El discurso político y la educación*

Publicado el 25 de junio de 2020

Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM,
email javierqtapiau@gmail.com
twitter@JavierQ_Tapia

Hablar de política es hablar de todos los componentes del Estado, de las relaciones entre las personas e instituciones, de sus objetivos y de sus metas, de las problemáticas públicas y sus soluciones, entre muchos otros temas que transitan en el discurso de políticos. Podemos decir, la política se encuentra construida con base en una cierta y determinada ideología, producto de la formación y experiencia de los políticos.

Unas breves reflexiones en torno a la política, sin duda, merecería un debate que ha llevado siglos tratar de entender desde la filosofía y el derecho, por ello, ahora solo reflexionamos sobre una de sus dimensiones, la dimensión educativa de la política, a propósito del intento casi expropiatorio de la infraestructura educativa particular en el estado de Puebla.

El estudio de la dimensión educativa de la política, debe entenderse desde un contexto democrático, es decir, como producto de las discusiones de los ciudadanos en que se expresan verdades individuales y colectivas, que dan forma a expresiones de inconformidad, rechazo o aceptación, a medidas específicas de gobierno para resolver determinadas problemáticas públicas.

Las expresiones de inconformidad, en un contexto democrático, se asumen pensando que las medidas adoptadas para atender y solucionar una problemática pública, como la falta de oportunidades en materia educativa y el desarrollo mismo del sistema educativo, serán siempre buscando el bien común y no adjudicando o expropiando la infraestructura o propiedad del sistema particular como en Puebla, donde se intenta inconstitucionalmente arrebatar la educación impartida por instituciones particulares, para subsumirla a los mandatos del gobierno local.

Por supuesto, en un régimen democrático como el nuestro, el bien jurídico a tutelar es el derecho a la educación, cuyas soluciones o estrategias de solución deben encontrarse apegadas al Estado de Derecho, por tanto, orientadas y atendiendo a principios constitucionales como el pro persona y el de progresividad, cuya misión, a su vez, es hacer efectivo el derecho al desarrollo pleno de la persona, donde ejerza todas sus libertades, incluyendo la elección del sistema educativo público o privado para su formación y preparación personal, técnica o profesional.

Sin embargo, con independencia del debate jurídico y argumentativo que la reforma a la Ley de Educación del Estado de Puebla puede generar, sería interesante, en principio, tener claro que el discurso político en su dimensión educativa, debe obedecer, fundamentalmente, a dos aspectos:

1. Al conocimiento y estudio de realidades sociales e individuales de las personas, en su contexto presente y,

2. Entender que todas las acciones de política pública derivadas de las discusiones ciudadanas -sobre el tema educativo- son perfectibles, por tanto, predeterminadas a una constante revisión, reconsideración y a los ajustes que sean necesarios para lograr un interés supremo: el bien común.

El discurso político debe estar ligado invariablemente, primero, a la evolución del debate ciudadano en torno al tema -en este caso el educativo- y, segundo, a la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos de los gobiernos y de los poderes legislativos -Federal y estatales-. Recordemos que los legisladores, son los principales receptores -al menos teóricamente- del sentir social y encargados de la creación o reforma de la legislación necesaria para hacer efectivo el derecho a la educación, reconocido como un derecho humano en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, la dimensión educativa de la política, no es exclusiva de los políticos o gobernantes, la participación de la ciudadanía es obligada, pero también, los gobiernos y poderes legislativos tienen a su vez la obligación y responsabilidad de escucharla y atender a sus demandas en la materia.

Aspirar a continuar con una idea falaz de que los gobiernos en turno son los que traen el as bajo la manga o la panacea a un sinfín de problemáticas públicas que parten o tienen su origen en problemas de educación de la sociedad, es condenar al fracaso el futuro de las nuevas generaciones, es eludir nuestra responsabilidad para propiciar condiciones que favorezcan el crecimiento humano y la reflexión por la humanidad.


NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en La Silla Rota, el 26 de mayo de 2020.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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