La emergencia de las injusticias*

Publicado el 25 de junio de 2020


César Astudillo

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
emailcesar@unam.mx
twitter@CesarAstudilloR

Pocas veces como ahora nos damos cuenta que los derechos y libertades de las que somos portadores nos acompañan todo el tiempo, en calidad de escuderos que despejan el camino para que alcancemos el proyecto de vida que hemos elegido. Es verdad que hasta hoy nadie no los ha quitado, pero es igualmente cierto que la pandemia ha venido a afectar profundamente las posibilidades de miles o millones de personas.

Precisamente por ser una emergencia sanitaria, la vida y la salud de todos nosotros se ha visto comprometida, desvelando que aun nos hace falta mucho para lograr una atención medica universal, oportuna y de calidad de los padecimientos comunes, y ya ni se diga de las enfermedades emergentes que nos toman desprevenidos. Las imágenes de los hospitales saturados y de los enfermos esperando el acceso a un respirador, sin tener contacto con sus familiares en el exterior, son cada vez más dramáticas. Es injusto que la carencia de infraestructura e insumos impida el acceso a las pruebas del COVID y orille a nuestros médicos a elegir qué vidas priorizar.

Ni qué decir tiene que el empleo se ha visto seriamente comprometido porque la detención de la actividad económica ha orillado al despido masivo de trabajadores, la reducción de los salarios, o la postergación de las contrataciones, desvelando las carencias de millones de mexicanos, quienes viven al día, en la economía informal, sin una fuente de ingresos fija que les permita quedarse en casa mientras pasa la emergencia. Es injusto que muchos estemos resguardados mientras que otros se dejan la vida en las calles por el sustento diario de sus familias, como también lo es que desde el Gobierno de la República se emprenda la disminución de las salarios y privación del aguinaldo de los funcionarios públicos.

El acceso a la justicia también ha sufrido los estragos de la pandemia. Muchísimas personas en prisión de repente vieron detenerse decisiones clave sobre su condición jurídica, y se quedaron en la antesala de retomar su libertad o de recibir su condena, de promover un recurso o sencillamente de obtener una respuesta de las autoridades. El desamparo de la justicia se extendió durante todo el mes de abril, pues los tribunales, desde la SCJN, el TEPJF, los tribunales y juzgados federales, dejaron de reaccionar adecuadamente, hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de la ONU levantaron la voz en torno a la urgencia de utilizar las tecnologías informáticas para continuar resolviendo los asuntos, con énfasis en los más urgentes.

Hoy esas injusticias siguen muy presentes en los estados de la República, ya que mientras el derecho a la defensa se encuentra detenido, distintas procuradurías y fiscalías parecen sigilosamente avanzar para ajustar cuentas con el pasado, buscando que no quede mucho rastro para no exhibir su total dependencia de los ejecutivos locales. En todo este periodo, curiosamente la CONATRIB ha brillado por su ausencia, mostrando la poca capacidad de diálogo y articulación entre los poderes judiciales.

No debe pasar desapercibido, sin embargo, que así como algunos de nuestros derechos adolecen durante la pandemia, otros adquieren necesariamente una nueva connotación ante ella.

Frente a una emergencia en donde las decisiones se han venido tomando con la mayor celeridad y libertad, el acceso a la información será, probablemente, una de las herramientas que en el corto plazo nos permitirá la reconstrucción de la discrecionalidad gubernamental, para ponderar si la misma estuvo justificada, si fue débil o excesiva, o si de ella se desprenden responsabilidades ulteriores.

Necesitamos preservar la transparencia si aspiramos a salvaguardar la memoria documental de una pandemia que ya tiene un lugar asegurado en la historia de la humanidad. Este banco de datos será esencial para la rendición de cuentas de nuestros representantes populares, porque de lo que no hay duda es de que la gestión política del Coronovirus será el principal eje de las contiendas electorales de 2021, en donde estaremos convocados a definir, mediante un voto informado, razonado y consciente a quienes tendrán a su cargo la reconstrucción del tejido social durante la postpandemia.

Es injusto que se piense siquiera en postergar el llamado a elecciones, porque la recuperación de nuestro país depende, en buena medida, de la salud de nuestro sistema representativo y democrático, pues el reto que se avizora es tan grande que en algunos ámbitos, más que retomar el paso, se requerirá de un auténtico nuevo comienzo.


NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Universal, el 15 de mayo de 2020.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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