Hacia una defensa pública de calidad. El nuevo diseño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas de la República mexicana
La reforma constitucional de 2008 en materia procesal penal obliga a las entidades federativas de la República a reformar la “defensoría de oficio”, a fin de que puedan proporcionar un servicio de defensa pública de calidad, universal y gratuito. El artículo analiza las 32 legislaciones locales vigentes en relación con los objetivos que ha trazado la reforma citada. Aunque todas las entidades federativas han expedido nuevas leyes o reformado las vigentes desde 2008, no han incorporado plenamente los lineamientos que se desprenden del texto del artículo 17 constitucional, lo que significa un obstáculo para la efectividad del nuevo juicio penal acusatorio, que deberá estar en funcionamiento en 2016.
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