Chihuahua, dignidad ganada1

Publicado el 9 de febrero de 2018


María Marván Laborde

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
twitter@MarvanMaria
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y en Facebook

El sábado se firmó en la Secretaría de Gobernación el acuerdo político que construyó la salida al conflicto entre el gobierno de Chihuahua, encabezado por el gobernador Javier Corral, y el gobierno federal, fundamentalmente, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lamentablemente, la cobertura mediática se centró en quién ganó y quién perdió. Periodismo de pelea de gallos. Pareciera que en todo acuerdo político siempre debe haber un perdedor al que hay que humillar hasta las últimas consecuencias. Difícil fomentar el pluralismo con esta visión de vencedores y vencidos.

Puestos en este terreno, si hay que declarar quién ganó esta partida, creo que fue Corral. Quienes lo acusaron no sólo de haber perdido, sino de haber vendido la dignidad del pueblo de Chihuahua, creo que poco entendieron. Sí se le van a pagar 900 millones de pesos es porque el inicio del conflicto fue, precisamente, la retención de los recursos del ramo 23 que por convenio le habían sido comprometidos.

A principios del año hizo la denuncia y acusó que el manejo discrecional de los recursos de Hacienda tenía un trasfondo político que se originó en la detención de Alejandro Gutiérrez, acusado de desvío de recursos del gobierno de Chihuahua a favor de las campañas del PRI cuando César Duarte era gobernador. Éste último se encuentra prófugo de la justicia en el extranjero y ha habido una sorprendente lentitud para los trámites de extradición que corresponden al gobierno federal.

Los pretextos esgrimidos por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para no haber entregado el dinero en tiempo y forma, antes de que concluyese el año 2017, resultaron verdaderamente insostenibles. Quizá, el peor argumento fue decir que el número de cuenta estaba equivocado.

El acuerdo político logrado supone el pago del adeudo de los fondos federales convenidos, acelerar el proceso de extradición de Duarte y conceder el traslado de Gutiérrez a una cárcel federal, pero de ninguna manera su liberación.

Desde mi perspectiva se ganó una batalla y, ahora, Corral, el gobierno de Chihuahua y su partido están obligados a seguir la lucha hasta ganar dos batallas distintas, pero igualmente importantes. Una es la batalla judicial en contra de Duarte y de Gutiérrez, deberán probar sus acusaciones. La otra, me parece todavía más trascendente: eliminar institucionalmente la opacidad del ramo 23. Corral deberá ser un referente ético en esta lucha, pero también su partido, así como los gobernadores y las y los legisladores de Acción Nacional.

Al ramo 23 se le ha acusado de ser la nueva versión de la vieja partida secreta del salinismo. De acuerdo con la exposición de motivos, éste se define de la siguiente manera: “El Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas tiene el propósito de integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno Federal que, por su naturaleza, no es posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuando su ejercicio sólo es posible por conducto de este Ramo”. Si traducimos del burocrañol al castellano, discrecionalidad pura y dura.

Triple discrecionalidad: primera, en la cantidad asignada para la bolsa total, el del 2017 ascendió a 34 mil 792.19 millones de pesos; segunda, en los criterios de distribución entre entidades y municipios a través de fondos creados para recibir y ejercer estos recursos; tercera, en las cuentas que entregan quienes ejercen los recursos a sus propias auditorías superiores y a la Auditoría Superior de la Federación sobre la forma en que se ejercen esos recursos.

Será muy impopular una iniciativa de reforma de ley que acote esa discrecionalidad e imprima racionalidad al ramo 23, pero es indispensable presentarla y luchar por ella.

También, podemos prever el desagrado de los gobernadores si Corral pone el ejemplo y hace, verdaderamente, transparente lo que ha recibido y cómo lo ha gastado desde el inicio de su gobierno y durante los años por venir.

La dignidad ganada por el pueblo de Chihuahua debe transformarse en legitimidad a través de iniciativas legales y de política pública que busquen poner fin a ese espacio de opacidad.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en Excélsior, el 8 de febrero de 2018.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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