STC Metro: De mal en peor*

Publicado el 10 de enero de 2014

Ernesto Villanueva
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
@evillanuevamx
Evillanueva99@yahoo.com
www.ernestovillanueva.blogspot.com

El accidentado paso que hasta ahora conduce al alza de dos pesos al Metro de la Ciudad de México, no genera soluciones de fondo en modo alguno. Veamos por qué.

Primero. El gran problema del STC Metro no es de pesos y centavos o no solamente, sino de una ausencia integral de lo que debe ser un servicio público. La corrupción, la impunidad y la opacidad que ahí pervive es la cuestión que hay que atacar de fondo. Y eso no se ve por ningún lado. En efecto, desde el diseño legal del STC Metro se observa la cultura de la simulación. El contralor es nombrado por quien nombra al director del Metro y existe un “consejo de administración” integrado por funcionarios del Gobierno del distrito Federal y dos “contralores ciudadanos” designados por el partido, el PRD, cuya independencia es de ornato. Este punto de partida se pone de manifiesto, además, en el día a día y en el proceso para subir la tarifa del Metro. ¿Por qué dos pesos y no 1,85 o 2.15? El gobierno del Distrito Federal jamás explicó nada. ¿Qué garantías tiene la sociedad que con esos dos pesos el Metro sufrirá un cambio positivo? Ninguna, sólo la palabra de Miguel Ángel Mancera, que en estos tiempos  no vale nada o muy poco porque la sociedad no está en condiciones de sancionar el incumplimiento, entre otras cosas porque no conoce el Metro por dentro y todo se remite a un acto de fe. La consulta sobre el precio del Metro tuvo al menos tres problema: a) Parte de las encuestas fueron llenadas por los propios encuestadores como lo demuestran varias fotos en mi poder y que circulan en redes sociales que dan cuenta de ello; b) Ninguna institución independiente verificó la metodología de las encuestas. Por lo general, como bien dice el dicho, el que paga manda y aquí no hay excepciones y c) Se mintió a los encuestados al no preguntarles si estaban de acuerdo en privilegiar a algunos segmentos poblacionales en perjuicio de otros. Lo cerrado de los resultados acaso fue para darle cierta verosimilitud a una cuestión de por sí absurda: el ciudadano diciendo que está de acuerdo en ir contra su propio interés.

Segundo. El tema de los “vagoneros” se ha visto desde una perspectiva reduccionista. Estoy de acuerdo en que las cosas aquí no deben seguir igual. Que hay ciertamente molestia ciudadana. El gran problema es qué va a hacer el Gobierno del Distrito Federal con ellos. Los “vagoneros” por acción u omisión son creación del Gobierno del Distrito Federal. ¿Cree que simplemente por decreto desaparecerán y se convertirán en obreros de sueldo mínimo para que todo mundo sea “feliz”? Miguel Ángel Mancera no ha dicho nada, acaso por qué no sabe qué hacer y actuará a la luz de la política estímulo-respuesta, prefiriendo el control de daños que prever una política pública de prevención. Eso es, al menos, una irresponsabilidad. Por otro lado, las acciones inmediatas del STC Metro no dejan espacio para que no haya dudas sobre la falta de rumbo. ¿No es un absurdo la compra de unos cuantos “biombos” o detectores de metales que no abarcan ni siquiera el 20 por ciento de las entradas al STC Metro que ascienden a más de 190? ¿Se imagina alguien la seguridad que habría, aunque sólo sea psicológica, si en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hubiera sólo dos biombos para los dos terminales y además fuera optativo su uso? Sí, esa lógica del absurdo es la que sigue el Gobierno de la Ciudad de México.    

Tercero.  Al margen de la consulta, el Gobierno del Distrito Federal decidió mantener la tarifa de 3 pesos, además de la proporcionada a los adultos mayores y personas con discapacidad,  a las jefas de familia, a los desempleados y a los estudiantes de escasos recursos económicos. Esta decisión tiene dos lecturas políticas y una jurídica: a) Es una válvula de escape por si crece el descontento social por la cuestionada medida, a efecto de tener una salida a los grupos sociales que pudieran convertirse en focos de presión; b) Es una medida populista para privilegiar a los cuadros o grupos afines al PRD en la ciudad de México, de suerte que se amplíe el número de beneficiarios en tiempos de elecciones o cuando se requiera. Desde la perspectiva legal, se trata de un claro acto de discriminación y de complejidad para la identidad precisa de los beneficiarios por los conceptos jurídicos indeterminados que se insertan en la decisión del Gobierno del Distrito Federal. En principio, el artículo 5 de la Ley para Prevenir y eliminar la Discriminación del Distrito Federal introduce el género, entre muchos otros rubros más, como objeto de discriminación que prohíbe tajantemente. ¿No es un acto de discriminación prohibido por la ley privilegiar a la mujer jefa de familia en perjuicio del hombre jefe de familia? ¿No es también un acto de discriminación en perjuicio de los transexuales que reivindican su propia identidad? ¿Cómo medir el concepto de “escasos recursos” para los estudiantes? ¿Qué son los desempleados, los que no tienen empleo o los que no cotizan en los servicios sociales? ¿No se crea con esto una gran burocracia para identificar con equidad y sin discriminación a los beneficiarios? Al final del día son tantas las personas que pueden invocar su pertenencia a cualquier de esos grupos que hace de los 3 pesos una ocurrencia que no va a resolver nada, sí va a crear nuevos frentes en la ciudad de México para el Gobierno de Miguel Ángel Mancera y la “salida” gubernamental parece tener como principal  destinataria a la clase media, que no vota por el PRD y a muchísim@ ciudadan@s que no forman parte del partido para generar incentivos para su afiliación involuntaria. Hay que insistir en que en el STC Metro haya  un diseño de gobierno abierto, participativo  de combate a la corrupción que sigue intocado, de esa radiografía objetivable puede deducirse el mejor camino en beneficio de tod@s al margen de partidos y grupos políticos.

NOTAS:
* Se reproduce con autorización del autor, publicado en Proceso, el 4 de enero de 2013

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