De victimario a víctima: la realidad de la justicia restaurativa en México

Publicado el 28 de mayo de 2021

Escarlet Arana de Córdova
Licenciatura en Psicología, Universidad Marista, San Luis Potosí,
de Josué Yael de León Cervantes
email escaradec-123@hotmail.com

La violencia es un fenómeno normalizado en México, que es posible observar tanto en los hogares como en las calles y, por lo tanto, no será extraño encontrarlo en las cárceles.

En la mayor parte de las prisiones de México abunda la corrupción, la impunidad y la tortura, impidiendo el logro del principal objetivo —en teoría— de las cárceles: la reinserción social.

Para abordar este tema, es necesario aclarar algunos conceptos. La justicia restaurativa es la columna vertebral del sistema de justicia mexicano, que busca unificar la escuela clásica, que sólo se enfocaba en dar un ejemplo a la sociedad de lo que no se debe hacer, castigando de manera “formidable” al delincuente y olvidándose de él como persona, y la escuela positiva, que se enfoca en el delincuente como persona, buscando su reinserción a la sociedad. De ambas escuelas surge el método restaurativo, que establece que hay consecuencias por los actos delictivos que se cometen, pero no se debe despersonalizar al delincuente, sino, al contrario, ayudarle a reintegrarse de manera sana a la comunidad. Esta escuela se basa en la “justicia” como el epicentro de todos los valores que contiene la dignidad del ser.

A pesar de que esto se encuentra escrito en la ley, la sociedad mexicana mantiene internalizado un falso concepto de justicia, basado en la idea de que el infractor debe “expiar” su culpa de la forma más ejemplar. Sin embargo, esta creencia contiene implícitos errores, como:

• El sufrimiento físico del delincuente no restaura la pérdida de la víctima, sea la que fuere.
• El “ojo por ojo” promueve la violencia como respuesta a la injusticia, normalizándola en la sociedad.
• Genera resentimiento en el infractor, enfermándolo e invitándolo a delinquir como una respuesta vengativa.
• Aplaude las conductas antisociales por parte de los funcionarios públicos, justificándolos como parte de “hacer justicia”.
• Impide la adecuada reinserción.

Este artículo pretende hacer reflexionar a los lectores sobre lo que realmente se debe esperar como justicia y lo que tendríamos que exigir a las autoridades.

La ley estipula que la consecuencia de delinquir es la pérdida de la libertad, por lo que, si la persona ya ha cumplido o está por cumplir su condena, ¿por qué continuar castigándolo a través del estigma social, la falta de oportunidades de empleo y, sobre todo, la tortura?

Es en este momento específico, cuando hablamos de que el victimario se convierte en víctima, sus derechos naturales, clasificados como fundamentales, se ven violados, mientras una sociedad indiferente e igualmente resentida no sólo lo aplaude, sino lo exige.

Es importante resaltar que el restaurar no significa reparar —lo cual es imposible, sobre todo ante las pérdidas humanas—, sino que es que el individuo tome responsabilidad de los daños generados y modifique su conducta para que así se reduzca el número de víctimas.

Pero, ¿cómo puede ser esto posible cuando a la persona se le humilla destruyendo su dignidad?, ¿qué conducta puede modificar cuando ya no se siente persona? Es necesario reflexionar sobre estos temas porque ninguno de nosotros se encuentra exento de ir preso.

Todos hemos llegado a manifestar conductas antisociales, que, aunque no son criminales, también dañan poco a poco el tejido social. Podemos pensar, “yo nunca he matado o violado”, pero si he podido llegar a robar, a violentar a mi pareja, a dar una “mordida” evadiendo la ley, a conducir alcoholizado poniendo en riesgo la vida de otros o me he alegrado con el sufrimiento de un tercero… Entonces, ¿qué nos hace diferentes a los presos? ¿Merecemos que nuestros derechos más fundamentales sean retirados por poner en riesgo la estabilidad social a través de estas acciones?

En una cárcel “normal” de México, los reos pierden su derecho a la privacidad y el control de su propia vida para pasar a ser propiedad del Estado, por lo que es natural que, ante este impactante y repentino sentimiento de vulnerabilidad, la persona sienta la necesidad de protegerse de todo lo que le rodea, generándose un ciclo de violencia indefinida.

Aunado a esto, no existe ningún tipo de terapia que les ayude a entender por qué delinquieron y sensibilizarse ante el dolor de sus víctimas, ni un programa de reinserción laboral que les permita sentirse seguros de que saliendo de la cárcel tendrán un trabajo con el cual sostenerse económicamente y no necesiten regresar al crimen.

De igual manera, parte de la violencia ejercida contra los presos es la psicológica, llevada a cabo a través de la corrupción y el incumplimiento de los periodos establecidos de condena tras las rejas.

Como conclusión, es necesario tomar las medidas correspondientes para que esta victimización desaparezca y el objetivo principal de reinserción se cumpla. Igualmente, que la ley no sólo se enfoque en aparentar que está haciendo justicia, cuando la víctima se encuentra totalmente olvidada en todo este escenario, pues no existe un protocolo de atención y ayuda a las víctimas del crimen organizado, y mucho menos de las víctimas de violación, las cuales son revictimizadas, traumatizadas y estigmatizadas en nuestro sistema de justicia.

Para esto, se debe sensibilizar y seleccionar adecuadamente al personal de seguridad y custodia en el tema de derechos humanos. Además, elegir directores de prisión honestos que, aunque en nuestro contexto sonaría como algo imposible de encontrar, hay ciertas cárceles que si los tienen, como la prisión El Hongo, en desierto de Baja California, que se mantiene como una de las menos corruptas del país.

Modificar el concepto de justicia que prolifera en la sociedad desde los más pequeños, psico-educando a la población en materia de derechos y sensibilizándola en la empatía.

Es un trabajo arduo y complejo que, seguramente, tomará años en reestructurarse y aplicarse, pero tenemos ejemplos de países como Alemania, Corea del Sur y Noruega, que mantienen una política rígida contra la delincuencia, pero a la vez digna, teniendo las tasas más bajas de reincidencias.

Referencias

Bezanilla, D. J., Tortura en México, 2020.

Escuela Judicial Estado de México, 2017, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NHRiKSskBd8.

Inside the World’s Toughest Prisons, pelíula dirigida por E. Read y G. Solomon, 2016.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

Enlaces de Referencia

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