Funcionalidad de los amparos estratégicos

Publicado el 3 de julio de 2020

Roberto Rodríguez Garza
Tutor de la Universidad CNCI Virtual
email roberto.garza@cncivirtual.mx

Hoy en día pasamos por una situación de emergencia nacional en donde las decisiones del gobierno nos afectan en sobremanera a todos los mexicanos, razón por la cual nos encontramos en la imperiosa necesidad de hacer valer y defender nuestros derechos.

El juicio de amparo, en México, es el mecanismo de control constitucional que se utiliza a fin de hacer que se respeten los derechos humanos. Lo anterior en virtud de que, por esta vía, se promueve ante un juez de distrito (competencia federal), especialista en diversas ramas del derecho (civil, mercantil, administrativo, penal y/o laboral) una demanda de amparo en la que se expone una controversia en donde se estima que se están violentando derechos humanos del gobernado.

Los derechos humanos son definidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes” (¿Qué son los derechos humanos?, en: https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos [consulta: 5 de mayo de 2020]).

Ahora bien, es importante destacar que en términos de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, tienen la ineludible obligación de impulsar el desarrollo regional de los pueblos con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones del pueblo, sus espacios para la convivencia y recreación, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos y el desarrollo sustentable.

Con esto puntualizamos el deber del gobierno como rector de la nación, proporcionar las condiciones idóneas para el desarrollo de las personas.

¿Qué sucede si esto no acontece? A fin de dar respuesta a lo anterior, es importante destacar, que, como ciudadanos, tenemos la obligación de vigilar a los gobernantes y, cuando éstos no realicen las acciones adecuadas para el desarrollo de la nación, es importante demandarlo.

¿Cómo? Una de las vías que tenemos a nuestro alcance es el juicio de amparo, por medio de los denominados amparos estratégicos. ¿Qué son? El litigio estratégico se enfoca en encontrar áreas de oportunidad y defenderlas ante tribunales, ya sea de forma colectiva o individual. Lo anterior para contrarrestar una acción que está tomando el gobierno o alguna omisión (violatorias de derechos humanos).

Pongamos un ejemplo: es obligación del Estado proveer de servicios públicos a la población, así como garantizar y proteger el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano y a la ciudad; en consecuencia, debe adoptar en el nivel que le corresponda, ya sea federal, estatal o municipal, las medidas necesarias para lograr que se cumpla el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar.

Se afirma lo anterior ya que, tomando como base los artículos 1º, 2º, y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho de toda persona a la salud, así como a un medio ambiente sano y a la ciudad para su debido desarrollo, buscando con ello que se logre la progresividad en todos sus ámbitos.

Por ello, si una población en determinada colonia, calle, municipio, estado, considera que no se le está permitiendo acceder a un medio ambiente de calidad que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, esto sería violatorio de los derechos mencionados en el párrafo anterior, por lo cual podrían reclamarlos ante los tribunales a fin de que se “levante” dicha omisión del gobierno y se pongan a trabajar en favor de los ciudadanos, logrando con ello que se les sufrague su demanda.

Entre las omisiones gubernamentales más comunes y que ponen en peligro el derecho a la salud, al medio ambiente sano y a la ciudad, podríamos enlistar de forma enunciativa, mas no limitativa, las siguientes:

1) Pavimentación con concreto hidráulico.
2) Instalación de banquetas.
3) Drenaje.
4) Alcantarillado.
5) Luminarias.
6) Limpieza de la calle.
7) Limpieza de lotes baldíos.
8) Recolección de basura.
9) Repavimentación o cubierta de baches.
10) Atención médica, de urgencia y/o preventiva y/o de tratamiento.

Por lo cual, si alguien sufre de alguna omisión por parte del gobierno de poner a su disposición los servicios públicos anteriormente referidos vía juicio de amparo, esto se logra, es decir, se concede el amparo y protección de la justicia federal a fin de que se le ordene al gobierno que de forma inmediata cese dicha omisión y colme la necesidad del quejoso en el amparo.

Por lo anterior, respecto de este tema, lo que resulta trascendental es preparar a la ciudadanía a conocer sus derechos humanos, lo anterior en virtud de que, si conocemos a qué tenemos derecho, es la forma en que podemos exigirlo y hacerlo valer.

Caso contrario, la ignorancia en el tema lleva a la desgracia de tener que aguantar opresiones a los derechos fundamentales y a los gobiernos y gobernantes que sólo prometen y prometen en campañas electorales para conseguir un voto, pero en el momento en que les toca estar en la silla para gobernar se olvidan de sus obligaciones.

Por ello, considero de vital importancia que la población conozca sus derechos humanos y, sobre todo, conozca el camino para defenderlos, que es utilizando la figura de los amparos estratégicos (colectivos o individuales) para poder demandar a los gobiernos de los tres niveles (municipal, estatal y federal), que no se olviden del pueblo que votó por ellos y que los procuren.

Con esto se logra un bienestar individual y, sobre todo, colectivo, que es lo que busca cualquier sociedad.

Recuerda que “la libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten” (Montesquieu).

Fuentes

Correa Montoya, Lucas (2008), Litigio de alto impacto: Estrategias alternativas para enseñar y ejercer el derecho, Colombia: 7 Opinión Jurídica, N° 14.

Rodríguez Bribiesca, Priscila (1988), “Litigio estratégico en derecho ambiental”, Estudios en Homenaje al doctor Héctor Fix Zamudio, México, UNAM-IIJ, 1988, t. II.

Sánchez Matus, Fabián (2007), El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil, México, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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