Día internacional de los pueblos indígenas

Publicado el 20 de agosto de 2015

Jorge Alberto González Galván
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
jagg@unam.mx

La piedra que cayó al río nacional llamada Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1o. de enero de 1994, sigue haciendo olas: en el Patio de Actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Los militantes de los derechos indígenas podrían considerar que no hay nada qué celebrar debido al deterioro de las condiciones de vida de los indígenas del país; los militantes ortodoxos, por su parte, quizá consideren que nada de lo que haga “el mal gobierno” merece la pena discutir, sino por el contrario, descalificar sistemáticamente, venga de la institución estatal del color político que sea.

La terca realidad, desafortunadamente —en muchos casos—, les da la razón. Sin embargo, mi gen académico se niega a ver el tema del reconocimiento y aplicación de los derechos indígenas con pesimismo, donde nada de lo que se hace es suficiente y se censura todo sin mencionar avances —si los hay— ni se plantean soluciones por lo que falte o esté funcionando mal.

Los académicos tenemos la responsabilidad de señalar con argumentos lo que no esté bien y proponer soluciones sólidas teóricamente. Las normas y su aplicación nunca han sido (ni serán) perfectas, porque las personas que las hacen, las aplican y las critican, no lo somos tampoco: las reglas y las personas somos perfectibles.

Actualmente, el balance mundial y nacional no es favorable a los pueblos indígenas. La debilidad institucional que sufrimos los países latinoamericanos, con Estados de baja intensidad —como Bolivia, por ejemplo, que teniendo la mejor Constitución plurinacional del mundo no ha podido satisfacer las necesidades de sobrevivencia elemental de la población mayoritariamente indígena—.

En México esta misma debilidad institucional, derivada de la falta de modernización de sus cuadros administrativos y judiciales, entre otras causas, ha producido resultados poco alentadores: el 72% de los 15 millones viven en la pobreza, el 81% no tiene seguridad social y 1 de cada 3 no acude a la escuela. La solución pasa, entre otras, por la educación: formación y capacitación de los funcionarios de los poderes ejecutivos, y judiciales federales y locales, no indígenas e indígenas. Esto debe ser atendido proporcionándoles salarios justos, con prestaciones sociales dignas (educación, salud, vivienda), con equipo tecnológico moderno y becando a todos sus hijos, desde preescolar hasta el doctorado.

El centenario de la Constitución federal (2017) debe ser desde hoy un poderoso momento pedagógico para difundir, discutir y, en su caso, actualizar las normas constitucionales y reglamentarias, integrando las voces de los 68 pueblos indígenas. La ruta ya está marcada: somos una nación pluricultural sustentada en la existencia de sus pueblos indígenas (artículo 2o. de la Constitución federal), y nos corresponde recorrerla juntos.




Formación electrónica: Luis Felipe Herrera M., BJV

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