si se le diere cabida en el ordenamiento.
En la fase de conocimiento, tendrían lugar no más de dos audiencias, dependiendo de la naturaleza y número de pruebas. Estas audiencias estarían a cargo del juez de conocimiento, quien tendría a su cargo la actividad probatoria, escucharía el alegato de las partes y pronunciaría el fallo.
En la fase de ejecución, se verificaría la audiencia tradicional de remate o las que en su caso fueren necesarias para obtener la ejecución de la sentencia, presididas por el juez de ejecución, cuya creación se sugiere.
No hay necesidad de aclarar que el procedimiento que se propone no es enteramente oral sino predominantemente oral, consecuentemente, el planteamiento del litigio debe hacerse por escrito, en la demanda y contestación en las que se deben ofrecer pruebas y acompañar los documentos fundatorios.
La oralidad hará más fáciles, más sencillas y más naturales las relaciones entre el juez y las partes; las argucias y las reticencias que fácilmente anidan en los formalismos del procedimiento escrito, serán eliminadas gracias a la intervención del juez frente a las partes.
Por último, grabaciones, videos y estenógrafos, podrían en su caso, remplazar las actas por escrito, acentuando el carácter oral del procedimiento.
8. La inmediación
En el procedimiento actual, prácticamente, el juez conoce los hechos del proceso porque se las refieren; excepcionalmente, porque los ve.
Frente a esta observación, sólo se alza un argumento: que el juez necesita su tiempo para hacer sentencias.
Cierto es que, la implementación del proceso oral, tal y como se propone, tendrá que conducir a la inmediación, más de existir una audiencia preliminar y un juez instructor con amplias facultades para conciliar, es seguro que el número de procesos en los que las controversias subsistan y que, por ende, deban ser atendidos por el juez de conocimiento, se reducirán sustancialmente, y en igual forma se reducirán las audiencias que deba atender, por lo que en principio no será necesario incrementar el número de jueces, al menos por lo que hace a los de conocimiento, como suele suceder cuando se establece el proceso oral.
En paralelo, para suprimir trabajo innecesario al juez de conocimiento, habrá de disponerse que las declaraciones de parte o de terceros con fines no controversiales, las reciban los notarios o en su caso, los jueces instructores; por aparte se simplificará la práctica de estas pruebas.
9. El impulso de oficio
Un Proyecto de Código inspirado en móviles sociales, que ve en la justicia el cumplimiento de un fin esencial del Estado y que no puede desentenderse de los casos que se someten a los tribunales porque en ellos está involucrado el propio prestigio de éste, no puede desinteresarse de la marcha del proceso.
Es natural entonces que aun cuando su iniciativa y disponibilidad se deje en manos de las partes, su impulso se desplace hacia los órganos de jurisdicción.
El absurdo fenómeno, tolerado hasta ahora, de un procedimiento que permanece en vida sin avanzar, no será ya concebible en los términos del Proyecto.
Ello presupone introducir la preclusión en sus términos más amplios, la caducidad de la instancia en algunos supuestos y la suspensión concordada del procedimiento, que el juez instructor podrá conceder a instancia de parte, a fin de facilitar el desarrollo de negociaciones extrajudiciales entre ellos.
10. Bilateralidad del proceso
Ninguna reforma procesal en un país democrático puede dejar de asentarse sobre el principio de la bilateralidad del proceso, cuya formulación se resume en el aforismo de tradición secular auditur altera pars, y se expresan en el deber que tiene el juzgador de otorgar una participación análoga a ambas partes y de escucharlas por igual.
Cierto es que la tradición de nuestro proceso es la bilateralidad y el contradictorio, más en el Proyecto deberán darse nuevas directivas a este principio. En este sentido, la confesión ficta asumirá a lo largo de todo el proyecto un extenso significado. Sobre ella, se apoya el proceso abreviado, una de las innovaciones más significativas del mismo.
El proceso abreviado será en apariencia unilateral, porque comenzará con una orden de pago o restitutoria expedida sin audiencia de parte, tal y como ocurre con el proceso monitorio que ha dado frutos insospechados en los códigos europeos modernos, no obstante el debate se dará en caso de oposición y el proceso recuperará su bilateralidad.
11. El sistema de las pruebas
Sin la prueba del derecho estaríamos expuestos a su irreparable violación por los demás, y el Estado no podría ejercer su función jurisdiccional para protegerlo. Gráficamente expresa ese concepto, el viejo adagio: tanto vale no tener un derecho cuanto no poder probarlo.
En esta materia, el Proyecto atenderá con el mayor cuidado las reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios de prueba que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso, evitando con una amplia serie de previsiones las argucias, dilaciones u ocultamientos ya conocidas, empleadas por litigantes de mala fe.
