Pensiones de los ex presidentes

Publicado el 1 de febrero de 2019

Sergio Aguilar Tovar
Estudiante de la Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
emailsat._22@hotmail.com

En nuestro país, como en muchas otras naciones, el ciudadano que tenga seguridad social durante toda su trayectoria como trabajador, al terminar su vida laboral se ha ganado el derecho a una pensión, que se le otorgara por el resto de su vida, que se puede traducir en una protección para su integridad física, por parte del Estado.

Dicha protección entre otras cosas, cuenta con remuneración económica mensual, la prestación de servicios médicos, la creación de talleres de crecimiento personal, a los cuales puede acudir, para seguir desarrollando todas sus cualidades.

Esta pensión, también incluía a los ex presidentes del Estado mexicano. Como servidores públicos es justo que cuenten con ella. Pero no con las prestaciones exageradas que se les otorgaba.

En general la pensión se entiende como un seguro social frente a los riesgos laborales como el desempleo, accidente de trabajo, enfermedad, seguro médico invalidez, la vejez, y otras circunstancias sobrevenidas por dependencia como la discapacidad, la viudez, la orfandad, el divorcio o la separación, las que surgen de la acción militar, a víctimas de atentados terroristas, y otras que se dan por sentencias derivadas de errores privados, como son los accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, errores médicos, etcétera.

Todos los presidentes de la República mexicana, durante su función, han aumentado la fortuna con la que contaban al momento de iniciar su mandato, de una manera tan inconcebible y extraña, que bien podría decirse que el aumento ha sido irregular, a costa del erario público, aunque no se les pueda probar.

Desde aquellos titulares del Ejecutivo que han estado en dicho cargo en tiempos posrevolucionarios hasta los últimos presidentes, se han acumulado cuantiosas riquezas, de las que se han dotando a sí mismos, a sus familiares y a sus amigos más allegados; se trata de riquezas contables en grandes extensiones de tierras, colosales y prosperas haciendas, etcétera.

Hasta los últimos presidentes, que cuentan en su patrimonio, de manera inexplicable, con una gran cantidad de propiedades, que serían imposible adquirir durante toda una vida laboral, aun ganando un sueldo decoroso.

No hay presidente que no haya abusado de su poder y del erario público. Todos se han llevado dinero público a sus bolsillos y todos lo sabemos. Los medios son desconocidos y siempre lo serán; pero lo han hecho.

Basta darse cuenta del tren tan lujoso de vida que llevan y en la manera ostentosa como viven. Sin embargo, todo ello, por supuesto, no es más que una inocente suposición de mi parte.

Los mexicanos hemos padecido décadas de abusos por parte de los poderes en turno tanto priistas y panistas y en el caso del Poder Ejecutivo la discrecionalidad, el dispendio y la corrupción han representado bofetadas humillantes contra los ciudadanos, que malviven con sueldos de hambre y que conocen de la justicia sólo de oídas por los discursos de los gobernantes.

En un régimen político de verdad civilista y de derecho, y siendo el servicio público ese privilegio que es servir a la nación, ninguno podría pretender ser convertido en héroe de la patria por muy alta que haya sido su investidura o su cargo.

Desde hace más de cuarenta años los mexicanos entregamos una pensión vitalicia, más gastos por el personal civil y militar que tienen a su disposición, así como seguros de vida y gastos médicos mayores que tienen tanto ellos como sus familias.

El antecedente a las pensiones para los ex presidentes del Estado mexicano data 1976 en el gobierno de Luis Echeverría, en el cual se acordó que los ex presidentes tendrían 78 elementos de la marina y del ejército para su disposición de sus servicios generales.

Para el 1987 el presidente Miguel de la Madrid emitió un acuerdo presidencial en el cual los ciudadanos que se desempeñaron como titulares del Ejecutivo disfrutarían, de manera vitalicia, de una pensión equivalente a un salario total que corresponda a los servidores públicos que ocupen un cargo de secretario de Estado, con costo al erario.

Desde la época de Echeverría, justo en 1976, a alguien se le ocurrió premiar los servicios de los presidentes de la República con pensiones vitalicias y aparatos de seguridad y de oficina que involucraban a decenas de personas.

Ese sí ya de por sí un privilegio personalista fue adicionado por De la Madrid en 1987 al hacer que los servicios que se daban por parte del poder público a los ex presidentes constituyeran en sí un aparato burocrático de dimensiones públicas, siendo privados.

El sustento para que ex titulares del ejecutivo cobren su pensión se encuentra en dos acuerdos presidenciales que, de acuerdo a investigadores, no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

El primero fechado el 25 de noviembre de 1976 en los últimos días del sexenio de Luis Echeverría otorgo fuerzas de seguridad a los ex presidentes, concretamente 78 elementos divididos entre el ejercito 45, armada 22, y la fuerza aérea 11. Además de 25 empleados administrativos para la operación de una oficina que podrán tener a su disposición.

Con una década de distancia otro acuerdo fue suscrito el 31 de marzo de 1987 ese año se estableció la pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos, esto sin contar el costo de la seguridad, la telefonía y el transporte al que acceden.

