Porros contra la sociedad civil: la violencia política en México

Publicado el 22 de octubre de 2018

Félix David García Carrasco
Maestro en Derecho por la UNAM, estudiante de Filosofía, abogado postulante y
colaborador externo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
email felix.garcia.abogado@gmail.com

Entre las herencias más perniciosas, y lamentablemente duraderas, de los gobiernos de derecha para el panorama social de la nación, destaca el de la de normalización y generalización del uso de la violencia y el terror —la frase no es excesiva— como instrumentos de acción política. Los indignantes sucesos del pasado 3 de septiembre, en la explanada de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que un grupo de choque agredió con petardos y armas blancas a estudiantes de esta universidad que se manifestaban a favor del cese de la violencia que experimentan en sus centros de estudios.

Esta es una fórmula con la que desde hace más de setenta años se gobierna este país: ante cualquier conato de organización por parte de la población para constituir o, cuando menos, reivindicar uno o varios derechos, indefectiblemente se debe recurrir a la provocación y la intimidación como mediadas idóneas para la disuasión de los manifestantes.

La violencia política, desde luego es poliformica, y varía en su intensidad, pudiendo ir desde la amenaza y la intimidación, hasta el asesinato y la desaparición forzada, empero, siempre persigue un mismo fin: impedir que la base social que integran el Estado se organice y, consecuentemente, se encuentre en condiciones de exigir, en un plano de igualdad, el reconocimiento de una prerrogativa. En Ciudad de México destacan, por la frecuencia con la que actúan, los grupos de “porros”, que no son otra cosa que las organizaciones de criminales especializados en disolver movilizaciones y manifestaciones estudiantiles mediante el uso de la violencia y siempre con el amparo y patrocinio de una facción política. Desde luego, esta forma de proceder no es exclusiva, ni mucho menos original, de los grupos porriles, por el contrario, una mirada detenida a su modus operandis y a la relación que guardan con grupos de poder, hace más que evidente que se trata de una calca al carbón de los infames grupos de rompehuelgas; empero lo que emparenta a estos grupos criminales de manera definitiva es la finalidad que persiguen: intimidar y acallar a la población civil.

Empero, aunque escandaloso y reprobable, la agresión que sufrieran los estudiantes no deja de ser un acto de política, y no puede ser visto de otra forma que como una brutal constatación de una concepción del Estado que, desde hace mucho tiempo, privilegia las prerrogativas de los integrantes del gobierno y le niega toda posibilidad de participación efectiva a los ciudadanos. Como lo precisara el ilustre Norberto Bobbio, existen dos formas de explicar la gestión de la cosa pública: ex parte principis (de parte del príncipe), o bien, ex parte populis (de parte del pueblo); en el primer supuesto, lo que cuenta es la autoridad del gobierno, su legitimidad para imponer sus designios, haciendo, en consecuencia, del ejercicio del poder, un asunto de dominio donde lo único importante es la efectividad. En el segundo supuesto, el gobierno se instituye para beneficio de éste, debiendo tener como límite a todas sus actuaciones, los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Si asumimos que el Estado-nación tiene como punto de partida —así como finalidad última— a la población, y que en ésta descansa toda forma de soberanía, resulta especialmente escandaloso y reprobable el uso que integrantes del propio gobierno hacen de estos grupos criminales para impedir el empoderamiento de la sociedad civil; puesto que, al acallar a la población mediante la violencia, se niega su calidad de ciudadanos, su derecho a participar en la vida pública y, por lo tanto, se le sitúa, francamente, en un papel de sometimiento. Por eso es que este tipo de acciones, en el contexto de un Estado democrático, como en el que teóricamente habitamos, constituye un franco atentado contra la vida pública y social.

Que un grupo de estudiantes se vean agredidos en las mismas instalaciones de la Universidad, en el ejercicio de su libertad de expresión, por criminales al servicio de una facción partidista es simplemente escandaloso e intolerable. No sólo por el daño que recibieron en su integridad física, sino, lo que inclusive pareciera más grave, por el perjuicio que se genera a la sociedad civil y a las bases democráticas en las que ésta se asienta. Sin embargo, si algo bueno puede resultar de este penoso incidente es la respuesta que ha generado en la propia comunidad estudiantil que, a través de la organización y participación conjunta, ha salido en defensa de sus derechos, poniendo de manifiesto que la unión hace la fuerza.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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