El derecho a la inclusión e igualdad dentro del salón de clase

Publicado el 16 de mayo de 2017

Miguel Angel Morales Sandoval
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM,
Presidente de Diversidad con Igualdad y Equidad México, A.C.,
msandovalm@derecho.unam.mx

Angélica Sandoval Sánchez
Titular del Área de Operación del Servicio de Educación Secundaria,
angelica.sandoval@sepdf.gob.mx

La educación inclusiva tiene como base el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezcan sus vidas; debemos tener en cuenta que una ciudadanía multicultural e inclusiva necesita del impulso de un sistema educativo que dé acceso a todos los alumnos y que asegure a cada uno de ellos su permanencia y una enseñanza capaz de atender las diferencias existentes, de ahí la importancia por desarrollar acciones desde la escuela hacia la inclusión.

Este proceso de inclusión implica identificar y eliminar barreras de los contextos escolar, áulico y socio-familiar, impulsar la participación centrándose en el aprendizaje, promover políticas y prácticas para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos, involucrar el desarrollo de las escuelas tanto de los docentes como de los alumnos, tomando como punto de partida la realización de un análisis, evaluación y sistematización de información, para reconocer aquellas situaciones o condiciones que limitan el aprendizaje y la participación del alumnado.

En análisis a la inclusión educativa dentro del contexto internacional jurídico, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), la Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) y la Convención Sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), documentos que hacen referencia a la igualdad de todas las personas en cuanto a sus derechos sin distinciones de ningún tipo y el derecho de todos los niños a tener acceso a la educación.

Dentro de este contexto internacional surgieron iniciativas posteriores como la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien, Tailandia en 1990, que proclamó la necesidad de proporcionar oportunidades básicas de aprendizaje a todos los seres humanos; la Declaración y Marco de Acción de Salamanca de 1994, que centró su atención en el principio de la integración de las personas con necesidades educativas especiales en escuelas para todos; el informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación del Siglo XXI de 1996, presidida por Jackes Delors que permitió visualizar los cuatro pilares de la educación y aquellos fines a los que se dirigiría de manera sustantiva; el Foro Mundial de Educación de Dakar del 2000, que declaró la necesidad de una educación básica que incidiera favorablemente en la calidad de vida individual y en la transformación de la sociedad para todos en su condición de seres humanos, esta actividad posibilitó la publicación del Índice de inclusión para el desarrollo del aprendizaje y la participación en las escuelas.

Otras acciones se llevaron a cabo a lo largo de la década del 2000, las cuales derivaron en la emisión de diversos instrumentos internacionales como la Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva (San José de Costa Rica, 2004) en cual México se asumió como país rector del proceso, lo que le permitió contar con materiales y recursos de aplicación práctica en los centros escolares; y la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) dirigida a concretar acciones en los niveles social, político, educativo y cultural para la protección y reconocimiento de esta población; estas iniciativas, resaltaron que es el sistema educativo el que debe transformarse para atender a todos, y no el alumno el que debe adecuarse a la escuela, sentándose así las bases internacionalmente para una educación inclusiva desde un marco de derecho, equidad y calidad.

En el contexto nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o. señala:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El artículo 3o. Constitucional, a su vez, puntualiza el derecho educativo. En 1993 como parte del movimiento de Integración Educativa en nuestro país, se emitió desde el artículo 41 de la Ley General de Educación los fines y las características de la educación especial; volviéndose a reformar en los años 2000 y 2009 en respuesta a la integración de la Inclusión Educativa.

En el 2011 como consecuencia a la reforma constitucional en materia de derechos humanos en nuestro país, adhiriendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual promueve, protege y asegura el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el objetivo 3 señala: “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”.

Por lo anterior, las escuelas e instituciones educativas deben atender las particularidades de los grupos de la población que más lo requieren, desplegando estrategias que contemplen la diversidad cultural y lingüística, las discapacidades y en general, las barreras que impiden el acceso y permanencia en la educación de los grupos vulnerables.

Asimismo, el Acuerdo numero 592 por el que se establece la articulación de la educación básica, establece en su artículo segundo, los principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios de la educación, refiriéndonos específicamente al octavo principio que nos exhorta a favorecer la inclusión para atender la diversidad que, reconociéndola, hace efectivo el derecho a ofrecer una educación pertinente e inclusiva:

  • Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones sobre el mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular.
  • Inclusiva por que se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades, y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes.1

Los docentes deben promover entre los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural, y fomentar que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana; por lo que los docentes deben desarrollar empatía hacia las formas culturales y necesidades de los alumnos que puedan ser distintas a sus concepciones. Para atender a los alumnos que por su discapacidad cognitiva, física, mental o sensorial (visual o auditiva) se requieren de estrategias de aprendizaje y enseñanza diferenciadas, por lo tanto, es necesario que se identifiquen estas barreras para el aprendizaje con el fin de promover y ampliar en la escuela oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, participación, autonomía y confianza en sí mismos, ayudando a ello a combatir la discriminación.

En atención a la diversidad de las escuelas, la Unidad de Educación Especial e Inclusiva (UDEEI) es un servicio educativo especializado que, en corresponsabilidad con docentes y directivos, garantiza la atención de calidad con equidad al alumno que se encuentra en situación educativa de mayor riesgo de exclusión, debido a que su acceso, permanencia, aprendizaje, participación y/o egreso oportuno de la educación básica es obstaculizado por diferentes barreras en los contextos escolar y socio-familiar. Los profesores especialistas de UDDEI son figuras centrales en la escuela para el impulso en la generación de culturas y practicas inclusivas, colaborando con todos los miembros de la comunidad educativa, priorizando un trabajo corresponsable para el logro educativo.

Lo cierto es que en la práctica, a pesar de las modificaciones al marco jurídico y a las herramientas otorgadas, falta mucho por avanzar, como lo podemos observar, la política inclusiva, se enfoca en los profesores, quienes de manera real y tangible pueden tener dentro de un mismo salón de clase alumnos extranjeros que hablen sólo su idioma de origen, alumnos indígenas que hablen únicamente su dialecto, alumnos con discapacidad cognitiva, física, mental o sensorial (visual o auditiva), y alumnos con bajos recursos económicos, por lo que aunque se tenga el apoyo de UDEEI, el trabajo de un profesor es titánico, sin embargo no imposible, es fundamental que la reforma incluya, y de alguna forma concientice a los padres de familia, que en la mayoría de ocasiones son los que menos participan, a colaborar con esta tarea tan difícil que es la educación de sus hijos, ya que finalmente el verdadero aprendizaje sobre respeto e inclusión se observa fundamentalmente en la familia, si bien es cierto que en la escuela sólo debería reforzarse este conocimiento, pareciera ser que es todo lo contrario.

NOTAS:
1 Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la educación básica.



Formación electrónica e incorporación a la plataforma OJS,
Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero BJV

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