Un tercer acuerdo fue hecho por Calderón, un día antes de que terminara su mandato, en el que establecía una ampliación del Estado Mayor Presidencial para su familia y modifico el número de elementos que podría llegar hasta 427 elementos. De acuerdo con información de la cámara de diputados y el senado, cada año se aprueba un promedio de 40 millones de pesos para que la Presidencia de la Republica los canalice a los ex presidentes del país o a sus viudas, pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos mensuales, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

Cada ex presidente tiene un equipo de seguridad adscrito al Ejercito, 25 empleados de la federación al fallecer los ex presidentes sus cónyuges tienen derecho a pensión vitalicia del 80% del sueldo que percibe su esposo durante el primer año, se reducirá 10% cada año hasta legar a 50%del total del sueldo.

De igual manera gozarán, con el carácter de beneficiarios, de los seguros de vida y de gastos médicos mayores por un monto equivalente al 60% en términos netos de la suma asegurada que corresponda. Los hijos de los ex presidentes cuentan con seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta que cumplan la mayoría de edad.

El pago de pensiones representa el 15% del presupuesto y 3.7 del PIB.Y no sólo las pensiones si no toda la cantidad millonaria que le cuesta a los mexicanos el que los ex presidentes del país tengan todo ese personal a sus servicios y con carga al erario público.

Estas pensiones fueron otorgadas mediante acuerdos presidenciales, que se dieron en tres periodos presidenciales, y que gozaban varios ex presidentes.

Estos acuerdos justifican las pensiones, además se caracterizan por constituir una figura que jurídicamente nunca existió porque nunca fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual no tuvo vida, es decir, nunca han sido legales, por lo mismo, no podría prosperar ante la justicia federal recurso alguno promovido por los ex presidentes, argumentando derechos adquiridos.

Vicente Fox Quezada en su argumentación justificó esta pensión al señalar que está pensada para evitar que todos los ex mandatarios roben, y que todos los países tienen pensiones para sus ex presidentes, se trata —señaló— de un acto de justicia, también pensado para que un ex presidente no se preocupe mientras está en el ejercicio del poder de estar acumulando dinero ilícito.

México no ha tenido presidentes, ha tenido cínicos reyezuelos que como en el caso del panista Vicente Fox, que se aferra a los recursos del pueblo como si fueran realmente de ellos, como si en verdad los merecieran.

Mediante su fundación, consolidada después del término de su sexenio, y que tienen como encomienda apoyar a cada una de las personas que desean potencializar sus conocimientos y desarrollar proyectos innovadores, ha estado ordeñando enormes recursos económicos del erario público.

Y no es que sean algo innecesario o irrelevante las fundaciones de apoyo y de asistencia pública, no, pero lo que no debe permitirse es que estén sostenidas en gran parte por el dinero del pueblo mexicano, otorgando el crédito social y civil a ciudadanos particulares.

Por medio de una propuesta legislativa, que consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 83 constitucional en el que se estipule que los ex mandatarios no recibirán pensiones vitalicias de 205 mil pesos mensuales y prestaciones en materia de seguridad social, seguro de vida y de gastos médicos mayores ni ningún beneficio de carácter económico, social, administrativo, equipo de seguridad, empleados de gobierno a su servicio.

Tal como lo estipula el acuerdo presidencial 2763-Bis de 1987. Quedaron eliminados todos los privilegios de los ex presidentes, de nuestra nación.

También se debe de eliminar toda ayuda o comisión o apoyo a los ex presidentes ahora por parte de la Sedena, de la Secretaría de Marina o de alguna corporación policiaca.

Un trabajador promedio requiere 25 años o más para pensionarse, y en la inmensa mayoría de los casos dicha pensión económica mensual es tan raquítica, que sólo alcanza para ir sobreviviendo. Sin mencionar la asistencia médica social, que es de muy mala calidad, tanto en el servicio como en el medicamento requerido para el tratamiento de su enfermedad.

En cambio, a un ex presidente le son suficientes sólo seis años de trabajo para pensionarse, y recibir una cantidad de dinero y en especie mucho muy jugosa, que fácilmente le alcanzaría para mantenerse por el resto de su vida de una manera privilegiada y llena de detalles y de lujos.

Al mismo tiempo, podría mantener a toda su familia, sin que sea necesario que algún integrante de su familia, y durante algunas generaciones, tenga la necesidad, laborar para poder vivir de manera decorosa.

El presidente, o algún otro ex presidente de nuestro país, no se debe ver como un monarca. Es un ciudadano que, después de su encomienda, vuelve a ser un ciudadano común y corriente, que fácilmente podría emplearse en algún lugar para obtener ingresos que le permitieran solventar sus gastos y garantizar el mantenimiento de su vida, de una manera digna y honrada.

No hay nada que justifique que después de ser presidente se le siga tratando como si nunca dejara de serlo en su estatus personal. Puesto que al terminar su mandato de seis años deja de ser presidente, y pasa a ser un civil más de la sociedad, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población.

Por desgracia, a muchos mexicanos les parece que un ex presidente tiene que seguir siendo tratado de una manera especial, rayando en la exageración, al estilo de la monarquía.

Esos privilegios son resultado de una determinación administrativa, de un acto, de un presidente puramente autoritario. No está establecido en ninguna ley ni mucho menos en la Constitución que sigan recibiendo un trato especial por parte del resto de la ciudadanía.

Los ex presidentes no tienen por qué conservar privilegios de ninguna especie y deben volver a vivir de su trabajo, de lo que aprendieron en la vida para poder vivir. No tenemos por qué echar a la ciudadanía esa carga para que los ex mandatarios vivan como reyes.

El hecho de que los ciudadanos y el estado mexicano sigamos tratando a los ex presidentes de nuestro país como seres de la realeza es absolutamente ilegal e inmoral.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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