Contra mujeres y niños pobres1

Publicado el 15 de febrero de 2019


Luis de la Barreda Solórzano

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del Programa
Universitario de Derechos Humanos, UNAM,
email lbarreda@unam.mx

Por lo que estamos viendo, se trata de aniquilar todo lo que no sea obra de la Cuarta Transformación, sea cual fuere el costo humano, cultural y económico que eso implique. Se trata de un afán delirante de mostrar que nada de lo que se logró antes es valioso.

Esa actitud es semejante a la del Estado Islámico. En cada territorio tomado, además de llevar a cabo ejecuciones masivas y someter a esclavitud, incluida la sexual, a las mujeres, ha destruido templos, monumentos, bibliotecas, piezas artísticas, museos, tumbas, toda clase de legados culturales e históricos invaluables. La razón: no dejar vestigios de cualquier símbolo que no pertenezca al islam. El gobierno de AMLO parece pretender que no quede en pie nada anterior a su gestión.

Ahora le ha tocado turno a las estancias infantiles, que tan importantes servicios han prestado a cientos de miles de mujeres y niños pobres. Se les quita presupuesto, salvo a las 75 del presidente del PT, aliado del gobierno, a las que se aumentan 200 millones de pesos, a pesar de que han sido señaladas como un modo de lavado de dinero y algunas de ellas son inexistentes.

Una gran conquista de las mujeres ha sido la de contar con espacios en los cuales, mientras ellas trabajan o estudian, sus hijos pequeños estén seguros, juegan con otros de la misma edad, aprenden buenos hábitos de higiene, alimentación y convivencia. Esos espacios, nueve mil 500 en el país, han posibilitado que cientos de miles de mujeres (y miles de hombres solos) trabajen o estudien sin dejar a sus hijos abandonados. Muchas de esas mujeres son el único sostén de su hogar. Privarlas de las estancias arruina su vida.

Es una burla apuntar como solución que a los afectados se les daría dinero en efectivo con el cual podrían pagar a los abuelos por cuidar a los niños. No todos los abuelos están en disposición de cuidar a sus nietos todos los días como una obligación ineludible. Algunos ya murieron. No son pocos los que tienen actividades laborales o de otra índole que no podrían o no querrían dejar. Otros no son aptos para ese cuidado por su salud o su temperamento. Además, no se trata sólo de resguardar a los niños, sino de educarlos desde la primera infancia, crucial en el desarrollo humano. Dando el dinero directamente a los padres, advierte Federico Reyes Heroles, se pierde el control para que los niños sean los beneficiados. Ese dinero podría gastarse, por ejemplo, en bebidas alcohólicas (Excélsior, 11 de enero).

El argumento de que la medida obedece a los casos de corrupción detectados no resiste el análisis. Si los hay, es deber de las autoridades investigarlos y sancionarlos, pero es insensato tirar el agua sucia de la tina con todo y niño. “Con una lógica similar, para combatir el robo de gasolina (el gobierno) clausuró y emprendió el oneroso y riesgoso programa de transportación en pipas. Esas medidas transfieren a la sociedad el costo de la corrupción”, observa Raúl Trejo Delarbre (La Crónica de Hoy, 11 de enero).

No sólo los derechos de las mujeres: con la medida se lesionan también severamente los derechos de los niños más pequeños. Nuestra Constitución señala en su artículo 4º: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

Al mismo tiempo que infligía un golpe brutal a mujeres, hombres y niños pobres, el Presidente eludía su deber de aplicar la ley desbloqueando las vías férreas obstruidas por la CNTE. En un desplante inaudito, presentó queja por ese bloqueo ante la CNDH para que ésta le indicara qué hacer. ¿No le dijeron sus asesores jurídicos que el ombudsman se ocupa de los actos abusivos de las autoridades y no de instruirlas acerca de sus obligaciones? En todo caso, la queja hubiese procedido contra su gobierno por no cumplir y hacer cumplir la ley como es su deber. Pero propongo que le pregunte a la misma CNDH si no es violatorio de los derechos humanos que cause tan grave daño a cientos de miles de mujeres y niños pobres del país.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excélsior, el 14 de febrero de 2019.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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