La verdad negada*

Publicado el 31 de julio de 2020


Luis de la Barreda Solórzano

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
email lbarreda@unam.mx

“Se acabó la verdad histórica”, declaró contundentemente, en relación con el caso Ayotzinapa, el fiscal general de la República, doctor Alejandro Gertz Manero. Esa afirmación significaría que:

a) Contrariamente a la versión de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), que conoció inicialmente del caso, hay pruebas indubitables de que los 43 estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala no fueron capturados por policías, predominantemente municipales, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, el cual los asesinó, y

b) También con base en probanzas irrefutables, la Fiscalía General de la República tiene una nueva historia, sustancialmente distinta de la que expuso en su momento el procurador Jesús Murillo Karam, de lo ocurrido.

Así que el derrumbe de la conocida como verdad histórica sería una noticia verdaderamente sensacional y de enorme relevancia jurídica, política e histórica. ¡A casi seis años de aquella noche triste se estaría revelando que los hechos no son como los hemos conocido a través de los boletines y ruedas de prensa de la autoridad persecutora de los delitos!

Sin embargo, he leído y escuchado con avidez lo informado acerca de la fulminante aseveración del doctor Gertz Manero… y no he encontrado un solo dato, uno solo, que desmienta en lo esencial la narrativa de la PGR. No hay nada, absolutamente nada, que refute los dos hechos sustanciales: la captura de los estudiantes por parte de policías y su entrega a Guerreros Unidos, grupo criminal que los habría asesinado.

Es de advertirse, amables lectores, que en las indagatorias penales lo que interesa es cómo se perpetró el delito, quién o quiénes lo realizaron, quién o quiénes auxiliaron en su ejecución (cómplices), quién o quiénes indujeron a los que lo llevaron a cabo (autores intelectuales). En un homicidio, lo que el culpable hizo después con el cadáver es irrelevante jurídicamente respecto de ese delito.

Si en el caso que nos ocupa los cuerpos fueron quemados, inhumados o escondidos, eso no cambia lo esencial, que va de la privación de la libertad al asesinato de las víctimas. Lo que sucedió posteriormente nada tiene que ver con las descripciones legislativas de la privación ilegal de la libertad y el homicidio.

De todos modos, está probado que algunos cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula. Si recientemente se identificaron restos sin indicios de que el cuerpo hubiese tenido contacto con fuego, eso no implica que ninguno de los cuerpos se hubiera quemado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó una oficina dedicada exclusivamente al caso Ayotzinapa. La oficina, a cargo del maestro José Larrieta, investigó exhaustiva, escrupulosa y muy profesionalmente el asunto, lo cual fue reconocido por el doctor Gertz Manero. Pero, sorprendentemente, el fiscal general omitió cumplir la más importante de las recomendaciones.

Extrañamente, no se habían analizado todos los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan. La prueba de ADN de esos restos, cuya realización recomendó la CNDH, permitiría la identificación genética de personas cuyos cuerpos fueron calcinados en ese lugar. 63,000 fragmentos óseos —todos con afectación térmica por acción de fuego— fueron recuperados en el basurero y en el río, y están en resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

En una revisión muestral de esos fragmentos, dentro de los cuales ya se habían identificado algunos que corresponden a dos de los normalistas, se detectaron 114 que serían susceptibles de ser analizados. Sería una prueba crucial: el análisis de esos restos determinaría si corresponden a las víctimas. El fiscal general debió enviarlos de inmediato al laboratorio de la Universidad de Innsbruck. Hasta donde se sabe, no lo hizo.

Parece que sólo se han analizado restos que no fueron hallados en el basurero de Cocula ni en el Río San Juan, aunque sí en un sitio muy cercano. ¿Por qué no se analizan los 114 a los que me refiero en el párrafo anterior? ¿Se debe a que ese análisis probablemente fortalecería la llamada verdad histórica que tanto incomoda al gobierno actual y a los representantes de los familiares de las víctimas, cuyo propósito no es la búsqueda de la verdad, sino el rédito político de tergiversarla?


NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excelsior, el 16 de julio de 2020 : https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/la-verdad-negada/1394260

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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