Violencia y terror1

Publicado el 24 de julio de 2019

José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Colegio Nacional,
email jramoncd@scjn.gob.mx
twitter@JRCossio

Hace pocas semanas se presentó el informe Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19 (Oficina de México y Centroamérica). El informe muestra una terrible cara de la realidad mexicana. Por una parte, que a partir del 2006 el macabro recurso de las fosas comunes se ha incrementado; por otra, que pese a ello siguen siendo muy bajas las capacidades estatales no ya para detenerlo, sino más básicamente, para comprenderlo y registrarlo. Sin embargo, el informe no enfatiza la primera y básica incapacidad de prevención y control de la delincuencia pública y privada que opera con la muerte y enterramiento clandestino de las personas. Hace algo mucho más serio: muestra la incapacidad mantenida y constante para identificar fosas y registrar a sus ocupantes. Una cosa es prevenir y detener delitos y otra, más allá de lo remedial, saber de sus magnitudes y efectos. La identificación de fallas e inoperancias en este segundo plano se evidencian en el informe. Finalmente, que los tres niveles de Gobierno han sido un dechado de incompetencias.

Si el Estado es un conjunto de personas dotadas de recursos para cumplir ciertas tareas mediante la prescripción de funciones jurídicamente reguladas, ¿por qué no es capaz de hacer aquello que a sí mismo se asigna? El Estado, es fácilmente reconocible, tiene que actuar respecto de actividades externas a él. Por ejemplo, enfrentar organizaciones criminales que buscan alcanzar objetivos distintos a los que han quedado definidos en su orden jurídico. Robar, secuestrar o blanquear dinero, es contrario a las normas jurídicas. Su realización, por decirlo así, es llevada a cabo contra el Estado. Éste, por medio de sus órganos, enfrentará a sujetos que de muchas maneras y con recursos propios, buscan salirse con la suya. El retraso en la actuación, la calidad de la respuesta o la profundidad de los resultados, puede ser comprensible dadas las condiciones de lucha entre los bandos en pugna. Sin embargo, y de manera diferente, están las situaciones en las que las tareas a realizar no se dan en condiciones de disputa en tanto que deben realizarse al interior del Estado mismo. En donde pesar, medir, identificar o registrar, es propio. En donde el resultado depende de la manera de identificar bien lo que quiere resolverse, crear las normas jurídicas que lo posibiliten, determinar los procesos a realizar, crear los órganos correspondientes, nombrar a las personas adecuadas, capacitarlas para el encargo, generar los registros necesarios y supervisar constantemente el funcionamiento de todo el mecanismo, siempre a partir de la dotación de recursos adecuados y constantes.

El informe en comentario es importante porque, si bien no enfrenta de manera particular cada una de las etapas organizacionales que acabo de mencionar, termina mostrando que una o muchas de ellas no están satisfechas. Comenzando por lo básico, que no hay métodos de hallazgo de fosas ni menos, claro está, de registro de ellas. Que, tampoco, hay métodos de identificación, registro o depósito de los cuerpos o los elementos corporales que en ellas se encuentren. Que, por ello, hay significativas incongruencias numéricas de fosas, personas o restos entre diferentes instituciones y, lo que es más alarmante, entre los datos que una misma de ellas proporciona en el tiempo.

Desconozco las razones que sus autores tuvieron al elegir el título del informe. Para mí, la palabra violencia claramente proviene de las acciones que para matar e inhumar clandestinamente llevan a cabo agentes del Estado y particulares. Más significativamente, la palabra terror la asignó al hecho de saber que las autoridades públicas federales y locales, ni comprenden lo que de esa manera tienen enfrente, ni saben cómo conceptualizarlo ni, menos aún, enfrentarlo. Saber que el Estado no tiene idea de cómo cuidar a su población es, me parece, aterrorizante. Tanto por lo que ya se vive, como por las formas que en el futuro podrían buscarse para dejar atrás tan angustiante situación. Esas formas que apelan a ejercer la violencia desde la política para lo que, suponen, corregirá lo que se mira como desorden, cuando no como caos.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en El País, el 9 de julio de 2019.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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