La reforma electoral: posibilidades y límites1

Publicado el 1 de septiembre de 2021

José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Corte en retiro, investigador del Colegio de México y miembro del
Colegio Nacional
email jramoncd@scjn.gob.mx
jrcossio@colmex.mx
twitter@JRCossio

Hace unos días el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar un amplio número de preceptos constitucionales en materia electoral. Su contenido es extenso y contempla variadas cuestiones. Existen propuestas de reacomodo de los textos, precisión de las potestades ciudadanas, ampliación de los supuestos de paridad de género y otras cuestiones que la hacen atendible y encomiable. Más allá de si se está o no de acuerdo en el desarrollo de lo que bien podemos llamar el puntillismo constitucional, lo cierto es que con tal proposición se busca avanzar en el desarrollo o, al menos, la reglamentación de algunos de los aspectos más importantes de las democracias representativas y participativas ya alojadas en nuestra norma suprema.

Lo que sin embargo genera muchas dudas, algunas de ellas realmente de raíz, es la manera en la que en el mismo proyecto se busca conformar la integración y el funcionamiento de los dos principales órganos electorales de nuestro país: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En cuanto al INE, se propone que su Consejo General se integre por siete consejeros que durarán nueve años en el cargo, nombrados mediante el procedimiento hasta hoy en vigor con excepción de la elección de su presidente. En cuanto al TEPJF, se propone que su Sala Superior se integre por cinco magistraturas que ejercerán el cargo por nueve años y elegirán a quien deba presidirlos por cuatro años. Adicionalmente se pretende que su administración, vigilancia y disciplina correspondan a una comisión del Consejo de la Judicatura Federal, integrada por el presidente del Tribunal Electoral, el integrante de una sala regional, dos miembros designados por el Senado y un consejero de la Judicatura Federal.

Una parte central de la iniciativa, y desde luego de su comprensión, está contenida en los artículos transitorios. Se dispone que, a fin de no afectar sus derechos adquiridos, los integrantes del Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF serán indemnizados con todos sus emolumentos hasta la fecha de conclusión de su designación. También, que las cámaras de Diputados y de Senadores tendrán noventa días para emitir la convocatoria para la renovación de los integrantes de los órganos acabados de mencionar y de los que integrarán la comisión del TEPJF ante el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, que los consejeros electorales designados en el proceso del año 2020 nuevamente podrán postularse.

La lectura íntegra de la iniciativa del senador Monreal provoca sentidos enfrentados. Por una parte, denota el intento por lograr el avance sustantivo de diversas cuestiones relacionadas con nuestro sistema democrático. Por la otra, la de un abierto intento por cambiar la integración de los órganos electorales. Para sustituir a unas personas por otras, supongo que más afines o, de plano, militantes. Si a la totalidad de la iniciativa se le restaran los aspectos personales, estaríamos ante una buena propuesta. Ante un proyecto digno de amplia y seria discusión. Sin embargo, si el mismo quiere ser entendido como un todo sobre el cual solo cabe pronunciarse binariamente, creo que las oposiciones deben rechazarlo para abrir, junto con las mayorías, opciones que nos permitan avanzar sin comprometer ni la autonomía ni la independencia de los órganos electorales.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, en El Universal, el 24 de agosto de 2021.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero

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