Report on Abusive Judicial Review of Electoral Matters

Es un lugar común señalar que los órganos jurisdiccionales límite son la última barrera de defensa de los derechos fundamentales, el estado de derecho, la división de poderes, y por lo mismo, de la democracia constitucional. No obstante, existen sentencias de última instancia que constituyen ejemplos muy ilustrativos de las prácticas argumentativas que se utilizan para disimular decisiones que pueden estar sistemáticamente politizadas, y por tanto, ser perjudiciales para los derechos electorales fundamentales, para la certeza y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como para la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas. La práctica de utilizar la legitimidad democrática de la función judicial para socavar intencionalmente el núcleo de la democracia está poco teorizada. No obstante, es muy posible que hacia el futuro estas formas de ataque se añadan al conjunto de herramientas autoritarias ejercidas por parte de grupos de talante antidemocrático. Esto es, la circunstancia de que sean los tribunales y no los actores políticos los que adopten una medida antidemocrática con la ventaja de la dificultad para su identificación, dada la tradición asignada al poder judicial en el estado constitucional democrático de derecho, hace indispensable revisar el uso de la ponderación propia de la representación argumentativa. Esto, para evitar que mediante la interpretación constitucional se erosione la democracia y se tolere la ausencia del consenso social mínimo sobre los argumentos que se propone sostener con relativa estabilidad temporal. Más todavía, cuando se trata de quienes integran la jurisdicción constitucional especializada en materia de elecciones y democracia. En México, el máximo órgano jurisdiccional electoral es el TEPJF. Dicho órgano ha emitido decisiones controversiales y trascendentes para la democracia electoral que permiten un análisis jurídico crítico, el cual sirva de insumo a la actividad legislativa, sobre todo en temas de participación ciudadana como la revocación de mandato y la imposición de sanciones por su difusión por parte de servidores públicos, así como en los casos de violencia política en razón de género (VPG) y la privación del modo honesto de vivir (MHV) como sanción. Asimismo, resulta notorio el tema de las sentencias sobre la modificación o abandono defectuoso de la jurisprudencia en tópicos como la asunción de competencia sobre actos parlamentarios en la integración de los órganos administrativos o de gobierno del Congreso de la Unión, y los mensajes de los legisladores sobre los cuales se ha determinado que no están protegidos por el principio de inviolabilidad parlamentaria.