Por otra parte, se dará entrada a nuevos medios probatorios de acuerdo con los últimos avances de la ciencia. Y serán las reglas de la sana crítica las que sirvan de base para apreciar todas las pruebas, a fin de que sea el juez en realidad quien disponga el resultado de aquellas, sin la inconveniente prefabricación de las partes a la que dé lugar la prueba tasada.
12. El sistema de los medios de impugnación
En el régimen impugnativo previsto en los Códigos actuales se encuentra uno de los mayores factores de complicación y aun de entorpecimiento del proceso civil, por lo que el Proyecto planteará diversas bases para su regulación.
Como punto de partida, será indispensable reducir el amplio elenco de clases de resoluciones judiciales a tres, igual que como lo previene el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles: "Decretos, si se refiere a simples determinaciones de trámites, autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio".
Los medios de impugnación deberán también reducirse. Sólo se establecerán tres recursos: el de reconsideración (equivalente al actual de revocación o reposición), de carácter horizontal, contra autos de importancia y sin efectos suspensivos; el de queja, similar al previsto actualmente de carácter vertical y especial,
sólo contra determinados autos denegatorios; y el de apelación, de carácter vertical y ordinario, sólo contra sentencias y excepcionalmente contra autos en cuyo caso será en el efecto preventivo. En todos los casos, el inconforme deberá expresar sus agravios en el mismos escrito de impugnación. Los incidentes, particularmente el de nulidad, se reducirán al mínimo y se analizará la conveniencia de instituir el proceso impugnativo de la cosa juzgada fraudulenta, en los términos que se regula en los Código de Coahuila, Morelos, Sonora y Zacatecas.
13. La mayor eficacia de los procesos de ejecución
No obstante, el problema práctico de la ineficacia de nuestra justicia, no se resuelve solo con las medidas de simplificación del procedimiento; requiere algo más, asegurar con todos los medios posibles el cumplimiento de los fallos judiciales.
La ejecución debe cumplirse segura y enérgicamente. En este sentido, deberá acogerse la solución del derecho anglosajón que configura como desacato el incumplimiento malicioso de las órdenes judiciales.
Sin embargo, el Proyecto de Código Procesal también deberá orientar la solución por otro camino, el de las medidas cautelares, pues de la mayor efectividad que se les dé, dependerá, en buena medida, la conservación de la materia litigiosa y, consecuentemente, la eficacia de la sentencia y del proceso.
Para conferirle eficacia a la ejecución procesal, el Código deberá prever medidas de apremio eficaces (como los astreintes del derecho francés) y fórmulas para investigar el patrimonio del deudor (como la declaración jurada del derecho alemán y austriaco); también sería conveniente prever el ajuste de las deudas en dinero en periodos de crisis, obrando a favor del acreedor, cuando haya grave depreciación de su crédito, o a favor del deudor, cuando exista excesiva onerosidad.
Como el juez de conocimiento en la fase de cognición, así también el juez de ejecución, de llegar a establecerse, estará en el centro del proceso ejecutivo para dirigir, coordinar y estimular los intereses de quienes en él participen.
14. La lealtad y probidad en el debate judicial
El proceso civil debe ser considerado por las partes y sus abogados como un instrumento del Estado para solucionar conflictos con arreglo a derecho, y no como una hábil maquinación para obtener la satisfacción de pretensiones injustas o ilegales.
Siendo notorio que es posible vencer por fatiga, cuando no se puede vencer por derecho, son numerosos los litigantes y los profesionales que optan por la vía de la dilación para resolver en su favor litigios que forzosamente habrían de decidirse en su contra. Y la vía de la dilación consiste, normalmente, en la interposición de recursos inmotivados, en la producción de pruebas innecesarias, de tachas injustificadas, en la promoción de incidentes improcedentes, en la deducción de excepciones dilatorias puramente imaginarias, etcétera.
El problema de la duración de los procesos deriva así, en gran medida, en el problema de la inmoralidad, de la falta de probidad y de lealtad en la lucha judicial. Por ello, el Proyecto deberá establecer, como ya lo han hecho los más modernos códigos procesales, el deber de las partes y de sus abogados de comportarse con lealtad y probidad, evitando la mala fe procesal. El juzgador deberá ser provisto de las más amplias facultades para desechar de plano los incidentes, recursos y promociones notoriamente improcedentes y sancionar económica y penalmente la conducta maliciosa de aquéllos.
