Cuéllar Vázquez, Angélica, La justicia sometida. Análisis sociológico de una sentencia, México, Miguel Ángel Porrúa-UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2000.
¿Cómo se entrecruzan la legalidad y la política?, ¿qué influye a los jueces cuando escriben sus resoluciones?, ¿cómo opera la transformación del texto abstracto de legislación en una mandato específico?
Éstas son algunas de las preguntas que Angélica Cuéllar intenta contestar en La justicia sometida. Análisis sociológico de una sentencia. La autora empieza por cuestionar algo que para los abogados constituye un axioma: el estricto apego a la ley en la elaboración de las sentencias. En su argumentación nos mostrará cómo detrás de las resoluciones judiciales es posible encontrar intereses, códigos lingüísticos, y muchos otros elementos que hacen que el documento resulte algo más que un mero acto de aplicación de la ley.
El trabajo se inscribe dentro de la sociología jurídica, ésta vez a cargo de alguien que se formó en las ciencias sociales, pero que se interesa por los fenómenos jurídicos. Es precisamente esta perspectiva la que hace que el libro que me ocupa resulte especialmente rico para los abogados.
El libro se centra en primer término en lo que la autora denomina la función judiciaria. La autora narra la forma en la que operan los jueces dentro de las instituciones que administran justicia y, en general, en la sociedad. Su trabajo empieza por subrayar los ajustes experimentados por el Poder Judicial federal a partir de la reforma de 1994. Posteriormente, aborda el proceso seguido en contra de Javier Elorriaga por su presunta pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En este apartado, Cuéllar introduce algunas consideraciones sobre el resultado del caso a la luz del contexto político-social imperante. El trabajo concluye con algunas reflexiones sobre la forma en la que los jueces construyen sus resoluciones.
En el apartado relativo a la reforma del Poder Judicial federal, Cuéllar narra la mecánica de su implementación. El objetivo principal es ilustrar los efectos de las reformas desde el punto de vista del Poder Judicial. En ese sentido, el estudio incorpora testimonios de funcionarios jurisdiccionales a través de los que se intenta reconstruir los efectos de los cambios en la institución. El apartado es especialmente interesante para conocer la forma en la que los miembros de la judicatura recibieron el cambio institucional. En estas conversaciones destacan aspectos como la soledad del juez, el debilitamiento de los ministros de las Suprema Corte de Justicia de la Nación al interior del Poder Judicial y los nuevos actores que cuestionan su actuación: el Consejo de la Judicatura y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las entrevistas revelan diversas perspectivas sobre la organización judicial. Sin embargo, destacan aquellas que se ocupan de la carrera judicial y sus efectos. En ese sentido, algunos funcionarios jurisdiccionales son críticos con las garantías de permanencia en el cargo. El argumento principal radica en la pérdida del control sobre la designación del personal que labora en sus unidades. Otros jueces manifiestan su preocupación por la calidad del trabajo legislativo. También es frecuente encontrar referencias relacionadas con las dificultades que enfrentan los jueces ante la actuación de los agentes del ministerio público.
Las reflexiones sobre la recepción de la reforma judicial y los efectos sobre la independencia de las instituciones que administran justicia, llevan a Angélica Cuéllar a su principal preocupación: ¿cómo se construyen las resoluciones de los jueces? Para responder esta interrogante empieza por analizar el peso de las relaciones personales, los efectos de la influencia política, y el papel de los medios de comunicación. A partir de esto, cuestiona la aparente "soledad" en la que los jueces desarrollan su trabajo, para introducir un ambiente mucho más complejo en el que la soledad del juez desaparece frente a una multitud de experiencias, mensajes y códigos que lo rodean al dictar sus decisiones.
