Fraudes electorales1

Publicado el 24 de agosto de 2020


Luis de la Barreda Solórzano

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
email lbarreda@unam.mx

Como advierte Raúl Trejo Delarbre (La Crónica de Hoy, 20 de julio), el Presidente de la República confirmó, con su respuesta intolerante y abusiva, el diagnóstico de 30 ciudadanos, la mayoría escritores y académicos, que llaman a la formación de una alianza para frenar la deriva autoritaria de su gobierno.

Como ha sido su invariable costumbre, el Presidente, en vez de contestar con argumentos el desplegado, tildó a los firmantes con los consabidos y poco imaginativos epítetos que endilga a todo aquel que expresa opiniones críticas a sus acciones o sus omisiones. Les reprocha, además, no haber protestado cuando perdió las elecciones de 2006 y 2012, en las que, según dice, se cometieron sendos fraudes para despojarlo de la victoria. Pero esos supuestos fraudes no fueron probados. López Obrador pretendía que su sola palabra fuese la prueba plena e indiscutible de que se habían cometido en su agravio.

En cambio, es irrefutable que el partido en el gobierno, por determinación del Presidente o con su entusiasta aquiescencia, ha llevado a cabo varios fraudes electorales, todos ellos muy burdos y evidentes, con los que se ha transgredido la ley y burlado a la ciudadanía.

Un fraude electoral tan grotesco como ignominioso fue aquel en virtud del cual se impuso en el Senado de la República a la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien no sólo no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, sino que no alcanzó el número de votos que exige la Constitución. Con ella, el gobierno tiene no a una vigilante de sus actos, sino a una incondicional.

La vulgar triquiñuela aniquiló una institución que, cumpliendo su tarea con autonomía —sin la cual no existe un verdadero ombudsman—, ha jugado un papel de enorme importancia en el combate a los abusos de poder de las autoridades federales. La CNDH, como los organismos locales de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de competencia, logró en muchos casos que se detuvieran y se enmendaran atropellos autoritarios. El Estado de derecho ha sufrido un gravísimo quebranto al ser capturada por el gobierno la institución dedicada a combatir las tropelías de los servidores públicos.

No es ese el único estraperlo electoral instigado, consentido o incluso celebrado por el Presidente. Supuestamente se sometieron a consulta popular, es decir, a elección ciudadana, opciones de gran relevancia nacional o regional: continuar o no con la obra del nuevo aeropuerto internacional, instalar o no la planta de la cervecera Constellation Brands en Mexicali y poner en marcha o no el Metrobús Torreón-Gómez Palacio.

Las dos primeras de esas elecciones tuvieron una insignificante participación: uno y 4.6% del padrón electoral, respectivamente, y no contaron con ninguna garantía de limpieza y transparencia: la organización, las urnas, el recuento, todo fue controlado por el partido en el gobierno. La tercera fue una consulta a mano alzada a los asistentes a un mitin del Presidente. Las tres elecciones, pues, fueron una burla.

Otro fraude electoral fue el perpetrado en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados alcanzaron 43.6% de los votos, y el resto de los partidos obtuvo el 56.3 por ciento. Pero, tras las maniobras del partido en el gobierno y sus satélites, Morena se volvió la mayoría absoluta con 51% de los escaños.

Ninguno de esos fraudes es imputable al Instituto Nacional Electoral (INE). Desde que contamos con institutos electorales profesionales, autónomos e imparciales, las elecciones para Presidente de la República, gobernadores, alcaldes y legisladores son transparentes y confiables.

Es ominosa la jugarreta de una fracción de diputados del partido en el gobierno y sus secuaces que pretendieron que se desconociera el proceso de elección de candidatos a las cuatro vacantes del Consejo General del INE llevado a cabo por el comité técnico de evaluación, cuya integración fue avalada por todos los partidos. El puro motivo que adujeron descalificaba su pretensión: en la designación “acertada” de los nuevos consejeros —dice la carta que enviaron al líder de la bancada morenista— “descansa” un pilar esencial del sostén de la cuarta transformación, a prueba de conspiraciones de cualquier grupo reaccionario que la “aceche”. O sea, los elegidos tenían que ser incondicionales del gobierno.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excelsior, el 23 de julio de 2020.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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