El financiamiento público de los partidos políticos en México: reforma legislativa para su reducción

Publicado el 13 de noviembre de 2019


Francisco José de Andrea Sánchez

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
emailfranciscodeandrea@post.harvard.edu

1. El contexto

Como en casi todos los temas que generan un debate nacional álgido, el tópico del financiamiento público de los partidos políticos —para ser entendido en su contexto histórico y por lo tanto para ubicar mejor su lugar en la construcción y conservación de un sistema político democrático— requiere de las siguientes reflexiones.

El primer aspecto que debe resaltarse y que por obvia y sencilla debería de ser compartida por una mayor cantidad de críticos, especialistas y legisladores, es que el financiamiento público de las actividades políticas no es un requisito sine qua non indispensable para contar con un sistema de partidos políticos democrático. En este sentido, basta recordar la historia de países como Gran Bretaña o los Estados Unidos de América, en los que durante gran parte de su historia política no se contempló ningún tipo de sistema de financiamiento público de los partidos políticos y sin embargo nadie pensaría en dudar que en dichas latitudes durante siglos y décadas la democracia se ha ejercido de manera genuina, independientemente de que sobre este punto el contraargumento sería que hace décadas o siglos la política era menos compleja sin medios de comunicación electrónicos y cibernéticos que magnifican las posibilidades de manipulación a través de apoyos financieros clandestinos.

Para precisar con más detalle, en los Estados Unidos de América la estructuración y aplicación de un sistema de financiamiento público de las actividades políticas de los candidatos especialmente en la elección presidencial se da a partir de los años setenta del siglo pasado no sin generar gran polémica y al contrario de lo que sucede actualmente en el mundo y en México debido a que se alegaba que dicha erogación implicaba un gasto adicional innecesario que mermaba el presupuesto público y que afectaba además la contienda política al trastocar el quehacer y las prácticas tradicionales en las campañas políticas norteamericanas que se apoyaba fundamentalmente en actividades de voluntarios y bases de simpatizantes de un candidato u otro o de los partidos políticos, así como de donaciones particulares.

Dicho lo anterior, es evidente que bajo un contexto histórico no es necesaria la existencia de un sistema de subsidios públicos destinados a los partidos políticos para que podamos hablar de la existencia de un sistema político de partidos democrático.

2. El caso mexicano

El caso mexicano es sui generis, puesto que el apoyo con recursos públicos a los partidos políticos se fue dando de manera gradual e inicialmente tentativa en rubros no tan significativos como existe actualmente y a través de apoyos a franquicias postales y telegráficas y posteriormente con apoyos para publicaciones oficiales de los partidos políticos a lo largo de los sesenta y setenta del siglo pasado. Posteriormente, con una magna reforma político-electoral nacional y secundaria en 1986 y el Código Electoral de 1987 se estructura un verdadero sistema de financiamiento público de los partidos políticos que estableció las bases del que actualmente existe en México. En esa etapa inicial de mediados de los ochenta el espíritu detrás de la reforma fue potenciar el crecimiento de nuevos partidos y el fortalecimiento de los partidos de izquierda en México que se veían en notoria desventaja ante los apoyos inevitablemente estatales con los que contaba el partido oficial o los de origen privado a través de donaciones y contribuciones de que disponía el PAN. En este sentido, la lógica inicial detrás de la creación del sistema de financiamiento público era impecable y de hecho funcionó de manera óptima, puesto que se generaron nuevos partidos políticos que a su vez daban entrada a sangre y talento joven sin las conexiones tradicionales con las familias políticas añejas existentes en México, lo cual es evidentemente positivo en un sistema político.

Sin embargo, pasando los años este espíritu original —que sin duda mereció ser apoyado a través de un sistema sofisticado de financiamiento público de las actividades políticas— entró en decadencia y dio pie a la creación de partidos políticos “fachada”, “de utilería”, no representativos de la sociedad mexicana o incluso de partidos políticos familiares que servían como una suerte de negocios en lugar de fungir como intermediarios entre la sociedad civil y el gobierno, que es una de las funciones típicas de los partidos políticos.

3. Una analogía comparativa útil con las acciones afirmativas

Ocasionalmente es útil acudir a figuras jurídicas diversas en un ejercicio comparativo para arrojar luces sobre las patologías que eventualmente surgen en los países con sistemas de financiamiento público permanentes o no sujetos a modificaciones periódicas según la evolución del propio sistema político en el cual se aplican. En el ámbito de las acciones afirmativas en los Estados Unidos de América, por ejemplo, inicialmente se creó un sistema sofisticado para equilibrar injusticias graves a través de esquemas jurídicos en los ámbitos laborales, escolares y otros, las injusticias que la sociedad norteamericana había ocasionado a través de prácticas racistas o de exclusión de grupos vulnerables vía disposiciones que establecían la obligación de la incorporación de esos grupos vulnerables a través de cuotas porcentuales, ya sea a empleos o lugares en las universidades públicas y privadas, entre otros ejemplos. De esta manera, el sistema de acciones afirmativas en Estados Unidos operó de manera exitosa durante varios lustros para dar oportunidad a que las minorías tuvieran acceso a un mejor nivel educación universitaria o que las mujeres pudieran acceder a ciertos empleos en igualdad de circunstancias con los varones. Sin embargo, eventualmente el sistema norteamericano se modificó a través de casos prácticos que establecieron nuevas políticas y ópticas que convirtieron a las acciones afirmativas en una medida de equilibrio de injusticias de tipo ”temporal”, ya no permanente, al presentarse controversias como las de estudiantes blancos que se quejaban de una “discriminación a la inversa” en el acceso a las universidades. Este tipo de fenómenos dio pie a que la aplicación rigurosa y con una modalidad de permanencia se modificara para convertirse las acciones afirmativas en medidas paliativas más bien temporales ante los peligros de la permanencia de dicha institución.

Ahora bien, esta aparentemente larga desviación del tema principal de esta reflexión tiene que ver con el hecho de que también en el ámbito del financiamiento público de los partidos políticos es nuestra posición que éste debe ser una medida de naturaleza “temporal” y no necesariamente permanente, puesto que uno de los principales argumentos de los opositores a la modificación o eliminación del financiamiento público es que es indispensable para evitar la participación en las campañas y las actividades políticas de grupos emanados de la delincuencia organizada o del extranjero que buscan inmiscuirse en la política doméstica de México. La realidad, sin embargo, es que a pesar del sistema actualmente existente y las prohibiciones para ese tipo de intervención en las campañas o actividades políticas, ésta se da de todas formas y con recursos que en su mayor parte son canalizados en efectivo y por “abajo de la mesa”, lo cual genera distorsiones e influencias inconvenientes pero que es casi imposible desterrar por completo en cualquier sociedad, como hemos visto en el caso mexicano.

4. Conclusión

El sistema de financiamiento público ha funcionado exitosamente durante ciertas etapas recientes de la historia política mexicana pero a últimas fechas fue adulterado de tal forma que dio pie al nacimiento de otras patologías inexistentes previamente, como son los partidos políticos “fachada” o de “utilería”, no representativos, o aquellos que giran en torno a grupos familiares que convierten a dichas instituciones en negocios particulares utilizando fondos públicos. En ese sentido, pensamos que un camino intermedio que conserve un porcentaje de financiamiento público reducido más razonable, pero no excesivo y sujeto a revisión periódica, es el mejor camino para nuestro país y contribuirá además a generar que los partidos políticos se reactiven con mayor trabajo de base y de voluntarios, con lo cual volverán a conectarse con la sociedad civil a la que deben representar.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez

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