En el capítulo segundo, la autora presenta el análisis de un caso. Se trata del proceso seguido a Javier Elorriaga por su presunta participación en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al plantear el asunto, Cuéllar utiliza aspectos como la jerarquía existente al interior del poder judicial y las presiones del poder ejecutivo sobre el judicial, para establecer las circunstancias institucionales imperantes cuando el caso se presentó. De ello, concluye que los jueces pueden ser muy vulnerables en semejante contexto.
Ahora bien, la argumentación de Cuéllar no es desde el punto de vista técnico jurídico. Esto no es necesario para su hipótesis de trabajo. Su discusión se centra en identificar cuáles son las variables que tienen mayor peso en la construcción de la resolución. El análisis inicia considerando que los valores y las inclinaciones de los jueces son cuestiones que necesariamente trascienden en la sentencia. No obstante, reconoce la dificultad para aislarlos en el estudio de una sentencia en particular. Pero al lado de estas variables subjetivas, encontramos un contexto socio-político que también puede jugar un papel fundamental. Dicho contexto y una incipiente independencia judicial representan una combinación difícil de resistir para un juez obligado a conocer un asunto en el que hay mucho en juego. Bajo este panorama la seguridad de la correcta aplicación del derecho pasa a un segundo plano. Cuéllar argumenta que el juez debe condenar a pesar de que la evidencia no es convincente. Cabe añadir que en estos pasajes los comentarios a los contenidos de la sentencia son frecuentes y se echa de menos la inclusión del texto de la sentencia.
El capítulo tercero se centra en lo que la autora denomina "el proceso paralelo", es decir, "la cara pública del proceso judicial". Al efecto, se ofrece la narración de los acontecimientos que rodean a los actores durante el proceso, así como las estrategias empleadas para mejorar su posición. En la parte final se analiza el texto de la resolución que revoca la condena de Elorriaga.
En el fondo, Cuéllar alude en su libro a un problema fundamental en la administración de justicia contemporánea. Se trata de la cuestión de la independencia de los jueces para emitir sus fallos. En ese sentido, no sólo preocupa que los juzgadores sean inmunes a las presiones que pudieran recibir desde el interior de sus instituciones o aquellas provenientes de los otros dos poderes. También es clave generar condiciones que permitan que las presiones de la prensa y la sociedad en general, tengan un efecto limitado sobre la forma en la que se construye la decisión. De alguna manera, puede sostenerse que la meta es reducir los incentivos que puede tener el juzgador para someterse a los "juicios paralelos" que se suelen construir en los casos que tienen especial eco en su comunidad. Si bien su preocupación se centra concretamente en la construcción de la resolución, el trabajo de Cuéllar analiza claramente la posición del juez, como el garante máximo de los derechos de los ciudadanos y su aparente debilidad para ejercerla debidamente. Incluso pareciera que el juzgador prefiere optar por el camino más fácil y evitar el enfrentamiento mediante la emisión de una sentencia condenatoria. Esto último es también especialmente delicado. Dadas las características del procedimiento penal, los jueces suelen encontrar que es mucho más fácil dictar una resolución condenatoria que una absolutoria. Lo anterior pudiera parecer cierto no sólo desde el punto de vista técnico de la construcción de la resolución, sino también desde la perspectiva de sus relaciones con otros actores involucrados en la construcción social del procedimiento penal.
Si bien los avances en la construcción de la independencia institucional de los poderes judiciales parecen irreversibles tanto en el Poder Judicial federal como en los poderes judiciales de muchas entidades federativas, nuestra atención ahora debe centrarse en el fortalecimiento de la figura de los juzgadores en lo particular. La meta es construir un escenario que permita al juez actuar como un efectivo garante de los derechos de los ciudadanos. Desde luego que este proceso pasa no sólo por el aparato de procuración y administración de justicia, sino que también es necesario crear conciencia en la sociedad en general de la relevancia del papel del juez como garante de derechos. En consecuencia, el mensaje es claro, sin el fortalecimiento de la independencia de los jueces, no es posible hablar todavía de una efectiva independencia judicial.