El derecho penal: la panacea para los delitos de corrupción

Publicado el 10 de junio de 2020

Vicente Vásconez Merelo
Investigador independiente, abogado penalista, Quito-Ecuador
emailvvasconez@hotmail.es

Basta alzar la mirada para comprobar que la libertad y posibilidad de autodeterminación de cualquier ciudadano es prácticamente inexistente. Para el día de hoy, hasta el aspecto más insignificante de nuestra vida en sociedad se encuentra regulado; sin embargo, no todas las formas de regular la conducta del ser humano superan un estándar de racionalidad y, sobre todo, de proporcionalidad. Por lo que cualquier escéptico bien podría cuestionar si las restricciones están encaminadas a obtener un fin loable o si, por el contrario, existe un trasfondo egoísta y meramente utilitarista.

Para ver más en detalle la situación descrita bien se podría analizar la realidad de cualquier país al azar, pero hay uno en particular que ha impuesto un paradigma negativo que los expertos recomiendan no seguir. Éste es un país situado en América del sur, y es verificado que tanto en extensión como en población es pequeñito y con una altísima tasa de analfabetismo, también se lo suele conocer porque en los años noventa tuvo un presidente pintoresco que bailaba y cantaba en escenarios y que luego de gobernar seis meses huyó acusado de varios delitos de corrupción, y otros simplemente lo conocen por ser la cuna de grandísimas organizaciones criminales que se autodenominan “partidos políticos”, pero, en fin, al Ecuador yo sólo lo conozco por ser mi hogar.

Pero, ¿qué pasa en el Ecuador? Y la respuesta simple y a la vez acertada es que pasa de todo. Tenemos un ex vicepresidente preso por asociación ilícita, un ex presidente prófugo de la justicia imputado por tantos delitos que una lista no alcanza para describirlos, legisladores detenidos y otros prófugos por delitos de corrupción, un gobierno plagado de actos de corrupción que bien puede ser equiparado a una banda criminal y, sobre todo, tenemos una peligrosa e inútil tendencia populista de tratar de solucionar cualquier problema mediante normas jurídico-penales.

Vivir en el Ecuador es como vivir en una dimensión desconocida, pues un día vemos a un político proponiendo penas exorbitantes por delitos de corrupción y al siguiente día lo vemos entrando a los juzgados en calidad de aprehendido por esos mismos delitos. Con esto se ponen en evidencia dos fenómenos de irrebatible comprobación empírica: el primero es la paradoja del poder punitivo, en el sentido de que nadie está a salvo de una persecución criminal y que esto incluye a los mismos creadores de las normas que sirven de fundamento para esta criminalización; la segunda es que se puede promulgar 20 delitos nuevos, aumentar el quantum de las penas, restringir las garantías constitucionales en el proceso penal, y de todas formas la criminalidad no va a disminuir y mucho menos desaparecer. Como lo dije, todo lo manifestado tiene una incuestionable fundamentación empírica.

Entonces, si ya conocemos que la utilización del derecho penal en su faz punitiva no es un instrumento idóneo para solucionar los actos de corrupción, la pregunta sería: ¿por qué se lo sigue utilizando pese a su inidoneidad y deslegitimación? La respuesta es muy sencilla, pero en ella encierra su complejidad, y es que esto sólo se puede explicar debido a la altísima predisposición del hombre hacia la venganza y la capitalización que de esta hace el político de turno para aumentar su clientela electoral. Veamos un ejemplo:

En la última década el discurso político en el Ecuador se reduce a argüir lo siguiente: “mano dura contra la corrupción” y “cárcel para los corruptos”, nada más que eso. Consecuentemente, en el 2014 se incrementaron las penas para delitos de corrupción y cada tanto se presentan propuestas legislativas de incrementos de penas y hasta de creación de nuevos delitos como efectivamente se hizo en el mes de mayo de 2020 al proponer la creación de un nuevo delito para perseguir operaciones ilegales en contratación pública. Como dato de color, esta última propuesta es absolutamente innecesaria, puesto que los delitos de peculado y tráfico de influencias abarcan perfectamente dicha problemática.

Entonces, un diagnóstico sobre la dinámica punitiva en el Ecuador arrojaría que, en primer lugar, se origina un conflicto y el político lo identifica para, en un segundo momento, capitalizarlo con una propuesta punitiva completamente inidónea para resolver el problema, pero altamente popular entre el grueso de la sociedad. Como se ha visto, la dinámica es muy sencilla de entender, y queda claro que las decisiones inidóneas y aberrantes son fomentadas y aplaudidas por el grueso de la sociedad, y eso nos convierte en culpables de la desgracia de nuestro país.

Además, pese a las diversas teorías de la pena, todo esto deja entrever que nosotros lo que realmente buscamos es venganza, nada más que eso, puesto que si ya conocemos que el poder punitivo no resuelve el conflicto, y seguimos apoyando y fomentando estas propuestas, queda claro que no nos interesa la correcta administración de los caudales públicos, sino que, únicamente, pretendemos inocuizar al culpable en una cárcel.

En consecuencia, para quienes nos gusta vivir en la realidad, esto es, es un mundo en que la comprobación empírica rige nuestras vidas, jamás aceptaremos y apoyaremos la idea de “combatir” la corrupción mediante el derecho penal, puesto que, en primer lugar, a la corrupción no se la debe combatir, sino más bien se la debe prevenir y, en segundo lugar, el derecho penal ni soluciona y peor aún restaura, pues el derecho penal no es otra cosa que castigo. ¿O es que algún juez ha revivido un muerto al sentenciar a 26 años de cárcel al asesino?

Finalmente, ¿qué hacer para realmente solucionar en la medida de lo posible el problema de la corrupción? En primer lugar, y lo más importante desde nuestro rol de ciudadanos, es imperativo sufragar por políticos impopulares y altamente preparados académicamente, puesto que el político popular sólo dice y hace lo que las masas desean sin que la solución a los problemas resulte realmente útil. En segundo lugar, como consejo técnico, implementar un sistema de control y fiscalización con total independencia del poder de turno. ¿Quiénes? La oposición política del oficialismo podría ser una opción.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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