15. La igualdad de las partes
En el modelo del Estado de derecho, más allá de la crisis por la que hoy atraviesa, los derechos plasmados en la Constitución, no son sólo garantías jurídico-formales, sino derechos plenos y operativos que exigen efectiva realización material. Su violación o su falta de virtualidad impone directamente al Estado un deber de aseguramiento positivo, una acción encaminada a vencer los obstáculos del camino hacia su concreción.
La defensa judicial de los derechos asume una significación superlativa, porque su consagración exige el libre e irrestricto acceso a la jurisdicción. De ahí que la garantía de igualdad procesal de las partes, ostente jerarquía constitucional y que la cuestión de la igualdad ante la Ley se traduzca ahora en el tema de la igualdad ante la justicia.
Precisamente, a la remoción de los obstáculos de todo tipo, especialmente económicos, que impiden el libre acceso a la jurisdicción, tienen ciertas instituciones legales equilibradoras que se introducirán en el nuevo Código, entre ellas la organización de la asistencia jurídica integral, el vencimiento atenuado en materia de costas procesales, y la suplencia a favor del débil en caso de deficiencia de sus planteamientos.
16. Los juzgados de pequeñas causas
En el marco de la propuesta de un Estado social de derecho, que privilegia los contenidos sociales, la justicia de "menor cuantía" ocupa un rango preferencial que merece la mayor atención del poder público.
No se trata solamente de salvaguardar la paz social, comprometida en todo tipo de conflictos, sino que en este cuadrante, además, está en juego la necesidad de atender de un modo particular los problemas que, por su propia naturaleza, aquejan precisamente a ciertos sectores de la población comúnmente los de mayores carencias culturales y menores recursos económicos y que por lo general, no encuentran adecuada solución en los carriles de la justicia tradicional.
De ahí que la "menor cuantía" no deba ser atendida ya como predicado minorante de un servicio concebido como "de segunda". La igualación en concreto que se postula para todos los ciudadanos, implica el acceso irrestricto y, desde luego, igualitario a la justicia, y no sólo para la solución de conflictos "mayores" sino, también las "pequeñas controversias", en que tales litigantes arriesgan, casi siempre, sus "grandes" derechos.
Es en el marco de estas ideas que asistimos, en la mayoría de los países, a un resurgimiento del interés por el tema de la justicia de "menor cuantía", que ha pasado abruptamente de un segundo y obscuro plano en que se mantuviera confiada mucho tiempo, a ocupar crecientemente la atención de los estudiosos del derecho procesal y de quienes orientan la política jurisdiccional.
Cuales hayan de ser las medidas para dar paso a la justicia de "menor cuantía" y cuales los procedimientos que en ella deben observarse, será materia del Proyecto. Por lo tanto, la localización geográfica de estos juzgados en diferentes rumbos de las poblaciones importantes, que los identifiquen con otros servicios comunitarios; o al menos el establecimiento de uno, en las poblaciones de menor importancia; así como un procedimiento informal, expedito, oral y con inmediatez del juez, son temas que necesariamente deberán ser tratados.
17. Los medios de solución alternos
Aun cuando se consiguiera una organización judicial perfecta y unas normas de procedimientos ideales, el proceso seguiría siendo una carga: la declaración procesal del derecho habría originado unos costos inevitables a las partes y al Estado y habría consumido un tiempo que en definitiva redundaría en detrimento del derecho declarado.
No debe extrañar por tanto que las soluciones alternas de la mediación, la conciliación y el arbitraje, sean consideradas con la mayor amplitud en el Proyecto.
18. La adopción de los nuevos progresos científicos y mecánicos
De poco servirá un Código nuevo en el que se adopten las más modernas tendencias del derecho procesal, si en la práctica la función jurisdiccional no se moderniza y se le apoya con los nuevos procesos científicos y mecánicos.
A través de la informática y la cibernética podrá facilitarse la formación de los expedientes judiciales. El control de la presentación de promociones y la notificación en pantalla o por correo electrónico también podrán efectuarse por este medio. Asimismo, podrán ensayarse las audiencias virtuales a distancia.
Los sistemas de audio y video podrán ser utilizados como respaldo de las audiencias y de esta forma dar paso a un auténtico proceso oral.
El empleo del fax o el correo electrónico, junto con la digitalización de firmas, podrán agilizar la remisión de exhortos y despachos, así como de otras documentaciones urgentes.
VIII. ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Los avances de la doctrina procesal, al jerarquizar y enlazar las distintas instituciones, permiten agrupar las normas positivas en libros, de los que se desciende a través de títulos, capítulos, secciones y artículos, para regular de manera ordenada, lógica y congruente los diferentes aspectos que serán abordados en el Proyecto de Código Procesal Modelo para la República Mexicana.
Aun cuando no pueda fijarse a priori el número de artículos que integrarán el Proyecto, el examen de los ordenamientos más recientes que rigen en otros países o en algunos estados de la República, nos permite anticipar que estará conformado por no más de un millar de artículos.
Cada artículo llevará su apostilla o brevete para facilitar su consulta, lo que constituirá un avance en la técnica legislativa y un medio de orientación para su uso eficiente.
El lenguaje que se utilizará será llano, directo, de la máxima claridad y sencillez posible, al alcance del común de las personas.
El Proyecto será elaborado siguiendo un plan riguroso. Su distribución aspira a ordenar las instituciones de tal manera, que su propia colocación permita llegar a ellas sin mayor esfuerzo.
El Proyecto se iniciará con un Libro Primero en el que bajo la denominación de Parte General o Disposiciones Generales, se incluirán todas las disposiciones comunes a los procesos. Contiene, en sus diversos títulos, capítulos y secciones, disposiciones de carácter integral que regulan, con ese mismo carácter en cuanto aplicables a los diversos tipos procesales lo relativo a todos los sujetos del proceso y actos que lo integran:
El título I, establecerá los principios generales. En este título se consagrarán los principios fundamentales que señalarán la orientación del Proyecto y servirán para su adecuada interpretación. Ellos son los que, desde hace tiempo, aceptan la doctrina universal y nacional; pero no se reducirán a meras declaraciones programáticas, sino que a lo largo del Proyecto serán concretadas en disposiciones que permitirán su efectividad práctica.
El título II tratará de la aplicación de las normas procesales y de su interpretación.
El título III se referirá al órgano jurisdiccional. La concepción publicista del Proyecto, introducirá una importante variante en el orden sistemático: la mayoría de los códigos vigentes se plantean los problemas desde el punto de vista de la parte que pide justicia; el Proyecto los encarará desde el punto de vista del juez que debe administrarla; mientras un buen número de códigos actuales, considera la acción como un prius de la jurisdicción; el Proyecto, invertirá los términos del binomio y considerará la actividad de las partes en función del poder del juez.
El título IV tratará de las partes. Además de la capacidad y la personalidad, se regulará expresamente lo relativo a la sucesión de parte, las modificaciones a la capacidad de ésta durante el curso del proceso y lo relativo a la intervención de abogados y procuradores.
Respecto del régimen de litisconsorcio y la intervención de terceros, se introducirán las más modernas orientaciones establecidas en los Códigos más recientes. Se añadirá lo relativo a los intereses difusos, tema novedoso en el ámbito del derecho procesal. El tema de la responsabilidad de las partes y de sus abogados será, sin duda, uno de los más polémicos.
El título V tratará de los actos procesales y abarcará diversos capítulos donde se regulará todo lo relativo a cada uno de los diversos actos que integran el proceso. Este título se ocupará de los actos procesales en general, de los escritos de las partes, de las comunicaciones procesales, de los plazos, de los expedientes, de la nulidad de los actos procesales. También se ocupará de regular las pruebas y de las resoluciones judiciales.
El título VI regulará los medios de impugnación de las resoluciones judiciales.
El título VII se ocupará de los modos anormales de terminar el proceso.
El Proyecto contendrá un Libro Segundo que bajo la denominación de Parte Especial o Desarrollo de los Procesos, regulará los diversos tipos de procesos, determinando lo concerniente a su forma y circunstancias en las que proceden, agrupándolos en diversos títulos en función de su naturaleza jurídica:
El título I se referirá a los procesos preliminares.
El título II regulará los procesos cautelares.
El título III se ocupará de los procesos incidentales.
El título IV tratará de los procesos de conocimiento y abarcará: los ordinarios, los extraordinarios y el monitorio.
El título V se ocupará del proceso de ejecución.
El título VI reglamentará los procesos universales sucesorios y concursales.
El título VII aludirá al proceso arbitral.
El título VIII tratará del proceso voluntario.
La estructura del Proyecto de Código Procesal Modelo para la República Mexicana podrá ser como sigue:
IX. CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
El periodo para la preparación del Proyecto del Código Procesal Modelo para la República Mexicana, comprenderá: de la primera semana del mes de mayo de 2002 a la última semana del mes de noviembre de 2002.
X. RESULTADO FINAL
La elaboración de un Código Procesal Modelo para la República Mexicana, con vocación nacional, que pueda adoptarse e incorporarse en la legislación interna de las entidades federativas y del Distrito Federal y que a su vez sirva de base, en lo conducente, al Código Federal de Procedimientos Civiles.
México, Distrito Federal, a 10 de abril de 2002.